Ecologistas en Acción denuncia sueltas incontroladas de jabalíes y perdices en un coto de Ciudad Real
Ecologistas en Acción Ciudad Real ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil lo que considera presuntas irregularidades relacionadas con “sueltas incontroladas” de jabalíes y perdices, “sin tener permiso para ello”, además de realizarse “batidas ilegales desde el coche, incluso utilizando rifle con silenciador”. A eso se sumaría el hecho de cobrar durante la práctica de la caza más reses de las permitidas.
Ocurría en el Monte Público denominado Valdeladrones, en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real) que pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y que, a su vez, tiene arrendada la caza a un particular. La gestión del monte público corresponde a la Junta pero, recuerda la organización ecologista, es el titular del coto el encargado de la gestión de la caza a través de un plan técnico, que ha de ser aprobado por los Servicios Provinciales de Caza, dependientes de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
“Son infracciones incontestables a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que pueden ser constitutivas de delito, y que deben ser investigadas”, señala Ecologistas en Acción que apuntan que también se habrían vulnerado “los requisitos más elementales de sanidad en el manejo de las reses matadas en las monterías, así como en su transporte, sin las mínimas medidas sanitarias”.
El colectivo ecologista hace una llamada de atención sobre estos hechos que califican de “especialmente graves”, no sólo por la vulneración de la legislación cinegética, sino porque ocurren en un monte público, cuya gestión y salvaguarda corresponde a las autoridades medioambientales que, advierten, “deberían de tener especial cuidado a la hora de seleccionar a los arrendatarios de los cotos de caza situados en terrenos de dominio público, y no dejarlo en manos de desaprensivos esquilmadores del bien común”.
Ecologistas en Acción ha aportado fotografías de su denuncia ante la Guardia Civil con el objetivo de que “actúen contra los infractores” en caso de que los hechos fueran constitutivos de delito.
