El proyecto del barco para Ciudad de Vascos queda suspendido por el Ministerio de Hacienda
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha bloqueado el proyecto de construir un barco para el yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos de la Diputación de Toledo y ha paralizado toda la operación, aceptando parcialmente un recurso de una de las empresas que también se presentó al concurso público para construir el barco y no le fue concedido, Astilleros Bermeo.
La construcción del barco, por valor de 344.850 euros, fue concedida a Astilleros Gondán, de Asturias, empresa para la que este proyecto resultaba pionero ya que iba a ser el primer barco que construía de estas características (eléctrico y con alimentación también por energía solar), debiendo estar listo en 5 meses desde el inicio de su construcción.
El tribunal ha considerado que la valoración de las ofertas realizada es erróneo y no equitativo, ya que la valoración técnica no se ceñía al derecho por ser errónea y arbitraria, alterando así el resultado del concurso público. No se realizó la comparación entre las ofertas de los puntos técnicos ni se indicó las ventajas técnicas de los diferentes proyectos, solo comparando las ofertas desde un punto de vista formal y no técnico por parte de quien ha realizado el proyecto y ejecutado el concurso.
En el proceso se excluyeron dos ofertas y de las cinco restantes la mejor calificada desde un punto de vista técnico fue la de Astilleros Gondán, que presentó una propuesta de barco monocasco, fabricado en fibra de vidrio, con 14,75 metro de eslora y capacidad para 60 pasajeros. El astillero asturiano ofreció también la mejor oferta económica. La Mesa de Contratación contó con la asesoría de la empresa INSENAVAL, S.L. para valorar las ofertas, un servicio cuyo coste no se conoció.
A todo ello se debe unir el coste de las expropiaciones en marcha para el desarrollo del proyecto hasta completar un presupuesto total de 3 millones de euros de un proyecto, impulsado con empeño personal por el presidente la Diputación Arturo García-Tizón, que está siendo polémico tanto por su coste como por su posible impacto ambiental, que ha despertado las críticas de organizaciones conservacionistas y ha llevado a Izquierda Unida a denunciarlo ante la Fiscalía, dado que se interpreta que afecta negativamente a zonas de protección de avifauna, y por ello se ha propuesto un acceso alternativo por tierra y centrar los recursos en el propio yacimiento en vez de un centro turístico que se construirá distante de él, en torno al embalse de Azután. Los socialistas por su parte indican que el proyecto costará 6 millones de euros.
