Las nuevas viviendas en el medio rural solo podrán construirse en municipios pequeños y en riesgo de despoblamiento

La futura Ley del Suelo de Cantabria ha endurecido las limitaciones para la construcción de vivienda en el medio rural, circunscribiendo esta posibilidad a núcleos de reducido tamaño enclavados en los 29 municipios declarados áreas de despoblamiento.  

El consejero Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el regionalista José Luis Gochicoa, acaba de presentar el último borrador de la ley introducido en el Parlamento, que establece más limitaciones en virtud de la aceptación de algunas de las alegaciones hechas desde marzo. Gochicoa, a este respecto, ha entonado un 'mea culpa' al no entender que la redacción anterior adolecía de un consenso político y social, carencia evidenciada por las críticas vertidas por organizaciones conservacionistas.

El nuevo modelo de desarrollo fue calificado por Gochicoa como “sostenible” y distingue claramente ahora el desarrollo urbanístico de los grandes núcleos de población y municipios turísticos de la costa del desarrollo en el medio rural. Para acallar las críticas de propiciar una 'barra libre' de construcciones en la Cantabria interior, Gochicoa ha salido a la palestra con un modelo de desarrollo que solo será aplicable en municipios de menos de 5.000 habitantes y en riesgo de despoblamients. En estas nuevas Áreas de Desarrollo Rural. que se implantarán en los 29 municipios en riesgo de despoblamiento, será posible la construcción de un número no muy elevado de viviendas, “pero para esos ayuntamientos es algo muy importante”. Se dará con ello respuesta a dos demandas: la de hijos de habitantes de núcleos que deseen independizarse y facilitar el asentamiento definitivo de foráneos en el campo, un fenómeno que ha potenciado el teletrabajo.

De paso se pretende acabar con las 'deficiencias' del modelo anterior. Se ha comprobado que de las 1.000 viviendas unifamiliares construidas en la última década, solo el 15% lo han sido en municipios con riesgo de despoblamiento: el resto ha sido en ayuntamientos netamente urbanos o turísticos. “No queremos grandes urbanizaciones. No queremos masificar ahora, pero sí redistribuir mejor el territorio y que no sea exclusivamente en los núcleos importantes cercanos a autovías o en la costa” donde se construya, ha comentado el consejero. “Buscamos un desarrollo sostenible para proteger lo que hay que proteger y desarrollar lo que sea necesario”, ha añadido.

Asimismo, el desarrollo de suelo no podrá multiplicar la superficie construible como hasta ahora y, en cuanto al tipo de construcciones, deberán guardar una coherencia con el entorno y el tipo constructivo que se dé en él. Se acabará la picaresca de segregar terrenos para construir urbanizaciones de forma encubierta y también se estará vigilante para que los cambios de uso no se conviertan en la construcción de viviendas vía permisos iniciales de uso productivo. Con la Ley se exigirá al menos 10 años de actividad antes de dar el conforme al uso residencial.

Para impedir las construcciones masivas se limitará la superficie de crecimiento de los pequeños núcleos rurales, que no podrá exceder del 50% de la superficie preexistente. Se va a limitar el número máximo de viviendas, dependiendo de si el núcleo está colmatado o no. Si está colmatado, no será fácil que crezca. Tampoco se van a permitir nuevos viales, ni actuaciones de fuerte impacto ambiental ni la construcción en pendientes pronunciadas. Asimismo, las parcelas tendrán que mantener el 75% del suelo permeable y energéticamente las viviendas deberán ser autosuficientes.

Declaraciones y PERI

A partir de la entrada en vigor de esta ley, se agilizará el proceso burocrático de los trámites urbanísticos, echando mano de dos instrumentos: las comunicaciones y las declaraciones responsables. Para pequeñas actuaciones bastará una comunicación previa o declaración del propietario o técnico. Eso posibilitará que no haya que esperar a una ardua tramitación para intervenciones de poca entidad.

