Menos sueldo, más trabajo y el mismo riesgo: radiografía del empleo en las residencias de mayores privadas

Menos sueldo, más trabajo y el mismo riesgo de contraer la COVID-19 son los resultados de un estudio que ha realizado el sindicato Comisiones Obreras comparando las retribuciones de los empleados de residencias privadas y los empleados de las públicas y la causa subyacente de que no haya personal disponible para habilitar nuevas residencias especializadas en acoger a mayores con coronavirus.

Cada uno de los 4.000 empleados que actualmente trabajan en residencias de mayores de Cantabria tiene una base salarial, de media, 100 euros por debajo que sus homólogos de las públicas, pero el gran abismo retributivo se encuentra en los complementos salariales: en todos los casos (festivos, nocturnidad, turnicidad) los empleados de centros privados o están por debajo o simplemente carecen de esta cantidad extraordinaria en sus sueldos.

Un empleado de una residencia privada cobra al mes 997,16 euros de media por una jornada que al final del año totaliza 1.792 horas. Por cada festivo trabajado cobra 18 euros, el plus de nocturnidad es de 19 euros y lo que se denomina festivo especial alcanza los 33 euros. En una residencia dependiente del Gobierno de Cantabria, un empleado cobra 1.066 euros y los festivos, nocturnidad y festivo especial se paga a 45, 27 y 91 euros, respectivamente. A diferencia de los empleados de la privada, se le compensa trabajar a turnos. En la pública, que aglutina a 2.000 empleados, se paga un complemento de 31 euros por ello.

La COVID, precisamente, interrumpió las negociaciones para la renovación del convenio marco del sector. Dicha negociación debiera reanudarse en enero. Los sindicatos ya plantean de salida una subida del 10% al salario base en los primeros de dos años de vigencia del acuerdo, pero son conscientes de que la patronal peleará por ello.

Esta mayor desigualdad salarial se confronta con una mayor carga de trabajo -260 horas anuales más de trabajo en la privada- y un riesgo biológico de contraer la enfermedad que no está compensado de ningún modo. No obstante, si bien la pandemia no ha modificado las condiciones de trabajo ni salariales sí que ha habido una mejora en materia de protección de riesgos laborales desde marzo: ahora hay EPIs y otro material de protección, aunque en no todas las residencias por igual.

El mantenimiento de plazas privadas para mayores es sostenida económicamente en parte por el Gobierno de Cantabria con cargo a la Ley de la Dependencia. Es en este punto donde ya empiezan los problemas. Según los acuerdos Estado-comunidades autónomas, el Gobierno central ha de asumir la mitad de coste, pero desde hace años solo paga en torno a un 18%, que hace que la diferencia corra por cuenta de los ejecutivos regionales, que así sufragan no solo su parte sino buena parte que correspondería al Estado. Esta carencia presupuestaria limita las mejoras económicas del sector. La propiedad de las residencias reclama mayor precio por cama, lo que repercutiría en los niveles salariales, pero el Gobierno se mantiene a duras penas en mantener lo ya existente.

Con este condicionamiento de partida, las residencias privadas han tenido que afrontar el impacto de la COVID en centros que no son de reclusión sino que están abiertos pero que albergan a una población especialmente sensible. La alta letalidad del virus ha puesto el punto de mira de unos centros cuyo personal nunca estuvo preparado para lo que pudiera ocurrir ya que no son centros sanitarios propiamente dichos.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Carlos Ateca, ha denunciado públicamente en reiteradas ocasiones la precariedad laboral en el ámbito privado. Como ejemplo pone la dificultad de acceder a los dos días de descanso semanales, ya que al tenerse que cumplir una semana laboral de 40 horas, y las jornadas diarias son irregulares, se recurre a uno de los días de descanso para cumplir las horas de la semana. Si un día se trabaja seis horas y otro ocho, no hay más remedio que trabajar seis días para poder cumplir con lo estipulado.

“Es un sector altamente feminizado, con un alto índice de absentismo laboral por la alta medicalización de sus trabajadoras ocasionadas por lesiones musculoesqueléticas, y con bajos salarios, y con un convenio de ámbito estatal que está paralizado”, valora Ateca. El ritmo de trabajo también genera estrés. Han de dedicarse 126 minutos al día por cada dependiente. En ese tiempo, el empleado ha de levantarlo, ducharlo, vestirlo, bajarlo a los espacios comunes, darlo de desayunar y comer... La sensación es de que no se da abasto nunca y si la residencia cobra vida a las siete de la mañana, una hora antes ya empiezan los preparativos.

Protección ante la COVID-19

Según CCOO, además se está incumpliendo en el ámbito de lo privado la normativa del Gobierno de Cantabria por la cual la gestión de la incapacidad transitoria derivada de la COVID debiera recaer en una mutua. La contingencia profesional derivada de accidente de trabajo es tramitada por los servicios de salud, ya que no se comunica a las respectivas mutuas.

Otro elemento de preocupación es el grado de protección de los trabajadores en centros de mayores. Para el responsable de CCOO “preocupa la falta de EPIs, formación para su uso y el 'estiramiento en el tiempo' que se realiza de los mismos, perdiendo su capacidad de protección. Todos sabemos que una mascarilla quirúrgica es para cuatro horas y una FPP2 para ocho, pero la realidad, en muchos casos, es que la quirúrgica, con suerte es para todo un día y la FPP2 para una semana. Muestra de ello es la cantidad de contagios que hay entre usuarios y trabajadores de las residencias”.

Las bajas se siguen produciendo y de hecho son empleados y familiares, así como las salidas de los mayores de los centros, los principales vectores de contagio en las residencias. La situación, no obstante, ha mejorado respecto a marzo. El material de protección que se renueva más habitualmente que al principio de la pandemia, a diario se toma la temperatura y periódicamente se hacen 'barridos' para detectar contagios mediante pruebas PCR.

Ha habido casos en que una mascarilla FPP2, que tiene una vida útil de ocho horas, se ha usado durante ocho días, así como el uso de guantes de goma en vez de los de látex desechables y batas que han sido usadas más tiempo y con más mayores de lo aconsejable, según denuncia CCOO. “Al trabajo en el sector de la dependencia (residencias, centros de día y ayuda a domicilio) le falta el reconocimiento social a la labor que realizan. Labor ingrata ya que tampoco es reconocida por la administración ni las empresas”, concluye Carlos Ateca.