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Los decretos de sequía “no pueden ser globales ni homogéneos en la misma cuenca”

Antonio Luengo, junto a Paloma Heredero, secretaria general de la Consejería de Fomento

Carmen Bachiller

El director de la Agencia del Agua en Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, afirma que los decretos de sequía “no pueden ser globales ni homogéneos en la misma cuenca porque la distorsionan”. Así lo ha dicho en su comparecencia en la Comisión de Fomento de las Cortes regionales para hacer balance de gestión y hablar de nuevos retos de su departamento.

Luengo se ha mostrado “seguro” de que el Gobierno central será “sensible a esta idea” y ha puesto como ejemplo a la cuenca del río Tajo y la reciente derivación de agua a Extremadura desde el embalse de Navalcán que, aunque “eutrofizado por los usos ganaderos” poco tiene que ver con la situación de los embalses de cabecera del Tajo. “No es legítimo que lo hagan pero es legal”, señalaba.

Antonio Luengo cree que el futuro del agua en España “pasa por un pacto nacional del agua” y no por un Plan Hidrológico Nacional al que constantemente alude el Partido Popular y que está “obsoleto”, ha dicho, entre otras cosas porque incluye un trasvase desde el Ebro que “no es viable ambientalmente” y que no permite la Unión Europea.

Luengo respondía así al diputado del PP, Francisco Nuñez, que en una intervención en las Cortes (lo mismo hizo su compañera de bancada María Roldán) echó la culpa de la situación con el agua en España al Plan Hidrológico Nacional derogado por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero e insistió en su argumento de que Dolores de Cospedal garantizó más agua para la cabecera del Tajo frente a los “cero” hectómetros que ha aportado el actual presidente, Emiliano García-Page.

“El Gobierno central no puede seguir forzando la interpretación de normas para perpetuar cesiones de agua”

En lo que tiene que ver con la planificación hidrológica, Antonio Luengo recordó los 23 trasvases recurridos en la presente legislatura porque son “ilegales” así como los recursos planteados a todos los contratos de cesión de agua entre regantes que, en opinión de la Junta castellano-manchega, son “injustos e ilegales” porque contravienen la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la Directiva Marco del Agua, y la normativa relacionada con el dominio público hidráulico. “Se convierte al agua en objeto de mercadeo”, lamentaba.

“Estamos en contra de que se especule con el agua”, aseguraba, y “por eso el Gobierno central no puede seguir forzando la interpretación de normas para perpetuar las cesiones”. Ha calificado la situación de “disparate técnico, atropello legal y creo que es una trapacería desde el punto de vista ético”. En su opinión, se está haciendo “una inversión del concepto de compensación entre territorios en contra de los intereses de Castilla-La Mancha y en concreto de la cabecera del Tajo”.

Además, consideró como “completamente absurdo y, además, injusto, muy injusto” que Castilla-La Mancha sea exportadora de agua “con la necesidad que tenemos de ella” tanto ambiental como económicamente.

Las preguntas de Podemos sobre la situación “crítica” del Alto Guadiana

El diputado de Podemos, David Llorente, ha centrado parte de su intervención en el Alto Guadiana porque “no se habla de este río y hay que hacerlo” ya que, dijo, “su situación es crítica y comparable a la del Tajo” y lamentó que esto ocurra porque “políticamente es menos cómodo hablar del Guadiana”. Por eso pidió “coherencia” y alejarse de “cálculos electorales” o “visiones cortoplacistas”.

Recordaba que el Acuífero 23 está “sobreexplotado y contaminado por nitratos” que las Tablas de Daimiel se están “quedando secas” y que se están agravando los problemas de abastecimiento en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real. “¿Qué medidas están adoptando?”, preguntaba el diputado de la formación morada.

También se ha referido a la llamada tubería manchega –concebida para la conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura e incorporar recursos hídricos a la Llanura Manchega- que ha calificado también de “trasvase”, advirtiendo al Gobierno: “No nos hagamos trampas”. En su opinión, “no es una solución a la sobreexplotacion en la cuenca del Guadiana sino un parche” que debería utilizarse solo para garantizar el abastecimiento humano y “solo en caso de emergencia”.

Antonio Luengo ha reconocido que el Guadiana “es un problema” pero, matizaba, “le voy a confesar que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha sido la que más se ha esforzado en recuperar las masas de agua pese a los pozos ilegales existentes”. Además, sobre las Tablas de Daimiel sostiene que “como nos las carguemos será muy difícil recuperarlas” y ha abogado por que este espacio natural “centre el interés” de la acción de Gobierno. En cuanto a la tubería manchega ha recordado que se trata de una infraestructura sin terminar y que en todo caso, “será para abastecimiento humano” para añadir de que “no es un problema de trasvase sino de necesidad” que se va a plantear en un futuro cercano.

David Llorente ha pedido también al Gobierno regional “ir más allá” en la reivindicación que tiene que ver con los recursos hídricos de la región e “instar al Gobierno central a asumir las implicaciones” del informe sobre el estado del Tajo emitido por los europarlamentarios durante una visita a la cuenca hace unos meses.

PSOE: “Si España no recupera el Tajo lo tendrá que hacer la UE”

La diputada socialista Carmen Torralba ha recordado que su partido presentará diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados para que “se prohíba la cesión de agua intercuencas, que se potencien las desaladoras y que se frene el crecimiento insostenible en el Levante a costa de nuestros recursos hídricos”, algo que también trasladará el presidente regional, Emiliano García-Page, a Mariano Rajoy en la reunión que ambos mantendrán, aún sin fecha.

“Castilla-La Mancha va a reclamar una deuda histórica del Trasvase Tajo-Segura de 80 millones de euros, porque ha habido fraude en las compensaciones a nuestra región por todo el agua que ha salido” y ha asegurado que “si España no recupera el Tajo lo tendrá que hacer la Unión Europea”.

Además, ha resaltado que la región debe “exigir” al Gobierno de España la dotación presupuestaria para el Centro de Intercambio de Derechos de Uso de Agua en el Alto Guadiana y se ha mostrado contra “la compraventa privada de agua” porque, aseguraba, “gente que no se dedica a la agricultura, como en Estremera, tiene concesiones de agua y se la vende al mejor postor”. Por eso, insistió, “hay que ser solidarios siempre que todos los territorios hagan esfuerzos por una mejor gestión del agua”.

El PP acusa al Gobierno de “sectarismo” en las obras hidráulicas

Por su parte, la diputada ‘popular’, María Roldán, ha lamentado que se haya hablado “poco” de la Agencia del Agua en la Comisión y ha denunciado “los impagos, los recortes presupuestarios y el reparto sectario” del Gobierno regional en materia de abastecimiento y depuradoras. “El 90% de las actuaciones corresponden a municipios gobernados por el PSOE”.

Por otro lado, la diputada regional del PP ha animado al Gobierno regional a decir “dónde están los 30 millones de euros que había presupuestados en 2016 para la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha”, porque, aseguró, este organismo “no recibió ni un euro en todo el año”.

La ministra avisa: si no llueve habrá restricción en regadíos

Precisamente hoy, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio, Isabel García Tejerina, ha avisado de que si no se cumplen las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) -que espera precipitaciones por encima de lo normal en noviembre y diciembre y ausencia de estas en octubre-, habrá que limitar el agua para el regadío para “salvaguardar las necesidades de la población”, aunque se ha referido de forma expresa a Castilla y León. En Castilla-La Mancha, la reserva de agua está al 40,2 por ciento, en el Tajo, en el Segura, al 13,6 por ciento; en el Júcar, al 25,4 por ciento y al 44,9 por ciento, en el Guadiana.

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