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La valentía de Zárate

Banderas de la Unión Europea (UE) ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.

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El pasado día 8 de septiembre intervino en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en nombre de la Plataforma Ciudadana Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura.

El Partido Socialista Obrero Español ha tenido en la Comisión europea, con Cristina Maestre primero y ahora con Ibán García del Blanco, intervenciones muy desafortunadas, intentando justificar el estado de cosas, ciñéndose a las zonas declaradas BIC, al convenio firmado recientemente y al desarrollo de la normativa municipal. 

No tienen en cuenta que las áreas de protección de paisaje –conos visuales- marcadas por la declaración del conjunto Histórico Artístico de 1940 y, posteriormente, por ICOMOS (UNESCO), que son la entrada por la carretera de Madrid y las vegas del Tajo, incluida la Peraleda (no sólo la Vega Baja como insistentemente nos quieren hacer). Incluso la declaración de áreas declaradas y protegidas en ambos casos supera el propio recinto amurallado de la ciudad.

Otro argumento utilizado es de dar por válido un convenio de colaboración basado en un área Histórica que no existe y pone en evidencia las contradicciones que los sucesivos planes urbanísticos municipales han explicitado –incluida la modificación 28-. Además, el portavoz socialista no habla sobre el incumplimiento de la ley al no haber redactado el Plan Especial de actuación sobre el área de protección. 

Ya intentaron, sin éxito, que fuesen los valores ambientales, y no arqueológicos o patrimoniales, los que primaran en los requerimientos de Bruselas, intentando pasar el tema a la Comisión de Medio Ambiente. Y ahora la Comisión reclama también el informe de geo-radar solicitado con anterioridad que ni el ayuntamiento ni la Junta de Comunidades ha remitido al Ministerio, además de no convocarse, como se aprobó en la anterior reunión, el Comité del Medio Ambiente del propio Parlamento Europeo para tratar la cuestión.

El ponente de la Comisión por el Grupo Socialista, Ibán García del Blanco, remarcaba que se había ejercido el derecho de intervención ante el Parlamento Europeo y la posibilidad de recurso o interposición de medidas judiciales por vulneración de derecho. Pero, ¿pueden los ciudadanos europeos o las Organizaciones No Gubernamentales soportar los enormes gastos que ello supone? ¿No sería lo más pertinente que fueran, de oficio, las fiscalías de los órganos tutelares del patrimonio (comunidad autónoma y gobierno central en este caso) las que intervinieran ante una vulneración de los intereses generales? Pero, si no es así, la tutela judicial efectiva ha de realizarse por los órganos pertinentes de la Unión Europea. 

Y no es cierto, como dice García del Blanco, que en este caso no se pueda presumir de la existencia de una “mala práctica sistémica o un incumplimiento estructural con la legislación europea”, ya que la construcción de bloques de cinco pisos junto al Circo Romano o la futura construcción del Cuartel de la Guardia Civil y barrio residencial en la Peraleda no es sino la culminación de una política especulativa que se ha sucedido a través de dictaduras y democracias, alcaldes de un partido y de otro, que comenzó con la construcción de los bloques de la Reconquista (recordemos el sepulcro del médico romano hallado al excavar los cimientos de Telefónica-, siguió con el colegio de Carmelitas –arrasó el teatro romano-, el área urbanizada se amplió con el barrio de Santa Teresa o el de San Pedro El Verde y continuó con la construcción de la Iglesia de San Ildefonso o la consejería de Fomento. También bajo políticas paternalistas se levantaría el Poblado Obrero, los chalets del Instituto Nacional de Previsión o el nudo norte, casi siempre sobre terreno de dominio público. La última tropelía ha sido construir dos bloques –se querían hacer cuatro- de un volumen y estética que atenta gravemente al bien cultural, o las viviendas de lujo junto al Circo Romano ya en zona protegida.

Afortunadamente, el expediente sigue abierto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, votando a favor de mantener los requerimientos los populares García Margallo, su compañera Agnès Evren, con Jordi Cañas por Ciudadanos y Jorge Buxadé de Vox. Mientras, tras la firma del publicitado convenio de colaboración se siguen adaptando superficies para su uso como aparcamiento público o campo de fútbol, y, para proteger los bienes patrimoniales únicamente se convocó en verano un campo de trabajo para labores de limpieza de los restos arqueológicos. Pero, amigos lectores, no dejen que los problemas de gestión de la Vega Baja les distraigan de las maniobras especulativas que aguas arriba y abajo del río se siguen planeando sobre las vegas del Tajo y, con ello, en las áreas que protegen la propia esencia de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

Hay que agradecer que personas como Antonio Zárate, arropado por la Plataforma Ciudadana Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura, lleve a cabo esta lucha quijotesca con dedicatoria plena y recursos propios, enfrentándose así a la inoperancia de los que deberían velar por el patrimonio cultural y a los que destruyen el patrimonio del que, paradójicamente obtienen las plusvalías de sus ganancias.  

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