Atención telepresencial, perspectiva de género y regadíos eficientes, entre las aportaciones ciudadanas a la Ley de Despoblación

Vivienda rural

Ha dado importantes frutos el proceso de participación pública del anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, elaborado desde la Vicepresidencia del Gobierno. El Ejecutivo ha aceptado más de una veintena de propuestas aportadas por particulares y colectivos mediante las cuales se incluyen algunas novedades relevantes como la garantía de la atención telepresencial en núcleos despoblados, la ampliación de la perspectiva de género y del papel de la mujer rural, la eficiencia en el uso del agua para regadíos, y la promoción de la cultura. Algunos de estos aspectos ya estaban incluidos en la ley pero no con el detalle con el que después se han incorporado.

Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha: blindar el acceso a los servicios públicos, ayudas para retornar al pueblo o tributos especiales

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Según el documento de aportaciones, una de las iniciativas aceptadas es de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes FUCICLM. Pide la incorporación de recursos públicos de información y protección de las personas consumidoras mediante el acceso universal a los recursos a través de dispositivos telepresenciales de asistencia que eviten desplazamientos innecesarios para plantear consultas y reclamaciones. Se da la circunstancia de que la Consejería de Desarrollo Sostenible habría propuesto esta misma medida por parte de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo.

Relacionada con esta cuestión se encuentra también otra controvertida propuesta realizada por un particular, donde se demanda que el tiempo de acceso desde cualquier localidad hasta el núcleo de prestación del servicio básico no supere los 30 minutos. En el documento aparece como aceptada, con el visto bueno de la Consejería de Bienestar Social pero con la negativa “por inasumible” de la de Educación. Esta última argumenta que en el caso de los servicios educativos ese margen de tiempo no puede llevarse a cabo “teniendo en cuenta la red de centros existente y la obligatoriedad de la escolarización entre los 6 y 16 años. “La complejidad sería aún mayor para ofrecer la prestación del servicio educativo postobligatorio en núcleos de referencia con los tiempos propuestos”, añade.

En la normativa original se establecía la creación de una red de puntos de atención continuada, con el fin de garantizar que cualquier núcleo de población de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación se encuentre a menos de 30 minutos de aquellos durante las 24 horas del día. Pero en esta nueva aportación se establece este periodo de tiempo para todos los servicios públicos y así se ha recogido en el nuevo borrador.

Perspectiva de género y cultura

La perspectiva de género es otra premisa incluida en la normativa pero que también se ha visto ampliada en el proceso participativo. Se incorporan así más propuestas de medidas de acción positiva para las mujeres y se incorpora la perspectiva de género de manera transversal en todas las actuaciones, tal y como también propuso la Consejería de Igualdad.

En este sentido se ha incorporado también la propuesta de Podemos de garantizar el mantenimiento de la población del medio rural, mejorando su calidad de vida, así como la viabilidad económica y social del mismo, “con especial relevancia en el desarrollo y promoción del papel de la mujer rural.”

Muchas propuestas de la ciudadanía tienen también que ver con la cultura en zonas despobladas. Debido a ello, se han incluido medidas como la fijación de población mediante la creación de empleo cultural, y otras más conceptuales como la de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica para “contrarrestar la hegemonía cultural y social que ensalza la vida urbana con los valores y la cultura de la vida rural.”

Otra medida incorporada es la de incentivar la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, etnológico e histórico autóctono “como vía de valorización económica y social de la singularidad de la dimensión local del mundo rural y del sentido de pertenencia a sus habitantes”. Por su parte, el Gobierno también ha visto con buenos ojos la iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectura de Castilla-La Mancha (COACM) de incluir entre los objetivos de la ley la “protección, rehabilitación, recuperación” y utilización de ese mismo patrimonio cultural.

La gestión del agua tiene también su cabida en esta normativa. Otra propuesta ha pedido la inclusión de medidas para el “uso eficaz y eficiente” del agua para regadíos. Con ello, se da prioridad a las actuaciones de modernización ligadas al ahorro de agua, a la eficiencia en el uso energético y al empleo de energías renovables, “sin perjuicio del mantenimiento y apoyo a la conservación de los sistemas de regadío tradicional cuyos valores culturales justifiquen su mantenimiento”. Otras iniciativas pedían regular los precios en zonas despobladas pero esta una acción incluida en el anteproyecto de Ley de Aguas de la comunidad autónoma.  

En el aspecto socio-económico, el Gobierno ha aceptado más propuestas para el desarrollo de “créditos blandos y avales” con condiciones más ventajosas para las empresas localizadas en zonas despobladas; así como el incremento de programas de formación online de calidad vinculada al ámbito rural. Finalmente, también se han incluido propuestas del CERMI relacionadas con la accesibilidad, la movilidad y las personas con discapacidad que habitan el medio rural. 

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