Piden no abrir en vacaciones el plazo de evaluación ambiental de tierras raras
Continúa la ofensiva de la Plataforma Sí a la Tierra Viva contra el proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel de la provincia de Ciudad Real. En esta ocasión, este colectivo ha realizado una petición formal a la Administración de Castilla-La Mancha para que no saque a periodo de consultas una de las evaluaciones ambientales de la iniciativa. El objetivo es que “no pase desapercibido”.
Según explica la plataforma, el primer proyecto de extracción de tierras raras, ubicado en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad y que abarca una superficie de 1.500 hectáreas de cuadrículas mineras, se encuentra en la fase previa de consultas. Así, el órgano ambiental encargado de evaluar el impacto del proyecto puede remitir al promotor del mismo la documentación de alcance para que presente el proyecto y solicite el inicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Una vez presentado este, el periodo de información al público para presentar alegaciones es de 30 días.
Para este colectivo, presentar estos proyectos en periodo vacacional suele ser “una estrategia llevada a cabo con demasiada asiduidad por parte de los promotores de proyectos de estas características”, con la intención de “pasar desapercibidos por la población y dificultar así el proceso de redacción de alegaciones”. Asegura que si bien la ley no especifica en qué momento del año deben darse estos procedimientos, un proyecto de esta envergadura, con un elevado impacto ambiental, social y económico, debe de ser “en todas sus fases transparente y accesible a la gran mayoría de la población, sin que valgan trampas como tratar de coger a la sociedad desprevenida por el periodo vacacional”.
Es el motivo por lo que reiteran su llamada de atención a los dirigentes políticos, apelando al “sentir común de la ciudadanía”, para que este proyecto no inicie su fase de evaluación ambiental en los meses de verano, instándoles a que antes de ello hagan público el documento de alcance, por su “transcendental importancia”.
“Ese documento es el que contiene los requisitos ambientales y de otra índole exigidos por la Administración ambiental al promotor, a la vez que debe contemplar las sugerencias de las partes consultadas, como organizaciones ambientales, organismos científicos y organizaciones agrarias, entre otros. De lo contrario se podría entender que se quiere coger desprevenidos a los sectores interesados con el objeto de agilizar la aprobación del mismo, y eso sería jugar sucio con los legítimos intereses de la población afectada”, concluye.
