Huelga médica

La huelga médica en Castilla-La Mancha tiene algo de novela. Un enredo institucional donde el villano aparente es el Ministerio de Sanidad, pero muchos de los crímenes se cometen en los despachos autonómicos. La consecuencia es que mientras en Madrid se discute el Estatuto Marco a golpe de BOE, en los centros de salud de la región se seguirá sufriendo en silencio la agenda de pacientes y la guardia encadenada.

En el plano jurídico, el núcleo duro de la huelga mira a cuestiones que solo el Estado puede ordenar: el propio Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud y la posibilidad de un Estatuto específico para médicos, algo que exige ley básica y negociación a escala estatal.

También es estatal la arquitectura de la clasificación profesional (A1, A2…), con la reclamación de un 'A1+' que reconozca el itinerario formativo y la responsabilidad clínica del médico frente a otras titulaciones. La definición general de qué es una guardia, los límites máximos de jornada y los descansos mínimos forman parte igualmente del armazón básico; sin esa norma común, las comunidades tendrían barra libre para estirar la goma hasta romperla. Incluso la regulación de compatibilidades de los jefes de servicio es, en lo esencial, una decisión en la que el Estado fija el marco y las autonomías juegan con márgenes, pero no pueden invertir la lógica general.

Desde ese punto de vista, la protesta contra el Ministerio tiene lógica: si el Estatuto Marco sale mal, sale mal para todos; si sale bien, pone un suelo digno del que nadie pueda bajar. El problema, es que el Estatuto puede proclamar reposo dominical y las comunidades seguir programando maratones, siempre que el papel se interprete 'creativamente'.

En cambio, casi todo lo que el médico sufre cuando abre la consulta pertenece al reino de las autonomías. La reducción real de agendas y cupos, la posibilidad de dejar de ver 40-60 pacientes al día en Atención Primaria, no se decide en el paseo del Prado, sino en los despachos de cada consejería que fijan tiempos por paciente, protocolos de citación y ratios de plantilla. Lo mismo ocurre con el aumento efectivo de plantillas, la tasa de interinidad o el cierre silencioso de plazas en zonas rurales; el Estado puede recomendar, pero quien contrata, o no, es el servicio de salud autonómico.

Las retribuciones concretas también tienen acento autonómico: cuánto vale una guardia, qué plus recibe quien duerme en un hospital comarcal, qué carrera profesional se paga y con qué cuantía, todo eso se cocina en cada comunidad, con recetas muy dispares.

El resultado es que dos médicos con la misma formación y guardia pueden cobrar cantidades muy distintas, algo que el relato oficial suele atribuir a 'diversidad territorial', como si se tratara de quesos y no de derechos laborales. La sobrecarga asistencial, las infraestructuras obsoletas y los sistemas de información decimonónicos completan el cuadro: son producto de elecciones presupuestarias autonómicas, no de una maldición bíblica enviada desde el Ministerio.

La sobrecarga asistencial, las infraestructuras obsoletas y los sistemas de información decimonónicos completan el cuadro: son producto de elecciones presupuestarias autonómicas, no de una maldición bíblica enviada desde el Ministerio

Aquí aparece la paradoja: la huelga se presenta casi como un duelo entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, mientras las comunidades autónomas se parapetan detrás del biombo del “nosotros solo aplicamos la ley”. Sin embargo, buena parte de las reclamaciones (agendas dignas, refuerzos de plantilla, salarios y pluses, carrera profesional real) dependen directamente de los mismos gobiernos regionales que contemplan la protesta desde la barrera, cuando no se declaran sorprendidos y comprensivos a la vez.

Tal vez la explicación sea que es más sencillo concentrar el malestar en un único adversario, sobre todo si es políticamente rentable para varias partes: el Ministerio se convierte en personaje malvado de novela, mientras las comunidades se limitan a poner cara de figurantes inocentes. Pero, al final queda al descubierto que casi todos han participado en la chapuza: el Estado por diseñar un marco insuficiente y las autonomías por exprimirlo hasta dejarlo irreconocible.

Al final queda al descubierto que casi todos han participado en la chapuza: el Estado por diseñar un marco insuficiente y las autonomías por exprimirlo hasta dejarlo irreconocible

Si la huelga no se traduce también en interpelar, uno por uno, a quienes fijan cupos, agendas y plantillas en cada región, el riesgo es que todo acabe en una gran reforma sobre el papel mientras en la consulta del lunes siga habiendo cincuenta pacientes y una sola silla.

Espero que los convocantes de la huelga tengan claro ese marco competencial, si no estaríamos ante una manipulación interesada de la precariedad que sufren los profesionales.