Recta final para detener un desahucio: la lucha de una familia sin recursos para que un fondo inmobiliario no les eche de su hogar

“Pues aquí estamos luchando, a ver si conseguimos algo”, responde Eva Lastra, portavoz de la plataforma STOP-Desahucios, cuando este periódico contacta con ella. En su voz se percibe la implicación pero también el cansancio de llevar varios días vertiginosos en los que las horas juegan en su contra. ¿La razón? El desahucio de la familia que han creado Karen y Jonatan, una joven pareja con dos hijos pequeños a la que, de no producirse algún cambio, tratarán de expulsar de su hogar en las próximas horas.

Tras años sufriendo el desempleo y desarrollando trabajos esporádicos, en 2018 la pareja se trasladó a una vivienda abandonada “en estado deplorable y usada por las palomas como habitáculo”, en la calle Cardenal Herrera Oria de Santander. En ese momento, el piso era propiedad de Liberbank, aunque después de que la familia se encargase de arreglarla y hacerla “habitable”, el fondo inmobiliario 'Pirámides Real Estate S.L', con sede en Madrid y cuyo objeto social es la compraventa de inmuebles, se hizo con ella. Desde entonces, los moradores han tratado de llegar a un acuerdo con la empresa para pagar un alquiler, aunque nunca han obtenido respuesta.

Sin embargo, esa contestación sí que se estaba fraguando en la sombra, ya que este fondo inmobiliario, también conocido en el argot popular como 'fondo buitre', inició un procedimiento judicial de desahucio en precario contra la familia, y este se acaba de saldar con la aprobación del juzgado para que se lleve a cabo el lanzamiento.

Tal y como relata la portavoz de la plataforma antidesahucios, durante el estado de alarma no se permite echar a personas de sus hogares siempre y cuando haya un informe de vulnerabilidad, y esta familia dispone de él. No obstante, la jueza encargada del proceso ha sentenciado que con el Ingreso Mínimo Vital de 650 euros que se percibe “da para pagar luz, agua y alquiler”. Algo con lo que difieren desde el colectivo: “Cumplen a rajatabla todos los criterios del Real Decreto-Ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica”, explican desde STOP-Desahucios.

Por el momento, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander han enviado un informe social donde han comunicado al juzgado la existencia de una vulnerabilidad socioeconómica en cinco indicadores (económico, de vivienda, social, familiar y personal). Por su parte, la directora general de vivienda, Eugenia Gómez de Diego, con la que se han puesto en contacto desde el colectivo, les ha ofrecido como alternativa apuntarse a los pisos de alquiler social del Gobierno de Cantabria. “Algo que ya habíamos hecho”, indica Lastra.

Así que las intenciones del colectivo han cambiado y su objetivo es que el presidente del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Revilla, les ayude a suspender este lanzamiento “hasta que den a la familia una alternativa habitacional”. Unos minutos después de que elDiario.es finalice la llamada con Lastra, esta vuelve a contactar con el periódico: “Desde el gabinete de Revilla nos han comentado que hay que tratar de evitar el desahucio porque con un poco de presión se suspenderá”, asevera la portavoz con cierta ilusión después de varias horas sin obtener noticias desde el Gobierno. Ahora habrá que esperar a ver qué ocurre este jueves, aunque desde STOP-Desahucios lo tienen claro: “Lo intentaremos todo hasta el último momento”.