“La temporalidad en el empleo no es consecuencia de la pandemia, sino que tiene un calado muy profundo en toda España”

Ana Belén Álvarez (Santander, 1963) es la responsable de dos de las áreas sobre las que han estado y siguen estando en el foco a consecuencia de la crisis de la COVID-19. Pese a ello, la titular de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria se muestra segura y firme en sus convicciones y en el camino a seguir de su departamento para encauzar la delicada situación en el plano laboral y para continuar dando pasos en la buena dirección en materia de dependencia o vivienda.

La consejera socialista da cuenta de las políticas claramente progresistas por las que apuesta su departamento, así como su postura en asuntos que competen al Estado, pero que conciernen a Cantabria y a sus áreas de Gobierno. El desempleo juvenil, la temporalidad en la contratación, el acceso a la vivienda, la situación en las residencias, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) son algunos de los temas que Álvarez repasa a lo largo de la entrevista con elDiario.es.

Además de las consecuencias sanitarias, la COVID-19 tiene efectos en el plano económico y laboral. ¿Qué valoración hace de la incidencia de la crisis del coronavirus en el empleo en Cantabria hasta la fecha?

En estos momentos, la situación de Cantabria es de crecimiento económico, en torno a una actividad del 5%, y se ha ido paliando el impacto del año pasado mucho mejor que en la media nacional en cuanto a afiliación, paro, ERTES... Es decir, los indicadores en el área de empleo son mejores. Ahora bien, evidentemente hay una preocupación ante una situación desconocida, existe ese miedo en cómo se van a desarrollar los meses venideros. Por ello, los fondos europeos son esa oportunidad para lanzar la economía y transformarla.  

¿Puede hacer una predicción de cómo va a evolucionar a corto o medio plazo?

Como digo, los indicadores dicen que va a haber un crecimiento económico de entorno al 5%. En ese crecimiento, la afiliación en el mes de junio ha sido muy buena, en concreto 221.000 personas. Tenemos que tener en cuenta que en junio de 2015 había 205.000 afiliados, y también que teníamos en ese año 43.000 personas en desempleo, mientras que este año son 39.000. Por lo tanto, comparándonos después de este año tan duro en esos indicadores, la situación es positiva y en el corto y medio plazo los indicadores van tal y como dicen los estudios.

En sus últimas intervenciones se muestra optimista asegurando que las cifras confirman que la recuperación económica está en marcha. ¿Se puede ser optimista cuando la mayor parte de los contratos, un 90%, son temporales?

Son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es que haya actividad económica, pero no estoy contenta solamente haciendo una valoración cuantitativa de los números, porque hay que hacerla de calidad en el empleo. La temporalidad en el empleo no es consecuencia de la pandemia, sino que tiene un calado muy profundo en toda España. Estamos 10 puntos por encima de la media europea, con un 24,3% y un 14,1% en Europa, por lo que hablamos de un mal endémico que se ha ido agravando desde el año 2012, y es en lo que nosotros queremos trabajar desde la convicción de que la contratación indefinida es garantía de más productividad. Está demostrado, además de menor absentismo, de menos siniestralidad y de un mayor sentido de pertenencia, porque lo que no puede ser es la rotación tan grande en puestos estructurales. ¿El contrato temporal debe seguir existiendo? Por supuesto que sí, pero lo que no puede ser es que el puesto de una persona en una empresa que tiene que estar los 365 días año tras año sea contrato temporal. Por eso, nuestra apuesta es la contratación indefinida, y hemos acordado un decreto excepcional en cuanto a las cuantías económicas tanto por contratación de inicio como a la transformación a contrato indefinido, y hemos puesto cuatro millones de euros a disposición de las empresas. Por ello, el dato de afiliación y de desempleo es importante, pero la calidad en el empleo es hacia lo que tenemos que ir.

Durante esta pandemia, Gobierno y agentes sociales han conseguido sellar dos pactos en el marco del diálogo social de Cantabria. ¿Tiene más mérito haber logrado dos acuerdos en el contexto en el que estamos?

