El Ingreso Mínimo Vital llegó en diciembre a más de 1.800 hogares en Cantabria

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció en diciembre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a 1.808 hogares en Cantabria en los que viven 5.204 personas, de las que el 47,8 por ciento, es decir 2.491, son menores.

Los hogares beneficiarios han recibido el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social desde que se aprobó esta nueva prestación y que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado a nivel nacional más de 518 millones de euros.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los seis primeros meses de existencia de la prestación dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido 9.765 solicitudes del IMV en Cantabria. Del total que han llegado, 516 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos 9.249.

En los seis meses de vigencia de la prestación, la Seguridad Social ha tramitado cerca del 74,5% de los expedientes válidos, es decir, se han gestionado ya 6.892 solicitudes en la Comunidad Autónoma.

El INSS ha resuelto 5.301 expedientes en Cantabria, lo que supone el 76,9% de las solicitudes tramitadas. Mientras, a otras 1.591 personas de la comunidad se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Por otro lado, 3.493 solicitudes del IMV han sido denegadas en Cantabria, en la mayoría de los casos por superar los niveles de renta y patrimonio. Tras las mejoras realizadas en la tramitación, quedan pendientes de analizar 2.357 expedientes en Cantabria, buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital es una norma “en continua evaluación”. Según Escrivá, “en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria”, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo, se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales. También se trabajará en este mismo sentido con las organizaciones del Tercer Sector.

Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que “quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia” en casos de convivencia en hogares colectivos como albergues o centros de acogida, según ha indicado Escrivá.