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Crece el porcentaje de castellano-manchegos con carencia material severa y en riesgo de pobreza

Grecia y España, países de la UE donde más subió la tasa de pobreza en seis años

Alicia Avilés Pozo

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Muchos y muy variados son los datos que aporta periódicamente la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística. En el caso de Castilla-La Mancha, y con el periodo cerrado de 2018, el contraste es significativo en muchos indicadores, destacando sobre todo el hecho de que haya crecido, entre 2017 y el año pasado, el porcentaje de personas con carencia material severa y en riesgo de pobreza.  No obstante, si a ese riesgo le añadimos también el de exclusión social, el índice baja entre ambos años. Otros datos desvelan un destacado descenso de las personas y hogares con dificultades para llegar a fin de mes, aunque vuelve a subir el de aquellas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

Las primeras variables de la estadística se refieren a  la renta anual media por persona. En esta comunidad autónoma, se sitúa en los 9.533 euros, por debajo de la media nacional de 11.412 euros, y con solo cuatro comunidades autónomas con renta más baja: Andalucía (9.258 euros), Murcia (9.111 euros), Canarias (8.964 euros) y Extremadura (8.507 euros anuales). Si las cifras se extraen en cuanto a renta anual por hogar, la media castellano-manchega es de 24.401 euros, muy debajo de los 28.417 de media estatal, aunque con un destacado aumento respecto a los 21.939 euros de media que había en 2015.

La mejora en cuanto a la renta no se refleja sin embargo en la tasa de riesgo de pobreza. En los últimos cuatro años ha pasado del 28,5% al 29,9%, y más de ocho puntos por encima de la media estatal, cuyo porcentaje es del 21,5%. Además, en este caso, Castilla-La Mancha baja posición en el ranking autonómico, ya que únicamente Andalucía, Canarias y Extremadura registraron en 2018 índices más bajos. Pero también es importante señalar que si al riesgo de pobreza se añade el de exclusión social y todos sus componentes (el denominado Indicador AROPE), el porcentaje castellano-manchego ha registrado un leve descenso del 33,9% al 33,5%.

Esta encuesta muestra también diferentes variables que miden la carencia material. En esta comunidad autónoma el porcentaje de personas que no pueden permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año bajó del 44,8% de 2015 al 38,2% de 2018, pero en el último año ha subido, ya que en 2017 este índice era del 37,1%. También se ha incrementado la tasa de ciudadanos y ciudadanas que no se pueden permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: del 3% al 5%.

Si atendemos las cifras sobre la vivienda, un 14,7% de castellano-manchegos no consiguen mantener su casa con una temperatura adecuada. Es exactamente el mismo índice de 2015 y que se ha incrementado respecto a 2017, cuando era del 11,5%. Y ha subido también el número de castellano-manchegos que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos: del 38,6% de 2017 al 39,9% de 2018. En este apartado, tan solo se ha reducido el porcentaje de los que han tenido problemas en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, del 12,5% al 8,1%.

Llegar a fin de mes

Por el contrario, los datos más positivos para la comunidad autónoma los encontramos en el índice de personas con dificultad para llegar a final de mes. Si sumamos los que tienen mucha dificultad, alguna dificultad o cierta dificultad, en 2018 supuso un 50,9% de la ciudadanía, mientras que solo un año antes era el 67,1%. Es decir, han bajado en casi 17 puntos los problemas señalados para llegar a final de mes. Si esta misma estadística se aplica a los hogares, resulta muy similar: ha descendido del 67,2% al 51%.

Pero finalmente, el INE mide el porcentaje total de la carencia material severa en cada comunidad autónoma y, en este caso, Castilla-La Mancha experimenta una subida. Las personas incluidas en esta variable suponen un porcentaje del 7,2% en 2018, casi tres puntos por encima del 4,4% que reflejó el año anterior. Solo tres comunidades autónomas arrojan unos índices más altos: Canarias (8,8%), Extremadura (8,5%) y Andalucía (8%).

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