La Asamblea contra el Fracking denuncia la “manifiesta ilegalidad” del Ministerio en sus permisos en Cantabria
La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que el Ministerio de Energía anunciaba la suspensión de los permisos de fracking 'Bezana' y 'Bigüenzo' auguraba el fin de este método de extracción de gas en Cantabria. No obstante, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria no ha recibido esta noticia con optimismo. Y es que ha denunciado que el titular genera “confusión” y la sensación de que esta práctica en la comunidad “es un problema terminado”. “Nada más lejos de la realidad”, aseguran sus integrantes.
Josué Bilbao, portavoz de este colectivo, asegura que “no se suspenden los permisos, sino que se paralizan los plazos”. Según este activista, este hecho beneficia a la empresa Gas Natural Fenosa, ya que “tiene todo el tiempo que quiera para decidir si sigue adelante con los trabajos o no”. Para ello, según señala la Asamblea antifracking, el Ministerio “ha suspendiendo retroactivamente los permisos en casi cinco años, hasta mayo de 2013”.
Estos permisos se concedieron en 2009 y tenían una vigencia de seis años. Con esta medida, pasan a estar suspendidos desde 2013 “hasta el momento en el que se vuelvan a retomar los trámites”, explica Bilbao. De esta forma, la empresa cuenta con “un nuevo plazo de indefinido para solicitar nuevos pozos de fracking”, expone.
Además, desde 2013 hasta la actualidad se han dado “todo tipo de trámites” relacionados con este método de extracción. “Nos deja alucinados que se suspenda retroactivamente desde 2013 y, en cambio, en ese plazo de casi cinco hasta hasta la actualidad se hayan ido llevando acciones como evaluaciones de impacto ambiental y solicitudes de pozos”, denuncia este portavoz.
Por otro lado, según este colectivo, de la publicación del BOE se extrae también la solicitud de un nuevo pozo denominado Jano, así como dos sondeos de recuperación de testigos B1 y B3 de los que hasta ahora no se tenía noticia“. Este es un nuevo motivo de indignación para la Asamblea que ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación de ”manifiesta ilegalidad“ de estos y otros permisos caducados desde 2015. ”Deberían haberse archivado y extinguido ya que no se han solicitado prórrogas“, señalan. ”Esto implica que toda actuación del Ministerio en esta materia, fuera de extinguir y archivar los permisos, es manifiestamente ilegal“, concluyen.
La movilización social contra el fracking ha provocado que se busquen alternativas a este método que genera “múltiples problemas”: existen riesgos durante la perforación, como la posibilidad de explosiones, escapes de gas o escapes de ácido sulfhídrico, la contaminación de acuíferos, la contaminación del aire, terremotos o simplemente la especulación económica que deriva de ello.