Llegar a acuerdos en los que todos ganamos es lo importante. El empleo, la ciudadanía y la sociedad, la actividad económica, las trabajadores y trabajadores, y las empresas son lo esencial. En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, porque también este decreto de contratación indefinida es excepcional por parte de todos, porque la obligatoriedad para no devolver la subvención es de mantenimiento del empleo de un año, algo en lo que, tanto los sindicatos como la CEOE y el Gobierno teníamos muchas dudas. Al final, durante este año se van a mantener estas condiciones y animo a las empresas a que aprovechen esta oportunidad.

¿Pueden estos acuerdos suponer un punto de inflexión y llegar a convertirse en una costumbre?

Ha habido diferentes acuerdos, pero sí que es verdad que en estos momentos también estamos trabajando en un plan de empleo joven en el marco del diálogo social. Tenemos el primer borrador con 34 medidas, estamos en un periodo en el que hay observaciones de trabajo para llegar a ese consenso, que es el objetivo para que haya medidas con calado importante.

Apostamos por dar oportunidad de empleo a los jóvenes en aquello en lo que se han formado porque es futuro para Cantabria y es nuestra obligación

¿En qué trabaja la Consejería para tratar de revertir la difícil situación de los jóvenes con el empleo?

Toda la Consejería está muy preocupada por el desempleo juvenil. La situación que tiene Cantabria en estos momentos no es peor que la que hubo en el año 2013 ni muchísimo menos. Entonces, en el dato EPA del segundo trimestre estábamos en torno a 7.000 jóvenes menores de 25 años en paro y ahora tenemos 3.000. Así todo, es el dato es preocupante. Y la Consejería tiene una apuesta firme por la contratación de los jóvenes, dándoles oportunidad de empleo en aquello en lo que se han formado. Tenemos en marcha un decreto de contrato en prácticas para los jóvenes que tienen formación y otro en formación para que la adquieran. Son más de tres millones de euros a disposición de las empresas, que se pueden convertir en 14.000 euros por un contrato de dos años en prácticas, que puede llegar a 18.000 si es una micropyme. Es que además el incentivo es por seis meses, por 12, por los dos años, por las prórrogas... Igual que he dicho que la contratación indefinida es productividad, es reducción del absentismo, de la siniestralidad y del sentido de pertenencia, la apuesta por dar oportunidad de empleo a los jóvenes es futuro para Cantabria. Pero al mismo tiempo que tenemos ese decreto, están en marcha tres programas de contratación de jóvenes también en prácticas. Como Administración pública somos responsables de dar esa primera experiencia laboral en aquello en lo que se han formado. El del sector público autonómico ya estaba, pero además hemos impulsado uno en colaboración con los ayuntamientos y el de entidades sin ánimo de lucro. Estamos hablando que cerca de 300 jóvenes van a tener su experiencia laboral en aquello en lo que se han formado, y esa es nuestra obligación como Administración.

Durante la pandemia se ha utilizado la figura de los ERTE para mantener los empleos. ¿Hasta cuándo cree que deberían prorrogarse?

Ahí está la propia negociación del Gobierno de España, que es el que tiene la competencia y que ha conseguido llegar a ese consenso complejo con los ERTE. Entiendo que tiene que ser una medida que debe mantenerse mientras sea necesario, porque ha supuesto que no haya destrucción de empleo. No estamos hablando solo de que no se destruya empleo, sino de que se mantenga la actividad, aunque sea de una forma sostenida, pero que sea también desde el punto de vista social, porque no se nos tiene que olvidar la situación de inquietud de empresarios y trabajadores.

Cantabria ha dotado de ayudas extra a las personas en esta situación de ERTE a lo largo de la pandemia. ¿Contempla la posibilidad de otra convocatoria de ayudas en el caso de que se prorroguen?

Eso es algo que sí esta dentro del marco, aunque habría que ver la situación que tenemos y la disponibilidad presupuestaria. Pero por supuesto que eso estaría encima de la mesa en una situación excepcional.

¿Qué opina de la gestión que se ha hecho del Ingreso Mínimo Vital? 

