Emilio Silva, activista por la memoria histórica: “En el PSOE no han hecho una ley que quite privilegios a un franquista”

Emilio Silva (Navarra, 1965) es sociólogo, politólogo, periodista y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y este miércoles estará junto a la periodista Olga Rodríguez en la Librería La Vorágine hablando sobre la nueva Ley de Memoria Democrática, que planea aprobarse próximamente. Con esta justificación, elDiario.es ha entrevistado a Silva unos días antes de un encuentro en el que se debatirá sobre víctimas, verdugos y sobre cómo el franquismo sigue estando presente a pesar de que concluyese hace 47 años.

¿Con Recuperación de la Memoria Histórica solo nos referimos a lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la Dictadura?

No tiene un marco temporal sino que son acontecimientos recientes donde hay personas que los vivieron que no forman parte de la historia, en muchos casos, y que para conocerlos necesitamos la memoria de alguien. Pueden ser desde el golpe de estado del 18 de julio, pero hay muchas cosas por saber de la violencia de la Transición, de cosas que siguió haciendo la policía franquista o incluso de inercias del franquismo que están todavía en el presente. Hace un años destapamos la primera condecoración que le hacía disfrutar a un torturador como Billy el Niño de un incremento en su pensión. Lo que denunciamos es que en el presente se le estuviera pagando un premio por lo que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1977 fue denominado ‘servicios extraordinarios’. En ese proceso de denuncia, lo que tratamos de sacar a la luz es lo que la historia oficial ha querido esconder.

¿Cómo valora la Ley de Memoria Histórica?

Está en proceso de aprobación, tiene que ir ahora al Senado y ahí puede haber enmiendas. Puede haber incorporación de nuevos artículos y todo es negociable entre los grupos parlamentarios. Curiosamente, el Partido Popular ha pedido que comparezcan en la comisión constitucional del senado grandes popes de la Transición como Rodolfo Martín Villa, como Marcelino Oreja, como Arias Salgado… El PP quiere confrontar el texto de esa ley con los santones de la Transición española. Como si fueran dos leyes que chocaran, y es todo una operación política. La Ley de Memoria Democrática no le causa problemas a ningún franquista ni a ningún heredero de privilegios de ningún franquista. Y, de hecho, el ministro Bolaños anunció que esa ley pretende que el 31 de octubre, que es el día en el que se aprobó en el Congreso de los Diputados el texto de la Constitución del 78 que luego iría a referéndum, pretende que ese día sean conmemoradas todas las víctimas de la guerra. Los golpistas y los que trataron de parar el golpe. Eso es bastante cercano a la política de reconciliación que propone el PP. Si en algo se puede caracterizar el espíritu de la transición es en crear impunidad para los franquistas y esta ley no va a romper con eso ni con en equiparar a los golpistas con los antifranquistas.

Toda esta cosa de Feijóo diciendo que la va a derogar, de querer llevar a los padres de la Transición al Congreso, es una sobreactuación. Realmente, en el contenido de la ley, con la configuración que tiene este Gobierno del Estado ahora mismo, la derecha española no puede sentirse ni amenazada ni puede encontrar en ella nada que la moleste.

Hemos tenido alcaldes de izquierdas que no han hecho nada por ayudarnos y alcaldes de derechas que sí. Tiene que ver con la empatía, con que haya un político que se ponga en el lugar de las familias y les quiera ayudar

¿Hay gente de derechas que condena el franquismo?

Algunos habrá. Yo conozco un alcalde impresionante del PP en el pueblo de mi abuelo que le puso una calle al alcalde republicano, participó en el homenaje a una madre que exhumamos y ese hombre se emocionó en el acto. Con alcaldes hemos vivido todo tipo de experiencias. Hemos tenido alcaldes de izquierdas que no han hecho nada por ayudarnos y alcaldes de derechas que sí. Tiene que ver con la empatía, con que haya un político que se ponga en el lugar de las familias y les quiera ayudar. La única ‘condenita’ que ha hecho el Congreso en la comisión constitucional se hizo en los años de la mayoría absoluta de Aznar. Yo creo que se hizo en 2002 porque Aznar ya sabía que nos iba a embarcar en una guerra para derrocar a un dictador en Irak. La idea era hacer como que en España condenaban la dictadura y ese era el motivo por el que iban a Irak a derrocar a un dictador porque no están a favor de las dictaduras. Es tan fácil como llenar un autobús con familiares de fallecidos, expresos políticos, les invitas un día a la Moncloa y luego haces una declaración institucional diciendo que el gobierno de una democracia tiene que estar al lado de estas personas: es económico pero debe ser muy caro políticamente porque en 45 años nadie lo ha hecho.

