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El realojo de los vecinos de El Pilón enfrenta a Santander con su urbanismo

Ángeles Ruiz en el balcón de su casa, amenazada por la operación urbanística de El Pilón. |

Las comparecencias políticas en el Parlamento de Cantabria en relación a la modificación de la Ley del Suelo para garantizar el derecho al realojo de los propietarios afectados por el desarrollo urbanístico se han convertido en una auténtica comisión de investigación que cuestiona de raíz el modelo de ciudad de Santander y los pasos que se han dado desde el Ayuntamiento de la capital para solucionar los acuciantes problemas que viven los vecinos del Barrio de El Pilón.

De la Serna: "Es imposible que el Ayuntamiento de Santander solucione el conflicto de El Pilón"

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Después de una primera jornada en la que el alcalde y también diputado autonómico, Íñigo de la Serna (PP), insistió en la falta de instrumentos por parte del Consistorio para abordar las consecuencias de un proyecto en el que una veintena de familias de Santander luchan por salvar sus casas del derribo, después de que una promotora inmobiliaria haya planteado una operación urbanística que multiplicará por siete la densidad de población en la zona, ha sido la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), la que ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan General que lo permite.

“La reordenación en El Pilón ha consistido en dar más aprovechamiento a los promotores sin las cargas de realojo que sí contemplaba el anterior plan, por lo que estamos ante un problema no urbanístico sino político, derivado del modelo urbanístico del PP de Santander, que prima los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría”, ha dicho la responsable de Urbanismo en el Gobierno de Cantabria.

En esta línea, la vicepresidenta ha afirmado que la proposición de ley promovida por el PP para incorporar a la Ley del Suelo el derecho de realojo supone “legislar a la carta de los intereses del Ayuntamiento de Santander” y ha advertido que, en caso de que nazca, la que ha denominado 'Ley Pilón', “no solucionará realmente la problemática de los vecinos, porque no regula ni garantiza el retorno a sus viviendas”.

Díaz Tezanos ha reiterado que la solución está en manos del Ayuntamiento de Santander, que puede modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e incorporar las recomendaciones que tiene sobre la mesa introduciendo en la memoria económica los gastos de realojo y retorno como cargas en los procesos urbanísticos a desarrollar por el sistema de compensación.

“Un parche innecesario”

Además, la también secretaria general del PSC-PSOE ha destacado que la futura Ley del Suelo, cuya presentación ha anunciado para “antes del verano”, “desincentivará las prácticas de acoso inmobiliario”, e incidirá en el retorno para dar a los vecinos afectados por desarrollos urbanísticos “las máximas garantías para que puedan volver a residir en ese área, y que en los barrios renovados puedan seguir viviendo sus habitantes de siempre”.

Sobre estos mismos argumentos ha incidido el director general de Urbanismo del actual Gobierno, Francisco González, que ha insistido en la “inoportunidad” de la proposición de ley que plantea el PP, a la que que ha calificado de “parche”. Así, ha negado la existencia de “novedades” que argumentaba De la Serna para defender la iniciativa parlamentaria de su partido y, de hecho, ha señalado que, en algunos aspectos, en lo recogido por la legislación básica estatal está “mejor tutelado”.

También ha subrayado que “no existe ninguna urgencia” que lleve a legislar de forma “precipitada” dado que, al margen del caso de los vecinos de El Pilón en Santander, “no hay ningún procedimiento de desarrollo de actuaciones urbanísticas en marcha”. De hecho, ha señalado que el procedimiento de El Pilón “está parado” y  “no parece que el promotor tenga mucho ánimo de seguir adelante”. A pesar de ello, ha señalado que si se reanuda será “una cuestión de años”.

Una laguna legal

Muy diferente ha sido la versión del exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y senador del PP, Javier Fernández, que ha opinado que la modificación de la Ley del Suelo para garantizar el derecho al realojo puede ser un instrumento “tremendamente útil, conveniente y necesario” para atender las necesidades y derechos de todos los afectados por actuaciones urbanísticas, no solo los de El Pilón o de Prado San Roque, en Santander, sino “para los que vengan” en otros ayuntamientos.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Fernández ha explicado que en la pasada legislatura, en la que tuvo la responsabilidad sobre Urbanismo en el Gobierno de Cantabria, no se abordó el derecho al realojo porque “no era un tema candente” y “ninguno de los ayuntamientos lo demandó”. A pesar de ello, ha considerado que es una “laguna legal” de la Ley del Suelo de Cantabria.

“No tuve la capacidad suficiente para advertir que iba a plantearse ese problema”, ha dicho el exconsejero cuando le han preguntado si el anterior Gobierno no había regulado el derecho al realojo por “imprevisión” o por alguna otra cuestión. El PSOE y PRC, sin embargo, han insistido en que la proposición de ley del PP lo que quiere es resolver el problema puntual del Ayuntamiento de Santander, que es “el único que lo padece”.

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