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El ERE DE CaixaBank afectará a 235 empleados en Castilla-La Mancha

Interior de una oficina Store de CaixaBank.

UGT Castilla-La Mancha ha calificado de “inaceptable” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por CaixaBank, que a nivel nacional representa 8.291 despidos y 235 de ellos corresponden a la región.

Con esta primera propuesta de la empresa, la provincia más afectada sería Ciudad Real, con 72 despidos; seguida de Toledo, con 63; Albacete, con 50; Guadalajara, con 37; y Cuenca, con 13. Actualmente, CaixaBank cuenta con 1.095 empleados en la comunidad autónoma.

Para la Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha la propuesta realizada por la entidad financiera resulta “vergonzosa e inasumible”, una propuesta que –añade- está pensada más para la obtención de beneficios y para pagar la factura de la pandemia que para la eliminación de duplicidades.

Jacinto Navarro, responsable del sector Banca en la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT CLM, ponía de manifiesto que la propuesta es hasta ilegal, con unas condiciones de salida indignas y con unas medidas que hacen inviable la voluntariedad, lo que aboca a despidos forzosos. “No dejaremos de defender los derechos de estos trabajadores y trabajadoras”, añadía.

En opinión de UGT CLM -que rechaza de plano la propuesta-, la dirección opta por el camino más fácil: la mejora de sus ratios de eficiencia vía costes de estructura. Mismos clientes con menos oficinas y menos empleados y empleadas que nuevamente se encuentran en una situación dramática y llena de incertidumbre.

El sindicato sostiene que este proceso de reestructuración debe hacerse bajo la premisa del diálogo con la representación laboral, de la voluntariedad en la adscripción a las medidas extintivas y del respeto a las condiciones laborales de la plantilla. Destaca el esfuerzo de los empleados y empleadas de ambas entidades, hoy fusionadas, cuyo trabajo ha posibilitado la posición de privilegio que ocupa actualmente CaixaBank.

Desde UGT también se indica que el Gobierno central debe tomar cartas en el asunto; no puede avalar este ERE.

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