Cantabria, a la cabeza de España en igualdad salarial

El descalabro que ha sufrido la economía mundial como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es una evidencia. No hacen falta demasiados análisis ni datos macroeconómicos para constatar lo que se detecta en las calles y en las casas de cualquier ciudad a simple vista. Negocios cerrados, persianas bajadas y un aumento dramático en las cifras del paro que anticipan una crisis social sin precedentes si no se toman medidas de forma urgente. El parón abrupto del sistema productivo durante los meses más duros de la pandemia, con un confinamiento que restringió casi totalmente la movilidad de los ciudadanos, ha dejado muchas heridas abiertas en el mercado de trabajo y en las arcas públicas de nuestro país.

En este contexto, una reciente investigación publicada hace unos días pone de manifiesto el aumento de la desigualdad durante la alerta sanitaria y la importancia del sector público para mitigarla. También ilustra las diferencias entre comunidades, y ahí Cantabria sale bien parada y se sitúa a la cabeza de España en igualdad salarial. Se trata del primer estudio que utiliza técnicas de big data para hacer un seguimiento de la evolución, en tiempo real, de la desigualdad y del papel del estado del bienestar con la intención de ver su evolución mensualmente.

“Las personas que sufren una reducción más pronunciada en el ingreso del salario son aquellas que tenían las rentas más bajas. También se ve un gran aumento en la proporción de personas cuyos ingresos pasan a depender del apoyo del sector público tras el estallido de la crisis”, asegura este estudio liderado por un equipo formado por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, el Institute of Political Economy and Governance (IPEG) y CaixaBank Research.

Además, subraya que el impacto de la crisis económica que estamos viviendo está siendo “fortísimo” en todo el país. Así, señala que en los meses de abril y mayo se produjo un aumento “preocupante” de la desigualdad, antes de considerar el papel de las ayudas públicas. “Los efectos de la crisis están siendo muy distintos entre los diferentes colectivos de la población: los jóvenes y los trabajadores nacidos en el extranjero -sobre todo en los que provienen de países con menor renta per cápita- son los que más están sufriendo. Es muy destacable el papel que está desempeñando el sector público, amortiguando gran parte del impacto de la crisis, aunque no de forma completa”, concluye.

“El análisis de la variación de los ingresos salariales que se produce tras la declaración del estado de alarma en función del nivel salarial previo a la crisis ofrece información relevante. Concretamente, observamos que las personas que sufren una reducción más pronunciada de los salarios son las que antes del shock tenían unas rentas del trabajo más bajas. Es en este colectivo en el que la proporción de personas sin ingresos aumenta más. Entre las personas con salarios medios también se observa que una proporción elevada pasa a no tener ingresos o caídas sustanciales. En las rentas más altas el impacto es mucho menor”, subraya el estudio en sus conclusiones.

En este sentido, destaca que una vez se activan los esquemas públicos, la distribución salarial final es más parecida a la observada antes de la crisis. El aumento del número de personas sin ingresos es notable, pero muy inferior, y la reducción del número de personas con ingresos medios también es más matizada. “El papel del sector público, por tanto, está siendo clave para amortiguar el impacto de la crisis”, reiteran los expertos.

Corrección de las desigualdades

Este informe, que se irá ampliando en los próximos meses para valorar la evolución de la crisis vinculada a la pandemia, compara también la respuesta de las diferentes comunidades y deja en una posición muy delicada a dos autonomías como Canarias y Baleares, donde el peso del turismo es fundamental. También muestra a Cantabria como el territorio con mayor igualdad salarial tras la intervención pública.

“La importancia de reforzar lo público a la hora de corregir la desigualdad es un compromiso claro del Gobierno de Cantabria. Un sistema sanitario solvente junto con políticas públicas dirigidas a los sectores más afectados por la crisis que vivimos por la COVID-19 es la herramienta que este Ejecutivo ha priorizado y ha mantenido en todo momento”, señala el director general de Trabajo, Gustavo García (PSOE), a la luz de este estudio.

Para incidir en este aspecto, pone dos ejemplos del ámbito del empleo y las políticas sociales como son el refuerzo económico para las personas trabajadoras de Cantabria incluidas en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) o el mantenimiento de la Renta Social Básica como subsidiaria del Ingreso Mínimo Vital.

“En el caso de los ERTE, se ha completado la renta de las personas trabajadoras con 200 euros, de tal manera que la pérdida de poder adquisitivo sea mitigada. Hay que señalar que esta regulación de empleo ha afectado en mayor medida a empresas y sectores, especialmente de servicios, con convenios colectivos y salarios más bajos. De hecho, los informes son claros en este sentido: los más afectados en esta crisis son los perceptores de rentas más bajas. De ahí la importancia de este factor de corrección”, opina García.

En el segundo caso, el director general de Trabajo de Cantabria recuerda que el Ingreso Mínimo Vital facilitará la cobertura de unas necesidades esenciales y su compatibilidad con la actividad laboral para propiciar la integración social de estas personas, por lo que el mantenimiento de la Renta Social Básica pretende llegar además a aquellos que pudieran verse excluidos. “Lo público debe ser garantía de distribución de la riqueza y corrección de desigualdades”, finaliza.