A juicio el alcalde de Recas por eliminar el sueldo de su antecesora a sabiendas de que era ilegal, según la Fiscalía

El actual alcalde de Recas, Eliseo Ocaña (PSOE), y otras cinco personas que eran concejales del PSOE y Ciudadanos, así como una concejala no adscrita, en el Ayuntamiento toledano en 2018 serán juzgados los días 30 y 31 de enero por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La Audiencia Provincial de Toledo enjuicia si fue o no legal una moción de urgencia para suprimir el sueldo de la que entonces era alcaldesa del municipio, la 'popular' Laura Fernández. Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, quienes se sentarán en el banquillo sabían que dicho acuerdo era “ilegal”.

Señala la Fiscalía que “los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, de acuerdo al artículo 404 del Código Penal que hace referencia al delito de prevaricación cometido por funcionarios públicos. En concreto para quienes ”a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años“.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2018, en el último pleno ordinario del año. El Grupo Municipal Socialista presentó una moción de urgencia para suprimir el sueldo no solo de la alcaldesa, sino también de una concejala, Gabriela Zambrano, y de los concejales delegados. Todo el grupo socialista votó a favor, así como la concejala de Ciudadanos y otra edil que entonces era no adscrita y hoy es parte del equipo de Gobierno socialista en la localidad.

La moción ya fue anulada

Según explica la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa. El fiscal cree que procede imponer a cada uno de los acusados la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años, además de las costas procesales. También hace referencia al perjuicio causado a las personas cuyo sueldo se vio suprimido de manera “automática”.

Entre los antecedentes legales del caso, se encuentra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo, que se conoció en agosto de 2020 y que anuló dicha moción. En la sentencia se condenaba también a costas al Ayuntamiento de la localidad. La abogada Laura Hernández recordaba entonces que, de forma “paradójica”, los “precursores” de la moción “triplicaron” la partida presupuestaria para poder aprobar sus nuevos sueldos en 2019.

Para justificar la urgencia de la moción, el Grupo Municipal Socialista lamentaba la “desidia” de la alcaldesa en la gestión municipal, acusándola de “desoír” los acuerdos adoptados por el Pleno. En el propio documento, señalaban que el “equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Recas no trabajaba para Recas, sino para sus propios intereses” y que la situación era “insostenible de desgobierno, con absoluta falta de diálogo y transparencia”.

Diferencias de sueldos

La 'popular' Laura Fernández cobraba como alcaldesa de la localidad, con dedicación parcial, un total de 1.624,67 euros brutos mensuales. Sin embargo, al asumir Eliseo Ocaña la Alcaldía del municipio, se subió el sueldo hasta superar los 2.000 mensuales brutos.

Este medio se ha puesto en contacto con el PSOE provincial de Toledo, que ha declinado hacer una valoración de la situación. Por su parte, desde Ciudadanos Toledo, han señalado que apoyan “incondicionalmente el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de nuestras instituciones judiciales”.

“Creemos que la decisión tomada por nuestra concejala en el pleno, que implicaba la eliminación del sueldo de la alcaldesa y otros concejales, se llevó a cabo bajo la convicción de actuar en beneficio del interés público, aunque no obstante, respetaremos la decisión final tras el proceso judicial”, resaltan desde la formación naranja.

El juicio se señaló en un principio para el pasado 9 de mayo de 2023, pero tuvo que ser suspendido a causa de la huelga de funcionarios de Justicia, y se fijó para los días 30 y 31 de enero de 2024 a las 10 horas.