Rechazan la venta de 86 viviendas propiedad de la Junta en Toledo que iban destinadas a alquiler

La Consejería de Fomento está explorando vías de colaboración público-privadas para finalizar las obras de las viviendas públicas de la calle Río Guadalmena, que llevan más de diez años paralizadas. Se trata de 86 inmuebles que iban a ser destinados al alquiler social y para los que ahora se plantea una posible venta.

A pesar de que su construcción quedó prácticamente finalizada, la Junta no ha rematado las obras de este bloque que la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo lleva tiempo exigiendo terminar para poder ofertarlas en régimen de alquiler a las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda.

Tal y como explican fuentes de la Consejería de Fomento a este medio, el objetivo que buscan con la mencionada colaboración es poder concluir su construcción y “así garantizar el derecho a una vivienda y que se cumpla la finalidad social que toda vivienda promovida por las administraciones públicas debe cumplir”.

“En esta búsqueda de colaboración también tenemos debemos encajar como está afectando la inflación y la subida de precios ya que los estudios presupuestarios se quedan obsoletos de un día para otro porque cambian sustancialmente los precios de los materiales”, agregan las mismas fuentes cuestionadas sobre la posibilidad de poner a la venta las mismas en lugar de destinarlas al alquiler en un barrio en el que ha alcanzado este año sus máximos históricos.

La Plataforma pide a la Junta que “no haga negocio” con estas viviendas

Precisamente, la Plataforma se va a concentrar delante de estas viviendas este próximo jueves, 5 de mayo las 19.00 horas, para solicitar a la Junta que “no haga negocio” con estos inmuebles. “La empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) ha contestado a requerimiento de la Plataforma que las 86 viviendas se van a destinar a la compra, tal como estaba previsto en el momento en que se edificaron hace ya más de diez años”.

“Es decir, se trata de viviendas con protección pública que se ofertarán en venta a las personas inscritas en el registro de demandantes de la ciudad de Toledo, cerca de 3.000 demandantes”, recalcan, al tiempo que inciden en que “sin duda, las crisis que se han ido sucediendo desde 2008 han hecho mella en miles de familias españolas que ahora tienen imposible adquirir una vivienda en propiedad y apuestan por el alquiler como medio de conseguir una solución habitacional”.

Además, han añadido, en la mayoría de países del entorno hace años que han apostado por la modalidad de alquiler en detrimento de la compra, ya que “da una respuesta más adecuada a la población más vulnerable y con menores recursos económicos facilitando la movilidad geográfica provocada por la escasez y precariedad del trabajo”

Por ello, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo ha solicitado a Gicaman y a la Dirección General de Vivienda que cambien el uso de dichas viviendas y las destinen al alquiler, “para lo que no hay ningún impedimento legal y basta con un mero trámite burocrático para hacerlo efectivo”.

“Un millón de euros” en seguridad y mantenimiento

En opinión de la Plataforma, “el empeño” de Gicaman y la Dirección General de Vivienda en poner a la venta esta promoción es “un intento de hacer caja y de recuperar parte del dinero que han dilapidado en sufragar la seguridad y el mantenimiento de estas viviendas vacías, cerca de un millón de euros”.

La Plataforma por el derecho a una vivienda digna en Toledo ha dado la voz de alarma porque, una vez que se adjudiquen las 86 viviendas de Guadalmena, “no habrá ninguna vivienda de propiedad pública para dar solución a las personas demandantes, salvo varias decenas repartidas por Toledo”. Por tanto, la política de la Junta en materia de vivienda en Toledo, han indicado, “entra en un peligroso colapso para los próximos años, que debe paliar de forma urgente”.

Revalorización tras la apertura del hospital

Otra razón que, alegan, existe para que finalmente se haya decidido culminar la construcción de dichas viviendas ha sido la revalorización que ha supuesto la apertura del hospital universitario, que “también ha disparado el negocio de los locales comerciales, con los que también cuenta esta promoción de viviendas”.

En este sentido, cabe destacar el aumento del precio del alquiler que se está produciendo en este barrio, que en febrero marcaba una media de 6,8 euros por metro cuadrado, un 13,5% más que el mismo mes del año pasado -6 euros/m2-.

Esta situación está afectando a inquilinos y a demandantes de vivienda en alquiler. Como ejemplo, recordamos la situación que se ha dado en un bloque de viviendas de la calle Río Estenilla, enfrente del nuevo hospital, donde un fonde buitre duplicó los precios de alquiler el pasado año. En concreto, el propietario de este bloque es Testa, propiedad a su vez del fondo buitre estadounidense Blackstone.

En venta una parcela para 86 viviendas

De otro lado, la Junta sí que ha puesto ya a la venta una de las diez parcelas de uso residencial con las que cuenta en el Polígono en las que podrían llegar a construirse 1.500 viviendas. A través de la empresa pública Gicaman sacó a subasta la parcela situada en la calle Río Cabriel número 5 por un precio de salida de 1.394.912 euros.

Este suelo, que cuenta con 9.600 m2 de edificabilidad, estaría destinado a la creación de un total de 86 viviendas de protección pública repartidas en seis plantas. Así se detalla en el pliego de condiciones publicado por el Gobierno regional para la subasta de la misma.