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Castilla-La Mancha garantiza que el tránsito de la ‘renta mínima’ autonómica a la estatal “no dejará a nadie atrás”

Guadalupe Martín, Aurelia Sánchez y Gregorio Gómez Bolaños

Alicia Avilés Pozo / elDiarioclm.es

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Continúa la polémica por la anulación parcial en Castilla-La Mancha del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la ‘renta mínima’ autonómica, para el desarrollo de la estatal, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha salido al paso de las críticas recibidas durante la semana por parte de partidos políticos, sindicatos y trabajadores sociales, afirmando que el tránsito entre ambas ayudas “no dejará a nadie atrás” y que se realizará con todas los garantías. Su comparecencia, junto a la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y al director general de Acción Social, Gregorio Gómez Bolaños, se ha producido mientras Izquierda Unida pedía su dimisión por la gestión de estas prestaciones sociales.

Tal y como adelantó la Consejería de Bienestar Social a elDiarioclm.es, Aurelia Sánchez ha querido subrayar que el IMS sigue vigente en este momento de forma que lo seguirán cobrando todas las personas que tienen derecho por el tiempo establecido. Lo anulado, ha recordado, ha sido la convocatoria de esta prestación con el objetivo de “evitar la duplicidad de prestaciones” con la llegada del Ingreso Mínimo Vital. Esto llevaría aparejada la petición de indebidos a las familias, por estar percibiendo dos ayudas, “algo que es una situación difícil tanto para las familias como para la administración”.

Por ello, ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “no va a dejar a nadie atrás y va a proteger y va atender a todas las familias de nuestra región para que puedan salir adelante”. Según ha explicado, habrá un acompañamiento en el tránsito del Ingreso Mínimo de Solidaridad al Ingreso Mínimo Vital a través de los profesionales “para que ninguna familia se encuentre en situación de desprotección”.

Cifras de prestaciones

Dicho esto, ha detallado algunas de las cifras asociadas a estas ayudas. El Gobierno regional ha atendido y ha facilitado más de 17.000 prestaciones económicas a familias, que además al final de año podrían llegar a 25.000 prestaciones económicas. En este sentido, un total de 1.432 se corresponden con ayudas de Ingreso Mínimo de Solidaridad que se están prestando actualmente, 6.401 familias se benefician de las Ayudas de Emergencia Excepcional COVID-19, dotadas con 15 millones de euros, 2.621 se corresponden con los beneficiarios de las prestaciones de ayuda a la pobreza energética, y 1.396 familias son las beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social, convocatoria que permanece abierta con un incremento de 1,6 millones de euros distribuido ya en las provincias para alcanzar a 1.500 familias más. Finalmente, 5.348 familias reciben ya la prestación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha, con la previsión de llegar a 10.000 en los próximos meses.

Además, la consejera ha subrayado que mañana viernes se inicia la información pública del nuevo Decreto de ordenación de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales para personas en situación de dificultad económica o social, “con el objetivo de reordenar y adaptar estas prestaciones a las nuevas situaciones”.

“El apoyo económico es imprescindible para las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, pero también el apoyo profesional que, con los equipos técnicos de inclusión y los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, son la verdadera garantía para conseguir que las personas que peor lo están pasando consigan mejorar su situación de vida y consigan también mejorar su bienestar”, ha concluido.

IU pide la dimisión de la consejera

Al mismo tiempo, IU Castilla-La Mancha ha pedido hoy formalmente la dimisión de la consejera por “su insensibilidad demostrada” respecto a su gestión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, o bien que el presidente de la región, Emiliano García-Page, la cese de su cargo. “Pedimos su dimisión por dejar abandonadas a miles de familias en el peor momento desde hace décadas, por encontrarse desaparecida sin dar la cara en residencias de mayores, por intentar engañar la sociedad castellamanchega y por abandonar a los trabajadores de los servicios sociales”, ha afirmado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo. Ha demandado igualmente que agentes sociales y la plataforma de trabajadores públicos de adhieran a esta petición.

Entre los motivos que han motivado esta decisión, según ha desgranado el líder de IU en Castilla-La Mancha, se encuentran la decisión de dejar sin efecto las ayudas al Ingreso Mínimo de Solidaridad debido a la convocatoria del Ingreso Mínimo Vital; así como sus dificultades para que estas san concedidas, pues, la partida para ello se agotó “en septiembre” y desde enero de este año se han desestimado las solicitudes presentadas.

Asimismo, ha señalado que la mayoría de las ayudas excepcionales COVID de 400 euros convocadas por la Junta a raíz de la pandemia llevan “sin resolver desde junio”. “Los servicios sociales están desbordados, esto está llevando a muchas familias a tener que desalojar su vivienda o vivir sin suministros”.

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