Pozos de sequía en Hellín, otra fuente de conflicto en la batalla por el agua

La sequía que especialmente este último año vienen padeciendo buena parte de las cuencas hidrográficas del país no es ajena a la provincia de Albacete en cuyo territorio se comprende la mayor parte de la cabecera de la cuenca del río Segura. Aquí la escasez de agua deja a los pantanos de la demarcación a niveles mínimos que apenas se recordaban: el último dato de medición, con fecha 13 de diciembre, establece que los pantanos están, en su conjunto, al 14% de su capacidad.

Con esta situación en el escenario la Confederación Hidrográfica ha decretado que con el agua disponible no es posible garantizar todas las demandas, por lo que se deben tener en cuenta las prioridades establecidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. Es decir, los recursos hídricos que haya, hoy muy escasos, se dedicarán preferentemente a atender las demandas del abastecimiento de la población y del caudal ecológico del río Segura, aprovechando que durante el periodo invernal se produce una reducción en las necesidades de agua para regadío.

Entre las medidas contra la sequía que contempla la Confederación está la puesta en marcha de pozos de sequía, que bombean agua desde Hellín hasta la región de Murcia, para abastecer a los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Taibilla. Una decisión que no ha gustado entre los regantes albaceteños que, desde el momento en que el Gobierno Central dio el visto bueno a su puesta en marcha, fue considerado como un nuevo “expolio” del agua en favor de los agricultores murcianos. Es a partir de ese momento, el pasado 8 de septiembre, cuando comienza una nueva batalla por el agua entre Castilla-La Mancha y Murcia.

Fue la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha, UPA CLM, quien denunció el inicio de las obras de emergencia en estos pozos de sequía el pasado 12 de septiembre. El acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy dotaba con 1,2 millones de euros estas obras para “el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de la batería estratégica de sondeos” en la zona para desviar 9,9 hectómetros cúbicos de agua desde el acuífero Mingogil-Villarones hasta la Región de Murcia.

Días después, el 20 de ese mismo mes, el Gobierno de Castilla-La Mancha paralizaba las obras de que permitirían enviar aguas subterráneas a la vecina región. Lo hacía amparándose en sus competencias de prevención y extinción de incendios donde se prohibe “la utilización de maquinaria y equipos en los montes en cuyo funcionamiento se genere deflagración, chispas o descargas eléctricas” (tareas que se estaban aplicando, precisamente, a cuatro pozos de sequía para su preparación de cara al bombeo de agua a Murcia) mientras durase el periodo de mayor riesgo, fechado hasta el 1 de octubre. Aduciendo una primavera y veranos con apenas precipitaciones y elevadas temperaturas, el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió el pasado 25 de septiembre ampliar este periodo 15 días más, que finalizan, precisamente el próximo 15 de octubre.

La actuación del Gobierno castellanomanchego, bajo el marco de sus competencias, no ha sido el único intento de evitar la puesta en marcha de estos pozos. También los regantes de la cabecera los han recurrido, en este caso llevándolos a los tribunales. Se escudan en que las obras de emergencia se han hecho con caracter de “urgencia” y “saltándose” la declaración de impacto ambiental. En esta batalla para que el agua se quedase en la provincia de Albacete, donde los agricultores padecen desde hace tiempo los efectos de la sequía, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través el Consejo de Gobierno ampliaba la campaña de incendios, esta vez hasta el 31 de octubre, prorrogando así la paralización de las obras de emergencia.

Una vez finalizado esta última prórroga de la campaña de incendios el siete de noviembre hasta cuatro pozos de sequía empezaban con el bombeo de agua.

¿Por qué los regantes de Albacete insisten en que el agua es para riego?

A lo largo de estos meses las partes no se han movido lo más mínimo de su argumentario. Mientras desde el Gobierno Central, a través del subdelegado del Gobierno en Albacete, y de la Confederación del Segura se ha insistido en que el agua que sale de los pozos de sequía es para abastecer a los municipios de la Mancomunidad de Canales de Taibilla, en la que se integran también los pueblos albaceteños de Férez y Socovos, la Plataforma de Regantes de la Cabecera del Segura niega la mayor asegurando que el agua va a los regantes del Scrat, el Sindicato de Comunidades de Regantes del Trasvase Tajo-Segur . “Que no mientan. El agua es para riego”, ha reiterado desde el primer momento Guillermo Sánchez Negrillo, presidente de la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura. Como prueba de lo que está diciendo se remite al Boletín Oficial del Estado.

