Bajan los desahucios en Castilla-La Mancha pero siguen en los niveles de la crisis

Hay nuevos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre desahucios. Reflejan un importante descenso en el primer trimestre del presente año con respecto al periodo anterior en el caso de Castilla-La Mancha, pero las cifras siguen manteniéndose en los niveles en los que estaban durante la crisis económico-financiera. El número total de lanzamientos practicados en esta comunidad autónoma en ese periodo alcanzó la cifra de 507. Esto supone un descenso del 24% frente a los 537 del último trimestre de 2018, pero supone una cantidad muy similar, por ejemplo, a los 527 de hace cinco años.

Se trata de una disminución originada por la bajada de hasta el 35% en el caso de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, que han pasado de los 297 del primer trimestre del año anterior a los 193 practicados entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo. Aunque también en este caso, las cantidades totales son muy similares a las de hace cinco o seis años.

En cuanto a los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, los que se ejecutan como consecuencia del impago del alquiler, también han descendido. Experimentan un descenso del 11%, al pasar de 340 a 302. Pero en la comparativa con años anteriores sucede que, en Castilla-La Mancha, el número de operaciones judiciales por impago de arrendatarios sigue siendo superior al de los años de la crisis.

Lanzamientos en servicios comunes y datos por ejercicios completos

El informe del Poder Judicial incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado. Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2019 fue de 354, un 13,8% por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 217 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento interanual del 12,4% por ciento.

La cuestión es que si se extraen los datos por ejercicios completos, en el caso del total de lanzamientos practicados, la oscilación no varía demasiado en esta comunidad autónoma: 2.762 en 2013, 2.299 en 2014, 2.664 en 2015, 2.364 en 2016, 2.420 en 2017 y 2.401 en 2018. Lo mismo sucede en cuanto a los desahucios por impago del alquiler: 1.161 en 2013, 989 en 2014, 1.105 en 2015, 1.018 en 2016, 1.172 en 2017 y 1.372 en 2018. Es decir, en el último año, con datos completos, se alcanzó la cifra máxima.

En esta comunidad autónoma está pendiente de tramitación la Ley regional de Vivienda, en la que, entre otras cuestiones, se prevé multar a los bancos por ordenar desahucios sin ofrecer alternativas habitacionales a los afectados. La previsión es que pueda aprobarse en la próxima legislatura cuando se inicie el próximo periodo de sesiones.

Ocupación ilegal y cláusulas suelo

Por otra parte, desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En el primer trimestre de 2019, han ingresado en los juzgados de Castilla-La Mancha 52 demandas, de las que se han resuelto 49.

En el informe del CGPJ se aportan además datos sobre las operaciones judiciales derivadas de las cláusulas suelo, es decir, acciones jurídicas individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias. En el primer trimestre del año hubo un total de 2.367 acciones en este sentido, menos que en el periodo anterior; y se resolvieron 2.933, más que en el último trimestre de 2018. En total hay 10.477 asuntos pendientes en trámite. 

Precisamente, el Defensor del Pueblo, en su informe de 2018, ha lamentado la “ineficacia” de las reclamaciones y mecanismos extrajudiciales habilitados por la banca para compensar a sus clientes por la comercialización, entre otros, de hipotecas con cláusulas suelo abusivas, y ha afeado la falta de colaboración de algunas entidades.