Mi valoración en cuanto a su aprobación y su regulación es muy positiva. Luego ya, lo que es la puesta en marcha de una prestación totalmente nueva, en un contexto en el que no se ha podido ir de una manera progresiva, sino de la noche a la mañana, es compleja, y es algo en lo que el Ministerio está trabajando. Cada vez hay un mayor traslado de datos de los perceptores con renta social básica para dar de baja o complementar, y con el tiempo está funcionando mucho mejor. Ha ido cambiando la normativa porque se ha ido viendo la forma de adaptarlo a las condiciones y necesidades de las personas. Yo creo que todavía le quedan ciertos ajustes para que sea ese común denominador de todo el territorio nacional con independencia de la comunidad en la que se resida, y sea cada una de ellas la que regule cómo complementar o mantener sus rentas de comunidad autónoma. Al Ingreso Mínimo Vital todavía le quedan pasos para llegar a toda la ciudadanía.

La cuantía de la Renta Social Básica cántabra ha experimentado un incremento histórico este año. ¿La crisis del coronavirus ha motivado el esfuerzo por aumentar la dotación? 

La pandemia ha motivado esa subida. Ya el año pasado se hizo un esfuerzo, que se acordó en el marco del diálogo social, para que se complementara a las familias que tenían la renta y además hijos a cargo, y coincidió con la implementación del Ingreso Mínimo Vital. En Cantabria el desarrollo de la Renta Social Básica va a tener que ir de la mano de él, y viendo también que personas que no cumplan los requisitos del IMV tengan el soporte de la RSB. Y aquellas personas que, siendo beneficiarias del ingreso, se complementa la renta porque si cobrara la renta sería mayor cuantía.  

¿Han notado por el número de perceptores que la situación de vulnerabilidad ha crecido por la crisis económica?

Nosotros hemos querido, precisamente por ese incremento de la vulnerabilidad, no dejar de recoger solicitudes de Renta Social Básica, porque consideramos que ante una situación tan grave no podíamos dejar a las personas desprotegidas.  Desde que se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, lo que se acordó es que nosotros íbamos a recoger las solicitudes de Renta Social Básica, pero nos tenían que acompañar la del Mínimo Vital. ¿Por qué motivo? Porque nos lo dice nuestra propia ley, que es subsidiaria. Podíamos haberlos suspendido y que reconocieran primero el Ingreso Mínimo Vital y si se lo denegaban dar la Renta Social Básica. Pero no lo hicimos por lo que te menciono anteriormente.

La COVID-19 ha golpeado muy duro en las residencias de mayores en todo el país, pero en Cantabria, aunque ha habido momentos complicados, la situación no ha sido tan delicada como en otros territorios. ¿Qué valora como positivo de la gestión de la crisis sanitaria en estos centros?

La situación ha sido muy difícil, pero el impacto no ha sido, comparado con la media nacional, tan grande ni tan grave. Ha habido responsabilidad, una aplicación de los protocolos desde el primer momento, con todo el desconocimiento y dificultades que teníamos del propio virus. Ha habido una coordinación tan grande desde el ICCAS, desde Políticas Sociales, con toda la dependencia, discapacidad y mayores, una comunicación constante y permanente. Yo creo que ha sido todo fruto de una comunicación permanente y reflexiones del día a día de una manera totalmente implicada. Además de la enorme profesionalidad de las trabajadoras de las residencias. Realmente ha sido un total compromiso por el cuidado de nuestros mayores.

Siguiendo con colectivos vulnerables, en reiteradas ocasiones has mostrado la “voluntad firme” de este Gobierno con todo lo relacionado con el desarrollo de la Ley de Dependencia. ¿En qué se ha mejorado durante esta legislatura y qué queda por hacer en este ámbito?

