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Luz verde al techo de gasto de 2018 con las cuentas de 2017 todavía pendientes

Ruiz Molina y Nacho Hernando

Francisca Bravo Miranda

El Consejo de Gobierno ha aprobado el límite de gasto no financiero para el ejercicio de 2018, según lo establecido por la ley, un “paso más” en la elaboración de los presupuestos para el 2018. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que esto es un paso “más” para la aprobación de las cuentas de 2018, todavía a la espera de aprobar las de este año, que pretende presentar ya en el próximo mes de octubre.

El techo de gasto deberá ser todavía remitido a las Cortes regionales y el Gobierno espera poder incluirlo en la sesión plenaria del 31 de agosto, para así poder aprobar tanto la ley de Presupuestos de 2017 como el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio. Éste último ascenderá a un total de 6.159,8 millones de euros, una variación del 3,15% en relación al anterior y con una disponibilidad de 188 millones de euros más. Ruiz Molina señaló que se “espera” que los ingresos asciendan a 5.849 millones de euros en la región. 

La cifra está marcada, entre otros conceptos, por la liquidación del año 2016, y el consejero recordó que gran parte de los ingresos de las Comunidades Autónomas están marcadas por el Gobierno estatal, lo que deja “con poca capacidad de actuación” a los Ejecutivos regionales. Por otro lado, ha señalado que el Gobierno ha autorizado a la región a pasar de un déficit del 0,6% del PIB a un 0,4%, que implicaría cerca de 310 millones de euros. “Estamos dando pasos para que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero, que es lo normal”, señaló.

Rechazo a enmiendas del PP

 El Consejo de Gobierno ha rechazado también la tramitación parlamentaria de 16 enmiendas parciales presentadas por el PP al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017 por suponer unos recortes estimados por los técnicos en unos 160 millones de euros. “No es el momento oportuno”, declaró Ruiz Molina.

El consejero señaló que se ponía en “grave peligro” el cumplimiento del objetivo de déficit para el ejercicio 2018, por lo que no podían seguir tramitándose. El mayor volumen de rebajas fiscales propuestas por el Grupo Parlamentario Popular afectaba al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que “precisamente es un impuesto que pagan aquellos que no son mileuristas, que están trabajando y que no son pensionistas”, ha precisado la Junta.

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