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Amnistía Internacional acerca a las aulas la crisis de derechos humanos que afecta a los rohingya

La ONU urge al gobierno de Myanmar a acabar con la discriminación de los rohingyas

Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha está realizando una serie de charlas en institutos de Educación Secundaria de la comunidad autónoma para dar a conocer a los estudiantes la situación de la comunidad rohingya, una minoría étnica predominantemente musulmana, formada por alrededor de 1,1 millones de personas que viven sobre todo en el estado de Rajine, situado en el oeste de Myanmar, fronterizo con Bangladesh.

Con esta labor, la organización quiere que los más jóvenes conozcan esta vulneración de los derechos humanos, propiciada desde el estado de Myanmar, que ha discriminado y perseguido a esta comunidad durante décadas, con ataques de base racial que han provocado su aislamiento y segregación, dentro de un régimen de apartheid. 

El coordinador regional de AI en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez, ofrecerá una charla sobre este tema en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la UCLM en Ciudad Real el miércoles 21 a las 18.00 horas. Hasta ahora se han realizado charlas en el IES Bernardo de Balbuena de Valdepeñas los días el 13 y 15 de marzo y están previstas más en centros de Secundaria.

Según explica Amnistía Internacional, el ejército de Myanmar ha llevado a cabo la mayoría de las atrocidades, con un “largo historial de violaciones de derechos humanos contra minorías étnicas y religiosas que quedan impunes”. Así ha incendiado de forma selectiva pueblos enteros rohingya, ha matado a cientos de mujeres, hombres y niños, y ha violado a mujeres y niñas. Son “operaciones de limpieza”, caracterizadas por amplias y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, incluyendo matanzas ilegales, tortura y otros malos tratos, Además, las autoridades de Myanmar deniegan a los rohingya el acceso a los campos y mercados de arroz, roban su ganado y restringen al acceso a la ayuda humanitaria.

Todo ello ha motivado que esta comunidad estén abandonando Myanmar. Durante esta huida, continúan los abusos ya les roban en los puestos de control su dinero y posesiones, y asaltan a las mujeres sexualmente buscando bajo su ropa dinero o joyas escondidas. Amnistía Internacional también denuncia que las fuerzas de seguridad de Myanmar colocaron minas antipersonas a lo lardo de la frontera con Bangladesh, que están prohibidas por la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales de 1997.

Si bien el éxodo rohingya desde Myanmar hacia Bangladesh está teniendo lugar al menos desde 1970, el número de llegadas se ha incrementado de forma significativa coincidiendo con periodos de violencia. Tras la crisis de finales de 2017, la ONU estima que más de 688.000 personas refugiad han huido a Bangladesh. En su inmensa mayoría, llegan heridas, hambrientas, traumatizadas y necesitan con urgencia ayuda humanitaria, como alimentos, cobijo y atención médica.

Resolución del Consejo de Derechos Humanos

El 5 de diciembre de 2017 tuvo lugar una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos dedicada a la situación de los derechos humanos de esta población, los musulmanes y otras minorías en Myanmar. Se adoptó una resolución por la que se condenaba las violaciones de los derechos humanos que se habrían cometido contra la comunidad musulmana. Amnistía Internacional había presentado una comunicación oral al Consejo para saludar la iniciativa y en la que informaba sobre aparheid en Myanmar y la impunidad en la que se está cometiendo.

La organización ha pedido a las autoridades de este país que garanticen el acceso libre y sin restricciones al Estado de Rajine -y las regiones del Norte- a todas las organizaciones humanitarias internacionales y locales, a periodistas independientes y a observadores internacionales. También ha exigido que Myanmar se comprometa a que las personas refugiadas puedan regresar a sus hogares voluntariamente y de manera segura y digna; y que se inicie una investigación “imparcial, independiente y eficaz” de todas las denuncias.

De igual forma, ha exigido la liberación inmediata de las personas que han sido secuestradas o detenidas de algún otro modo; que se detenga inmediatamente el uso de minas antipersona; que se condene toda apología del odio nacional, racial o religioso ; que se revise todo el marco legislativo para garantizar que ningún ciudadano sufrirá ninguna discriminación basada en la raza, color, origen étnico, género, lengua o religión;  y que se proceda al cese de inmediato de su campaña de violencia y violación de los derechos humanos contra la población civil en el Estado de Rajine.

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Publicado el
20 de marzo de 2018 - 15:59 h

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