El Gobierno de Cantabria tiende la mano a los ayuntamientos para que cumplan con la Ley de Memoria Histórica
El Gobierno de Cantabria ha situado a la memoria histórica en la primera línea de sus prioridades de esta legislatura. Tanto es así que el nuevo bipartito PRC-PSOE creó en julio la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, enmarcada en la consejería que dirige el vicepresidente y consejero socialista, Pablo Zuloaga.
Pero en este ámbito, más allá de la normativa autonómica, que quedó en el cajón la pasada legislatura y que ahora está a punto de salir del horno, el Ejecutivo quiere poner el foco en los ayuntamientos, puesto que muchos municipios de Cantabria todavía incumplen la Ley estatal 52/2007 de Memoria Histórica con vestigios del franquismo en sus calles.
Frente a ello, el Gobierno ha decidido tender la mano a las entidades locales con una línea de ayudas contemplada en el Presupuesto de 2020, que asciende a 30.000 euros, que servirá para facilitar el cumplimiento de la norma. Y así se lo ha trasladado a todos los alcaldes y alcaldesas de la región (102) a través de una carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es, firmada por el vicepresidente Zuloaga y por la directora general de este área Zoraida Hijosa, y sobre la que han dado cuenta este jueves en Consejo de Gobierno.
“Nos ponemos en contacto contigo, en primer lugar, para ofrecerte nuestra colaboración en todo aquello que consideres que podemos serte de utilidad en relación con la conservación y protección del Patrimonio y también, y sobre todo, para ayudarte en el necesario cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica en nuestra Región”, recoge la misiva.
Seguidamente, el Ejecutivo autonómico traslada en el documento a los diferentes regidores y regidoras que les mantendrán informados del desarrollo de la citada línea de subvenciones -incluida en la partida total de 150.000 euros destinada a la memoria histórica en las cuentas del próximo año- y que se pondrán en contacto con ellos para anunciar su convocatoria, plazos y condiciones.
Para la directora general, esta medida tiene “doble importancia”. Por un lado, la relativa a la “obligación de todos del cumplimiento de la ley” y, por otro, porque “es necesario que se haga justicia”. “Hay que cumplir con la memoria, que se sepa la verdad, y que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sean rehabilitadas en su dignidad y se repare a las familias”, ha subrayado a este medio Hijosa, remarcando que su Dirección General se ha creado “como instrumento para que sea más fácil cumplir la ley en colaboración con todas las instituciones”.
Y es que el Ministerio de Justicia envió el pasado mes de febrero una carta a nueve ayuntamientos de Cantabria reclamándoles la “retirada inmediata” de simbología franquista, en referencia a monumentos o a los nombres de su calles. “Escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”, detallaba la misiva.
Hijosa ha asegurado que se ha puesto en contacto con algunos de esos nueve y que “muchos ya cumplen”, poniendo como ejemplo a Ramales o a Suances, este último tras cambiar este mismo mes el nombre de la calle principal, de José Antonio (en referencia al dictador Primo de Rivera) a calle de la Infancia.
No obstante, otros como Santoña, con el monumento y la avenida Carrero Blanco, o Santander, con una quincena de calles con nombres de figuras o acontecimientos relevantes de la dictadura, siguen con esta asignatura pendiente. “Tenemos tres años por delante y esperamos que con la colaboración de todos y todas podamos llegar a un cumplimiento total de la ley”, ha concluido la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica.
