Podemos Cantabria ha denunciado este jueves que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) está ejecutando “la mayor operación de privatización sanitaria en Cantabria en las dos últimas décadas”, al haber aprobado la tramitación de un convenio singular con el hospital privado Santa Clotilde “por una duración de hasta 24 años, sin concurso público y con un coste estimado de más de 200 millones de euros”.
El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 9 de octubre sin que se notificar a los medios de comunicación -tal y como adelantó elDiario.es-, permite derivar pacientes, tratamientos y recursos públicos a una entidad privada gestionada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, “al amparo de una enmienda introducida por el PP y el PRC en la Ley de Acompañamiento de 2025, que autoriza contratos sanitarios de hasta 20 años prorrogables otros cuatro, sin necesidad de licitación abierta”, ha señalado.
La formación ha anunciado que exigirá la derogación inmediata de la disposición que permite convenios sin licitación y de larga duración, así como la paralización del acuerdo con Santa Clotilde hasta que se realice una auditoría pública del gasto sanitario y de los contratos vigentes con la sanidad privada. Y si es necesario utilizara todas las vías legales, ha advertido.
La Coordinadora Autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha valorado que “esto no es colaboración público-privada, es un expolio público-privado. Es entregar la sanidad de Cantabria, durante una generación entera, a una empresa privada con un contrato hecho a medida y sin competencia real. Es hipotecar el sistema sanitario público durante 24 años para favorecer intereses privados”.
Podemos Cantabria señala que el convenio con Santa Clotilde “no sólo blinda la presencia del sector privado dentro del sistema público, sino que establece condiciones financieras que comprometen los presupuestos sanitarios de varias legislaturas”.
“Mientras los hospitales públicos sufren falta de personal, urgencias saturadas y listas de espera inaceptables, el Gobierno firma un cheque en blanco de 216 millones para un hospital privado. Esto no es una mejora del sistema: es una renuncia al derecho universal a la sanidad pública”, ha insistido González.