La justicia no es igual para todos

Lo de que la Justicia es igual para todos ya no cuela ni como discurso de Navidad. Ya lo dijo Ayuso, que es el subconsciente de la derecha o la derecha después del tercer cubata: el emérito no es como nosotros y “la ley es para todos la misma pero no es igual para todos”. Los lapsus o trabalenguas de Rajoy eran cómicos e insustanciales, los de Ayuso son trágicos porque sustancian lo que piensan realmente los conservadores, que no somos una democracia ni falta que les hace. Decía la presidenta madrileña que la izquierda quiere una república bananera, ella prefiere una monarquía de monos con platillos. 

Es trágico, también, porque lleva razón, la justicia no es igual para todos, ya se ocupan algunos jueces de que no lo sea. Para el emérito, sin duda no lo es. A ningún otro ciudadano le avisa la Fiscalía para que regularice lo evadido antes de investigarlo. Ningún otro ciudadano regulariza sólo un 1% de lo que no ha declarado y recibe ese aplauso entusiasta que le han regalado los monárquicos. El aplauso es más execrable, si cabe, porque como bien decía Ayuso, el emérito no es un ciudadano más, ha sido la máxima representación del país cuando le hurtaba impuestos a los españoles que le pagaban un sueldo millonario. Se ve que no le llegaba. 

Pero el problema no está tanto en los palmeros que han hecho al monarca creerse intocable sino en el mismo origen de esta pseudo democracia: la Constitución. La desigualdad jurídica de los españoles está en el acta fundacional del Régimen del 78 que consagra que la ley es la misma para todos menos para el monarca, que es inviolable. En puridad, es inviolable sólo en sus funciones de Jefe de Estado, pero los magistrados de la Corte ya se han ocupado de retorcer el artículo para aplicarlo a lo demás. El rey podía violarte cuando estaba en activo, según su interpretación. Podrían haberse dejado de eufemismos y haberlo llamado “derecho de pernada”.    

De aquellos polvos franquistas, vienen los lodos que hoy arrastra la Justicia. Este lunes, el Supremo ha decidido que se celebre un nuevo juicio a Otegi por el Caso Bateragune en el que se le juzgó por intentar refundar la ilegalizada Herri Batasuna. El líder abertzale estuvo seis años y medio en la cárcel junto a otros cuatro condenados por un juicio que Estrasburgo declaró injusto y parcial. El Supremo tuvo que anular la sentencia. Pues no sólo no se les indemniza sino que se les obliga a otro juicio porque lo ha pedido una asociación de víctimas cercana a Vox. 

El Supremo ha tomado esta decisión en contra del propio tribunal que les juzga, la Audiencia, que considera que sólo los perjudicados por el juicio irregular podrían reclamar un nuevo proceso. El Alto Tribunal responde que “un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal”. El error es también del propio Supremo que supervisó la sentencia. Los que no vieron parcialidad entonces, ahora decretan que se haga un juicio imparcial, es de traca. No paga el tribunal por su error sino los que ya pagaron. No querías juicio injusto, pues toma dos tazas. 

No sorprende que se haga a petición de una organización vinculada a Vox. Ya sabemos que el Supremo cojea del pie ultraderecho. No sorprende tampoco que esta decisión llegue justo después de lo que la derecha llama “los presupuestos de ETA” aprobados por los socialcomunistarras independentistas y en medio del ruido de sables de los militronchos franquistas y los líos del rey y la Kitchen del PP, que lleva dos años bloqueando la renovación de ese tribunal. No sólo los políticos imparten injusticia, hay jueces que también hacen de políticos. Cuando la derecha no consigue el Gobierno, intenta gobernar en las sombras. Cuando una democracia no es democracia ni tiene los controles para serlo, la Justicia no es igual para todos, es un arma política.