¿Y no hay un electorado detrás que penalice a los políticos?

Las bases del PSOE son totalmente distintas de sus dirigentes. Por eso en sus bases hay muchísimas familias de víctimas del franquismo y entre sus dirigentes había hijos de franquistas. En el proceso de selección hacia el poder, la condición de hijo de franquista en el PSOE ha funcionado. Bono era hijo de un alcalde falangista y Bermejo, el ministro de justicia que dimitió, también. La lista es muy numerosa. Es un problema de estructura social. Hay una clase surgida de la victoria de la Guerra Civil y de todos los beneficios que se consiguieron y defendieron. Mandaron a sus hijos a la universidad, se quedaron con propiedades del Estado… Construyeron una clase social dominante y que es la que ha gobernado España. Rubalcaba era hijo de un miembro de la aviación franquista que luego se pasó a la aviación comercial y ganó mucho dinero en Iberia. Manuel Chaves era hijo de un coronel del ejército franquista y su madre fundó la Sección Femenina de la Falange en Ceuta. El padre de Griñán era jefe de la casa de El Pardo, pero vamos, que se puede hacer una lista de personas con mucho poder en el PSOE que vienen de familia franquista. Ellos hablan mal de Franco pero nunca han hecho una ley que le pueda quitar un privilegio a un franquista. Y cuando hubo un juez como Garzón, que a mí tampoco me gusta, que pudo causarles problemas decidieron cargárselo. Han heredado pisos, patrimonio, empresas, bienes que se hicieron gracias a la corrupción de la dictadura.

El problema es de estructura social y los perdedores, las familias que sufrieron la dictadura, no han conseguido reunir suficiente fuerza política, social y cultural, e incluso académica para que el Estado haga políticas que realmente sirvan a las víctimas

¿Por qué hay tanto reparo, de forma general y no solo en los partidos de derechas, en condenar el franquismo? 

Hemos hecho un estudio con estudiantes de la universidad complutense en el que les hemos puesto a hacer el árbol genealógico de los ministros que hubo en España desde 1977 hasta el 2007. Si tú eliminas las siglas de los partidos que gobernaron en esos años vas a ver que los padres de casi todos esos ministros tienen el mismo origen. Están incrustados en la dictadura: quienes iban a las universidades en los 50, 60 y principios de los 70 eran, principalmente, hijos e vencedores en la guerra. Lo era Alfonso Guerra, que su padre era un miembro del Tribunal contra la Masonería y el Comunismo en Sevilla. Lo era el de Felipe González, que su padre tenía una vaquería pero fue soldado del ejército franquista y gracias a eso su hijo tuvo una beca para estudiar derecho.

Muchas veces se dice que cuando gobierna el PP nos gobiernan los hijos de, y lo cierto es que siempre hemos estado gobernados por los hijos de. Entonces, independientemente, de que el PSOE y el PP tengan discursos distintos acerca del franquismo, en sus hechos, en lo que han escrito en el BOE, nunca han legislado nada que suponga la pérdida de un privilegio de clase social. Si ves las hemerotecas, cuando Garzón se mete a investigar el franquismo, quienes van a perseguir a Garzón son María Teresa Fernández de la Vega y Federico Trillo. En ese momento, ellos apartan sus diferencias de partido y se comportan como una clase social. Fernández de la Vega es hija de un condecorado por Franco, y hace pocos años ella vendió la propiedad de unas empresas de energía eléctrica que el franquismo le consiguió a su familia. El problema es de estructura social, y los perdedores, las familias que sufrieron la dictadura, no han conseguido reunir suficiente fuerza política, social y cultural, e incluso académica para que el Estado haga políticas que realmente sirvan a las víctimas.

La verdad es que resulta llamativo que nunca haya habido un acto de un presidente del Gobierno con las víctimas de la dictadura.

