El colectivo contrario a los eólicos teme que los cánones que prometen los promotores de los parques sean “humo”: “Lo que buscan es dividir a los vecinos”

San Miguel de Aguayo se convirtió hace unos días en un lugar de reunión para debatir sobre el futuro de los parques eólicos en la comunidad autónoma. De la cita convocada por el Gobierno de Cantabria se pretendía destacar que la próxima Ley del Suelo se presentará antes de Semana Santa, aunque el foco se lo llevaron los cánones que se anunciaron para compensar la implantación de los molinos en terrenos privados de los vecinos de las zonas afectadas por esos proyectos.

Unas bonificaciones que para la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos (PDVP) podrían ser “humo” y que consideran que “solo tienen como objetivo dividir a los vecinos”: “No hay ningún precontrato que diga de cuánto van a ser, es que no hay nada. El único sitio en el que se ha hecho seguimiento de esos cánones es en Catalunya y están incumplidos la mayoría de ellos porque muchas de estas empresas ni siquiera se quedan con los proyectos y solo los venden, por lo que la empresa que viene detrás no tiene por qué cumplir unos cánones que han sido un contrato entre privados. Es especulación pura y dura”, advierte su portavoz, Aitor Lobato.

No obstante, desde esta asociación contraria a la implantación de los eólicos en el interior y el sur de Cantabria reconocen que la capacidad de resistencia de los habitantes de estos lugares es “limitada” debido a la capacidad que tienen, tanto desde las empresas como desde el Gobierno, de organizar foros, hacer encuentros publicitarios o, incluso “crear asociaciones falsas en apoyo a las renovables”. “Lanzan los cánones al aire, pero con el tiempo eso, sumado a lo demás, va debilitando y ganando terreno. Solo nos queda ir aguantando esos tirones”, alega Lobato.

Asimismo, y sobre el pronóstico de presentar la Ley del Suelo y el mapa de exclusión eólica en los próximos días, el portavoz de PDVP considera que va a ser una “vuelta” al Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) antiguo ya que, en lugar de incluir las zonas propuestas para llevar a cabo los proyectos eólicos, lo que se hará será decir dónde no se pueden hacer. De hecho, tal y como señalaron en la mesa redonda celebrada en Aguayo, quedará excluido el 90% del territorio de Cantabria, algo que para Lobato “les hace quedar mucho mejor” que indicar que el 10% de la comunidad podría ser zona de aerogeneradores.

En cambio, sí que se aventura a adelantar que esta Ley del Suelo va a “sorprender” cuando se presente por incluir territorios “que antes no estaban consideradas como zonas de desarrollo”. Precisamente, sobre ello considera “increíble” que pese a que ellos aún no saben nada, las empresas sí que conocen cómo quedará el plan de ordenación del territorio. Prueba de ello son las declaraciones que realizaron los responsables de la compañía promotora del parque eólico de El Escudo el pasado 8 de marzo durante un desayuno informativo con los periodistas, donde tras ser cuestionado por los mapas de exclusión eólica, señalaron que su proyecto no se vería afectado por el PROT puesto que la zona “no ha cambiado”, a diferencia de otros proyectos que “sí se van a ver afectados”.

“Esas declaraciones se han producido en marzo, y se supone que conoceremos la Ley del Suelo a mediados de abril, así que solo lo pueden saber porque el Gobierno se lo ha dicho y está todo más que consensuado”, indica el portavoz ecologista.

Presencia y presión

Un ejemplo de ese “consenso” previo es, para los ecologistas, lo ocurrido hace unas semanas en Campoo de Yuso, donde, según cuentan desde PDVP, la Junta Vecinal pretendía ceder la escuela de La Población a los promotores de un parque para que la empresa lo utilizase como oficina.

“Lo denunciamos junto a Cantabria No Se Vende (CNSV) porque era ilegal, y al cabo de unos días nos encontramos en el Boletín Oficinal de Cantabria (BOC) una convocatoria de concurso y pliego de condiciones administrativas para el arrendamiento del aula 1 del edificio de la escuela de La Población por dos años, que es el plazo que tienen estipulado más o menos para el trámite y la obra”, explica. Así pues, ven en esta actuación de la empresa como un “juego para demostrar que sigue ahí metiendo presión a pesar de la oposición de los habitantes”.