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Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reflexionar sobre un tema que nos concierne a todos.
En un mundo cada vez más complejo, el aumento de los trastornos mentales entre niños, niñas y adolescentes se ha convertido en una alarma global. No se trata solo de cifras: es una crisis que afecta a muchas vidas, familias y sociedades enteras.
Resulta preciso analizar los datos, afrontar los desafíos y comprender las causas. Según la OMS, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años (alrededor del 14,3%) padece algún trastorno mental, representando el 15% de la carga mundial de morbimortalidad en este grupo. En Europa, una quinta parte de los adolescentes está afectada, con un notable incremento en los casos de ansiedad y depresión.
En países como España, las llamadas por ideación suicida en menores aumentaron un 145% tras la pandemia. Trágicamente, el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años a nivel global. Estos datos revelan un patrón preocupante: un incremento del 17% en malestar psicológico en apenas 3,5 años y más del 35% de los jóvenes entre 11 y 20 años manifiestan sentirse tristes o preocupados constantemente.
En Estados Unidos, el 71% de los adultos percibe que los niños tienen más problemas mentales que hace una década.
En Castilla-La Mancha, la situación refleja esta misma tendencia nacional y global. Según el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha 2018-2025, se estima que al menos el 20% de la población infanto-juvenil presenta algún tipo de trastorno mental, con un aumento significativo en la demanda de atención tras la pandemia, que pasó del 15% al 20%. La región cuenta con recursos específicos como siete Unidades de Salud Mental Infanto-juvenil (USMIJ), 3 Hospitales de Día con 49 plazas y Unidades de Hospitalización Breve con 30 camas, pero las listas de espera y la sobrecarga persisten.
En cuanto al suicidio, la tasa regional era de 7,3 por 100.000 habitantes en 2017, y los datos recientes muestran un incremento alarmante en la mortalidad juvenil: desde 2020 hasta mediados de 2024, se registraron 70 suicidios en menores de 30 años, comparado con 55 en el período 2015-2019. Aunque no se conocen casos consumados en menores de 15 años, las cifras evidencian un aumento de las conductas suicidas entre jóvenes y la necesidad de reforzar la atención preventiva y el apoyo psicológico desde edades tempranas.
Esta crisis no se limita al individuo, genera ondas expansivas en la sociedad. La depresión y la ansiedad son las principales causas de discapacidad en adolescentes, afectando su desarrollo y su futuro laboral. En el día a día, esto se traduce en aislamiento, irritabilidad, bajo rendimiento escolar y, en casos extremos, autolesiones (con un aumento del 180% tras la pandemia) o intentos de suicidio.
Además, la mitad de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años, incrementando el riesgo de adicciones o desempleo en la adultez. A nivel institucional, la demanda creciente satura los sistemas de salud, con listas de espera que superan los tres meses, y agrava desigualdades, afectando especialmente a grupos vulnerables expuestos a pobreza o violencia.
No estamos ante “una fase pasajera”: es una amenaza al bienestar colectivo. Las causas son multifactoriales: Un cóctel de presiones modernas, cuyas raíces son complejas y entrelazadas. La pandemia de COVID-19 duplicó trastornos ansiosos al alterar rutinas y relaciones sociales. Otros estresores incluyen el acoso escolar o el ciberacoso, la presión académica, la adicción a dispositivos, la falta de sueño (que afecta al 12,3% de los jóvenes) y la inestabilidad económica.
En España, por ejemplo, el 70% de jóvenes menores de 35 años no puede emanciparse, lo que genera frustración. También influyen las dinámicas familiares conflictivas, la predisposición genética y la exposición a entornos marcados por la violencia, pobreza o noticias alarmantes. En Castilla-La Mancha, factores como el desempleo juvenil y las desigualdades rurales agravan estos riesgos, según informes regionales de la Federación de Salud Mental.
Como propuestas de cambio es preciso que, a nivel familiar, se fomente la comunicación abierta y hábitos saludables, como la práctica de ejercicio físico y alimentación saludable, que puede reducir significativamente los niveles de estrés. En las escuelas, se recomienda implementar programas de aprendizaje emocional, prevención del acoso y promoción del bienestar psicológico.
A nivel político, es urgente aumentar el presupuesto en salud mental hasta alcanzar al menos un 10-12% del gasto sanitario, reducir los tiempos de esperas y expandir el acceso a terapias. En Castilla-La Mancha, este compromiso podría reforzarse mediante la ampliación del Plan de Salud Mental 2018-2025, incorporando más programas preventivos, como protocolos específicos para el TDAH, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la prevención de suicidio infantojuvenil, en coordinación con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Igualmente, campañas como “Hablar salva vidas” deben ir de la mano con medidas contra la precariedad laboral, la falta de vivienda y las desigualdades educativas. Además, se requieren guías familiares y apoyo comunitario.
En conclusión, la salud mental de niños, niñas y adolescentes no puede seguir siendo un tema secundario. Esta crisis demanda una respuesta integral que no se limite a tratar síntomas, sino que actúe sobre las causas estructurales. Como sociedad, debemos priorizar la salud mental de las generaciones futuras. Hoy es el momento de actuar; el silencio ya no es una opción.
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