Cantabria duplicó el objetivo de déficit fijado para el año 2016

El Tribunal de Cuentas acaba de aprobar el informe anual de fiscalización de Cantabria correspondiente al 2016, ejercicio en el que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no imputó gastos por valor de 156 millones de euros, mientras que sí sumó 86 millones de euros que habían sido realizados en ejercicios anteriores.

Según el Tribunal, estas actuaciones no respetan el principio de temporalidad recogido en la Ley de Finanzas de Cantabria, aunque “están amparadas en las salvedades establecidas en esta misma norma”.

Con ello, Cantabria incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria al alcanzar un déficit del 1,49% sobre el PIB, el doble de lo fijado para ese año (0,7%). Por el contrario, la deuda autonómica se situó dentro del objetivo establecido, ascendiendo a 2.890 millones de euros.

Estas son algunas de las conclusiones del informe, en el que el Tribunal de Cuentas también destaca que la estructura de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2016 no responde a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Finanzas de Cantabria, ya que “no presenta las subcuentas que la debían conformar”. Y añade que cuatro organismos autónomos, entre ellos, el Servicio Cántabro de Salud, “siguen sin elaborar cuentas específicas, integrándose en las de la Administración General”.

Igualmente se han detectado “discrepancias” en la información de la Cuenta General sobre los fondos líquidos, así como la no inclusión del saldo de las cuentas restringidas de recaudación. Estas circunstancias, junto con la incorrecta imputación temporal de las obligaciones reconocidas, afectan a la exactitud de la cifra del remanente de tesorería, explica el Tribunal.

Otras de las cuestiones que afea al Ejecutivo cántabro es el pago a proveedores, cuyo periodo medio no ha de superar los 30 días y, sin embargo, la Administración “superó todos los meses de 2016”, lo que afecta negativamente al principio de sostenibilidad financiera.

El organismo estatal que fiscaliza las cuentas de la Comunidad Autónoma también hace alusión al fallido proyecto de Ecomasa -impulsado por el anterior Gobierno del PP-, que “puede desembocar en unas pérdidas para la Comunidad que se aproximarían a los 18 millones de euros”.

En materia de personal, la fiscalización ha observado que no se produjo la declaración de los sectores y categorías profesionales considerados prioritarios a los efectos de la excepción de la prohibición de contratar personal temporal y nombrar funcionarios interinos, y llama la atención sobre la elevada tasa de interinidad en el Servicio Cántabro de Salud (31%).

Por otra parte, en materia ambiental, apunta que en la evaluación del impacto ambiental se aprecian “debilidades en la coordinación” de los procedimientos de control entre el Gobierno y las administraciones locales.