Exactamente. Desde 1977 hasta hoy nunca ha ocurrido, y eso no deja de ser una forma de equidistancia. Es como decir: ni estoy con los verdugos ni con las víctimas. Si tú coges el texto de la Ley vas a leer 142 veces la palabra 'víctima' y 0 veces la palabra 'verdugo'. Los malos, los que dieron el golpe de estado y los que decidieron que este país viviera durante 40 años una dictadura porque no les apetecía convocar unas elecciones que nadie les impidió convocar, no están en la ley, no se les señala y no existen. La ley está trufada de una especie de ejercicio en el que miramos a ese pasado, cerramos el zoom para ver a las víctimas y escondemos su contexto. Eso atravesó la ley de 2007 y eso atraviesa montones de cosas que puede hacer el gobierno para las que no necesita ninguna ley. Pedimos al Gobierno que cree una oficina que atienda a las víctimas del franquismo. Para eso no necesita una ley ni convocar subvenciones, simplemente ejercer un poder ejecutivo. Si mañana quisiera el presidente, que lleva más de cuatro años en el Gobierno, creaba una oficina de atención a las víctimas con una orden. 

Aquí hay unas víctimas que tienen todo el interés del mundo, que son las del terrorismo, y unas víctimas de tercera clase, que son las del franquismo. Exhumar algunas fosas no es una solución, es una aberración en materia de derechos humanos, y nosotros exhumamos con nuestros recursos y no pedimos subvenciones. Es como si yo fuera a los atentados de Atocha, que hubo 191 muertos, y les dijera a las familias que se dividieran en grupos de diez y luego les dijera que me presentaran un proyecto porque voy a reparar a seis de los grupos. Esa es la política que se hace aquí: hacer competir a las familias de los desaparecidos para que unas dejen fuera de los recursos económicos a otras. El ejercicio de un derecho es que cualquier persona que quiera reclamar al Estado ese derecho sea asistida por el Estado. Es aberrante y es la política que ha tomado este Gobierno.

Leí hace unos meses un reportaje en El País que me llamó mucho la atención en el que hablaban sobre la pompa aristocrática. O sea, sobre que los ‘cayetanos’ y la relevancia que están recuperando en la escena pública...

Siempre la han tenido. El problema está en que esta gente en otros países como Alemania hubo un momento en el que se giró contra sus padres y los cuestionó, y aquí no se ha producido eso. No ha habido un conflicto generacional entre los hijos de esos franquistas y sus padres. Hay gente para la que la Transición ha sido la oportunidad de ser la élite de este país. Le entregas el Estado a las familias franquistas en los 70 y 80 y claro, ¿quién tenía un título universitario? El 98% era gente vinculada al régimen. Y el otro 2% eran personas brillantes que se habían colado ahí. Así que en las universidades no se ha investigado durante años, pero tampoco en la cultura, en el cine o en la literatura. En ninguna se encuentra un relato de las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura. Y para asesinar a tantos civiles hay que orquestar una enorme violencia que no se refleja en el cine español. Se ha hecho un discurso a la medida de la derecha española. Pero como el martillo pilón hay que denunciar, enseñar y sacar cosas a la luz. Yo he estado con familiares de Paracuellos de Jarama en la fosa. He pasado 20 años contestando como si mi padre hubiera asesinado a esas personas. Y esas personas al final no dejan de ser personas detenidas y custodiadas por un gobierno democrático. Y claro que pienso que no debieron haber sido asesinadas, pero yo me he ido allí con una gente que me odia para que me expliquen lo que es eso, y me parece muy bien que se conozca porque es parte de la historia. No se trata de esconder. Pero esas familias de Paracuellos tuvieron becas para estudiar, pensiones…. No es lo mismo.

Y el Papa Francisco dijo hace dos años esto: “Siempre he defendido el derecho a encontrar los cadáveres. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido. Nunca”. ¿Qué piensa de ello?

Le hemos pedido al Papa que saque a la luz toda la documentación que tiene sobre la represión en España. Acaban de hacer pública un montón de documentación sobre la relación de la Iglesia con el nazismo, y podemos pedir lo mismo con el franquismo. Dicen que ciertos temas hay que dejarlos en paz, y después anuncian la mayor beatificación de la historia a 492 mártires de la Guerra Civil. Con una mano dicen que hay que dejar el pasado en paz, ese pasado que señala a la Iglesia como parte de los verdugos, y por otra parte ellos se ponen a trabajar para enseñarnos en el presente que fueron víctimas. 

La Iglesia nunca va a enseñarnos todas las cosas que hizo con el franquismo. No olvidemos que en la Dictadura si querías trabajar en los primeros años necesitabas un certificado de buena conducta y el sacerdote era el que te lo daba. O sea, que si eras de una familia roja y te tenía que dar un permiso para trabajar, podía no dártelo y joderte porque no podías trabajar.