Martínez Arroyo destaca la “flexibilidad” y la prorroga de las concesiones de viñedo entre lo más destacado del acuerdo de la PAC

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado entre los puntos fuertes del acuerdo sobre la PAC la importancia del medio ambiente y los eco-esquemas que representarán alrededor del 20% de los pagos dentro del primer pilar de la PAC y “lo más importante para nosotros es que va a haber flexibilidad en el cumplimiento del porcentaje, algo que era muy importante para España y para Castilla-La Mancha”.

En lo que se refiere a los puntos más importantes para la región, a preguntas de los periodistas, ha señalado como “muy relevante para Castilla-La Mancha que el acuerdo adoptado esta madrugada en Luxemburgo incluye la prórroga de las concesiones administrativas de viñedo”, el cual se amplía hasta el año 2040, como se había pedido desde España. “Da garantía y estabilidad a un sector fundamental como es el viñedo”, ha remarcado.

Martínez Arroyo ha recordado que con este acuerdo los agricultores y ganaderos tienen la PAC asegurada para los años 2021 y 2022 con las reglas de “hoy”, ya que la nueva política no entrará en vigor hasta 2023. A partir de ahora, deberán acordarse con el Parlamento Europeo los aspectos que quedan pendientes.

eEl consejerio considera que este acuerdo “reverdece la PAC, nos da argumentos para contar esta política a los consumidores y al conjunto de la ciudadanía, y beneficia a nuestros agricultores y ganaderos”. Considera que ahora toca decidir de qué manera se va a aplicar a nivel nacional, aspecto que se adoptará en las reuniones entre las comunidades y el Ministerio.

Para UPA “no suena mal”

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha considera que el acuerdo de la PAC de los 27 “no suena mal” en lo que se va conociendo, por lo que valoran “que haya acuerdo es positivo, en estos tiempos de enormes incertidumbres”, confiando en que beneficie a la agricultura y ganadería familiar.

“La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos lleva muchos años peleando para conseguir una PAC más justa y más social, que destine más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio: ese modelo es el de la agricultura y ganadería familiar”, han expresado en un comunicado.

Desde UPA Castilla-La Mancha se considera positivo que se haya incluido en la lista de sectores elegibles para las ayudas asociadas a la aceituna de mesa. Una lista que para UPA debe completarse con todos los sectores que hoy por hoy siguen fuera de estas ayudas, como las frutas y hortalizas.

Se trata, a su juicio, “de un acuerdo que no suena mal a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles, que contribuirá a avanzar en la línea de lo que marca el Green New Deal europeo sin menoscabar la renta de los productores, y que seguirá ahora su proceso con la votación, este viernes, de la posición del Parlamento Europeo que dará paso después a los llamados trílogos entre Parlamento, Comisión y Consejo”.

Unión de Uniones cree que se ha descafeinado

Para la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera que se han descafeinado elementos importantes, otorgando un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros, para otorgar y distribuir las ayudas de la PAC. La organización seguirá insistiendo en que éstas se enfoquen hacia los agricultores y ganaderos profesionales.

En este sentido, destaca que el Consejo propone modificar el apartado relativo a la definición de agricultor genuino y donde anteriormente la Comisión proponía que quedase garantizado “que no se conceden ayudas a la renta a aquellos cuya actividad agraria constituye solo una parte insignificante de la totalidad de sus actividades económicas, o cuya principal actividad económica no sea agraria”, propone eliminar este apartado y que los Estados definan al agricultor genuino “conforme a criterios objetivos y no discriminatorios” si ellos lo consideran oportuno.

La organización señala que esto se suma que instrumentos de redistribución de ayudas como el tope máximo a percibir por beneficiario de 100.000 euros, solo de la ayuda básica, o la degresividad de los pagos a los mayores perceptores, a partir de 65.000, han quedado de aplicación voluntaria para los países y, además, con la posibilidad de aplicar reducciones mínimas. “Solo con estas dos, se pone en cuestión la resolución de una de las mayores deficiencias históricas de la PAC, que es el injusto y desequilibrado reparto de las ayudas”, explican desde la organización.