El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, se ha postulado para ocupar una plaza de magistrado en la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. Se trata de una decisión que se anticipa a su inminente relevo al frente de la institución cántabra, que está previsto para el próximo mes de octubre, fecha en la que caduca su mandato.
La Sala de Gobierno del Supremo, en su reunión del pasado 28 de abril, recibió el informe en el que se detallan los méritos profesionales del aspirante López del Moral para concursar a una de los dos plazas que se ofrecen en esta Sala Quinta.
El actual presidente lleva una década al frente del TSJC desde su nombramiento en el año 2015. Con anterioridad, durante dos años y medio, entre 2001 y 2003, había desempeñado el cargo de director general de Justicia en la Comunidad de Madrid, en una etapa en la que se ocupó de negociar el proceso de transferencias en materia de justicia desde el Estado.
La biografía profesional de López del Moral se inició en 1983, cuando accedió a la carrera judicial en un pueblo de Lérida. En sus primeros destinos ocupó diferentes juzgados de primera instancia de Santander, a donde llegó en 1989. Después pasó a presidir la Audiencia Provincial entre 2008 y 2015, cuando se puso al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Al tiempo, ha ejercido como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria.
La plaza como magistrado en el Tribunal Supremo a la que aspira López del Moral está compuesta por un presidente y siete magistrados. Cuatro de los ocho han de proceder de la carrera judicial y los otros cuatro del cuerpo jurídico militar. Actualmente está presidida por Jacobo Barja de Quiroga.
Cambios en la cúpula judicial
En los últimos meses se ha producido un sustancial recambio en los cargos vinculados a la justicia en Cantabria. El nombramiento de la exfiscal Pilar Jiménez como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio paso a que Jesús Arteaga ocupase la jefatura de la Fiscalía en Cantabria, que ha dado un impulso notable a este organismo con un reparto de las competencias entre los fiscales.
Al tiempo, una mujer, Esther Castanedo, se ha convertido recientemente en la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria.
A ello se suma el protagonismo del nuevo fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez, que ha atendido a los requerimientos de colectivos de la memoria y ha exigido al Ayuntamiento de Santander que cumpla los acuerdos del Pleno para eliminar los nombres con referencias franquistas del callejero.