Se refiere en concreto a la Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el BOE el pasado 6 de Julio, que señala como beneficiarias a las comunidades de regantes C.R. El Carmen, C.R. Las Cuevas, C.R. Murada Norte, C.R. Toma 6 Lo Reche, C.R. Zona 4º Canal de Poniente y C.R. El Acueducto Campos del Río, algunas de ellas integradas en el sindicato murciano de regantes. En esa misma resolución se puede leer que lo que se solicita es la extracción de un volumen total máximo anual de 3.439.713 m³ de aguas subterráneas de cuatro pozos existentes, denominados Las Piedras, La Loma, Tafalla y Tedelche, situados en el término municipal de Hellín, que captan del acuífero Mingogil-Villarones. Así, el texto dice que el agua de estos pozos se incorporaría al vertido del río Mundo para llegar a su destino: las zonas de riego inscritas de las comunidades de regantes solicitantes.

La falta la declaración de impacto ambiental así como la citada resolución publicada por el BOE el 6 de julio son los motivos que llevaron a Plataforma de Usuarios y Regantes de la Cabecera del Segura a denunciar ante la Guardia Civil y por la vía penal la puesta en marcha de estos pozos de sequía en la localidad de Hellín.

Fuera de los tribunales la gran protesta de los regantes y agricultores se escenificó el pasado 21 de octubre cuando un millar de personas se concentraban bajo el lema “¿Agua para todos?, ¿dónde está la nuestra?, en contra del expolio hídrico del sureste de la provincia de Albacete”.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no tienen claro cuál es el uso de ese agua ya que, según explicaba en aquel momento el director provincial de Agricultura, Manuel Miranda: “Tenemos la seguridad total de que va hacia Murcia. Exactamente no sabemos el uso que se le va a dar porque una vez que va al cauce los usos son distintos, sobre todo el regadío”. Por el momento la lucha desde la Administración castellanomanchega ha sido sólo política, se sigue estudiando la posibilidad de llevar a los tribunales la puesta en funcionamiento de estos pozos.

Recursos sobreexplotados

Al acuífero Mingogil-Villarones, desde el que sacan agua estos pozos de sequía, pertenecen 32 municipios y unos 3500 regantes de Albacete, y conecta además con las aguas subterráneas del acuífero El Molar, declarado sobreexplotado, lo que hace temer a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) que se vea afectado también. “No lo podemos entender”, dice el presidente de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, que asegura que estando los acuíferos declarados en mal estado cuantitativo se permiten pozos de sequía mientras se sigue negando agua a los regantes del sureste de Albacete alegando, precisamente, la sobreexplotación de los acuíferos. “De seguir así van a generar unos desequilibrios increíbles en toda la cuenca del Segura”, sentencia Morcillo.

Medidas para el futuro

Tal y como asegura la Confederación del Segura los recursos hídricos que se están extrayendo de estos sondeos (hasta 4,5 hectómetros cúbicos) están destinados exclusivamente al abastecimiento de la población de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (que incluye municipios de Alicante, Murcia y Albacete).

Así, aseguran desde que fue declarada oficialmente la sequía en mayo de 2015, el Gobierno de España ha centrado sus esfuerzos en garantizar el abastecimiento de agua a la población, ya que es el uso prioritario de este recurso. Así, en total se han puesto en el sistema de forma extraordinaria 42,4 hm3 destinados a atender las demandas de la población: 22 hm3 procedentes de pozos de sequía, 2,4 hm3 de cesiones de derechos y 18 hm3 de desalación.

Por el momento se desconoce si se necesitará de más pozos de sequía, hasta ahora hay proyectados 7 en Hellín, o harán falta más en un futuro próximo. Todo depende, dicen desde la Confederación, de cómo evolucionen estos meses.