Para el suelo urbano se van a definir las actuaciones tanto de transformación como de edificación, estableciendo tipologías de lo que se puede hacer o no. Tendrá especial importancia el desarrollo de los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), como el que se ha pretendido aplicar en El Cabildo, para su regeneración, o que se pueden aplicar en otros barrios de Santander y Torrelavega. El PERI va a ser una figura clave para intervenciones profundas, que hasta ahora estaban supeditas a la aprobación de un plan general nuevo. Con la nueva legislación “vamos a hacer que los PERIs actúen sin una modificación del Plan, con unos límites referidos a que se mantenga la edificabilidad máxima y las superficies totales incorporadas en el plan general, que se puede definir y redistribuir”, ha explicado el consejero.

También se crea el Estudio de Detalle Especial, que posibilita una tramitación más ágil aún para pequeñas cuestiones. Permitirá la ordenación de alguna de las zonas para poder empezar a actuar en un barrio.

Ambas figuras urbanísticas van a posibilitar que los municipios más grandes lleven a cabo regeneración urbana con mayor facilidad y sin esperar años.

En entornos vecinas, se crean las Áreas de Rehabilitación Forzosa, por las que se obliga a los propietarios o al ayuntamiento de forma subsidiaria, a acometer reformas. La nueva ley posibilita la expropiación o que la rehabilitación la efectúe un tercero.

Suelo industrial

En materia de desarrollo de suelo industrial, el Gobierno Revilla mantiene la virtualidad de los psires, un instrumento de planificación y desarrollo destinado a proyectos de interés estratégico regional. La nueva ley introduce como novedad poner más hincapié en la declaración previa de interés regional, que ahora apenas revestía dificultades. Endureciendo la declaración de interés regional de un proyecto, la nueva ley agiliza el trámite en sí posterior.

Según ha declarado Gochicoa, se va a ser “más exigentes con las declaraciones de interés regional. Ahora mismo hay aprobadas declaraciones de todo tipo sin ningún control -ha añadido-. El Consejo de Gobierno los daba sin más”.

A partir de la nueva Ley, solo se declarará el interés regional de un proyecto cuando no haya alternativas mejores y después de sendos informas de la Consejería competente en Ordenación del Territorio, de los ayuntamientos afectados y de la propia Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo).

“Una vez definido el dónde -ha añadido el consejero-, desarrollar el proyecto, el cómo, será más ágil, con plazos menores”.

Silencio administrativo 'positivo'

Otra de las novedades del nuevo marco legal es que el silencio administrativo será considerado “positivo” en todos los órdenes. Esta interpretación se aplicará con carácter general a todos los trámites y hará que la Administración “se ponga las pilas” para agilizar trámites y responder en plazo a los requerimientos. La Consejería entiende que esto no es óbice para el cumplimiento de la ley, manteniéndose las garantías previas y posteriores.

“El silencio empieza a operar una vez que estén los informes completos”, se ha asegurado, y será aplicable desde las unidades de actuación en suelo urbano hasta los informes de la Crotu a los planes generales y los estudos de detalles de iniciativa particular, por poner una serie de ejemplos. Ello no es óbice para que se cumpla la ley. Si no, será anulado. Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y que no se produzca silencios.

Cohesión política del Gobierno

Gochicoa ha recalcado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley sin disensos, y confía en que el trámite parlamentario no abra divergencias entre los socios, PSOE y PRC. Es más, confía en que la oposición, en todo o parte, avale una nueva legislación que pretende establecerse sobre la base del consenso y así tener dos décadas de vigencia asegurada, sin ser susceptible a los vaivenes de los cambios de gobierno.

Una vez supere el trámite parlamentario, la propia norma establece, en sus disposiciones transitorias, plazos de adaptación de los intrumentos urbanísticos vigentes. Este es el caso de los planes generales, que dispondrán de un lustro para adaptarse. Para los municipios sin riesgo de despoblamiento habrá un período de adaptación de dos años mientras que en aquellos en donde haya riesgo de despoblamiento la aplicación de la ley será inmediata.

“Confío en que el Grupo Parlamentario Socialista apruebe el proyecto de ley en el parlamento. Ha sido aprobado en el Consejo por unanimidad. Puede haber enmiendas parciales de cualquier grupo político, incluso del socialista, pero eso es un trámite posteror. Estoy convencido de que el Grupo Socialista va a apoyar esta ley y (también) más partidos políticos en el Parlamento”, ha concluido el consejero.