Queda por avanzar muchas cosas. Por un lado, hemos publicado un mapa de necesidades de recursos para planificar con 2027 como objetivo, tanto para la propia Administración como para la iniciativa privada. Por otro, hemos aprobado la normativa de funcionamiento y organización de los centros de dependencia y discapacidad, una normativa en la que pensamos en las personas, en que cuando uno decide que tiene que ir a un entorno residencial, adecuarle lo más posible a un hogar. Por eso se ha centrado en unidades de convivencia que no superen las 30 personas, que tengan su entorno de cuidados, de día a día. Además, se ha definido el modelo de residencias, que no sea de más de 120 plazas, con el objetivo de salir del modelo institucionalizado para ir más al de la persona. En esta propia normativa se establece un equipo de trabajo que realiza el estudio de las ratios, porque el incremento de ratios se traduce en la mejora de las condiciones laborales y de la atención de la residencia. Somos entre la segunda y la tercera comunidad autónoma por debajo de los 180 días para reconocer la dependencia. Estamos hablando de que se tarda en torno a 54 días, a lo que hay que añadir otros 45 para otorgar el plan individual de atención. Estamos por debajo de los 100 días y eso ha sido fruto de que hemos incrementado un 30% el personal que valora la dependencia.

La vivienda es un bien de primera necesidad al que los jóvenes y la población más vulnerable tienen difícil acceso. Su departamento ofrece ayudas y ha comprado viviendas de la SAREB para destinarlas a alquiler social. ¿La nueva Ley autonómica garantizará el acceso a la vivienda y frenará la especulación de los grandes tenedores y fondos buitre?

El objetivo de la Ley de Vivienda tiene ese marcado carácter social y hacer efectivo ese acceso a la vivienda. Es cierto que el parque público de vivienda en Cantabria es escaso. Cuando inició la legislatura había 282 viviendas y ahora tenemos 386. Si incrementamos el parque público eso se va a traducir en un control del precio del alquiler. Seguimos trabajando con la SAREB, no solo en la adquisición, sino también en la cesión de más viviendas durante un periodo de tiempo. Pero sí, nuestro objetivo es el incremento del parque público de vivienda de alquiler con el ánimo de lograr un control de ese alquiler.

¿Está a favor entonces de la regulación del precio de los alquileres?

Es un tema muy complejo. El propio mercado se regula cuando hay mucha oferta, es decir, si somos capaces de generar más vivienda de alquiler social se autoregulará el propio mercado. Yo por mí sí lo regularía. Ahora bien, tengo que ser consciente y no trasladar a la ciudadanía cuestiones que no están tan claras constitucionalmente, porque si regulamos ahora un precio de alquiler, resulta que va el Constitucional, como en Barcelona, y te dice que no, lo que trasladas a la ciudadanía es que pones medidas en marcha que no se ajustan a derecho. Lo que tenemos que hacer como Gobierno es regularlo desde el punto de vista indirecto, intentando incrementar el parque público y con el anteproyecto de Ley de vivienda, con el que queremos que los grandes tenedores de vivienda, que son los que tienen esa bolsa tan importante de vivienda vacía, la pongan en circulación. Es la forma de hacerlo, a través de una norma. No sabemos tampoco cuánta vivienda vacía hay en Cantabria en manos de grandes tenedores de vivienda porque no existe ningún registro. Si todas esas viviendas se pusieran en alquiler, el precio automáticamente se regularía.

Sus competencias en el Gobierno central recaen en los ministerios de Yolanda Díaz y Ione Belarra. ¿Cómo es la relación con Unidas Podemos?

Muy buena, tanto con el Ministerio de Derechos Sociales, con Ione Belarra, como con el de Trabajo. Con quien más relación tenemos es con el secretario de Estado, Nacho Álvarez, porque llevamos mucho más tiempo teniendo contacto, pero con Yolanda Díaz la relación también es muy fluida y permanente.

Precisamente Yolanda Díaz está en plena batalla por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, ¿Está a favor de ello?

Yo soy favorable a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Con la última subida parecía que se iba a caer el mundo. Cogemos la hemeroteca y vemos eso, pero es que el SMI lo que hace es reconocer la valía del trabajo. Nos guste o no nos guste, la valía del trabajo es por dinero, luego hay otros factores, de productividad, motivación, pero nos guste o no, el primer valor es el económico. Hay que tener unos mínimos laborales de condiciones económicas, pero es que además genera actividad económica, porque si una persona recibe más ingresos, tiene más capacidad para acceder a otros recursos. Es una cuestión de dignidad, porque el empleo tiene que ser de calidad y tiene que ser digno, en un horario, en una jornada, en unas condiciones. Para mí, el Salario Mínimo es actividad, es valor y es dignidad.