Cantabria No Se Vende denuncia que el pintado del Faro de Ajo puede incurrir en un delito de prevaricación administrativa

Cantabria No Se Vende (CNSV) ha advertido que el proyecto de Okuda en el Faro de Ajo podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa al “violar las limitaciones de uso de los faros” impuestas por la Normativa de Puertos y Costas y por la Orden de 28 de abril de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

Según indica el colectivo en un comunicado, esta normativa adscribe los faros y sus parcelas a las Autoridades Portuarias con los únicos fines de señalización marítima, con la única excepción de intervenciones destinadas a la conservación del patrimonio arquitectónico de cada faro, algo “no aplicable” en la intervención prevista en el Faro de Ajo al haber declarado desde el Gobierno de Cantabria “que la finalidad del proyecto de pintado es única y exclusivamente turística”.

CNSV recuerda que se dio un caso similar en Málaga en el año 2017, cuando la Autoridad Portuaria de la provincia procedió al repintado de varios de sus faros con la finalidad de utilizarlos como promoción turística de las localidades donde estaban radicados y obtuvo la oposición de sindicatos y colectivos locales, que denunciaron precisamente “el choque frontal de la iniciativa con la Normativa de Puertos y Costas”.

Por ello, el colectivo considera que, de seguir adelante con esta iniciativa, “podría quedar paralizada y las autoridades responsables podrían quedar incursas en presunto delito de prevaricación administrativa”. Así, solicita nuevamente la paralización de este “descabellado” proyecto que, a su juicio, “únicamente genera conflicto y nuevas problemáticas”.