Los propietarios de fincas en Cabañeros reclaman indemnizaciones al Estado por privarles de cazar

Los propietarios de fincas enclavadas en el Parque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real han reclamado la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de los derechos de caza de los que eran titulares, así como por otros derechos detenidos incompatibles con la existencia del Parque Nacional. Un documento que presentaron el pasado 2 de diciembre, según han dado a conocer en un comunicado.

La indemnización ha sido solicitada por la práctica totalidad de los propietarios afectados, que son titulares de más de 16.000 hectáreas situadas en este espacio natural.

La Ley de Parques Nacionales de 2014 habilitó un plazo de seis años para llegar a acuerdos indemnizatorios con los propietarios, pero durante este tiempo, aseguran, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige María Teresa Ribera, “no ha hecho absolutamente nada para dar cumplimiento al mandato legal de indemnización”.

En este sentido recuerdan que la anterior Ley de Parques Nacionales ya estableció un plazo de diez años que debía acabar en 2017 para alcanzar los referidos acuerdos y eso, añaden, “significa que en catorce años las Administraciones competentes han omitido simple y llanamente el cumplimiento de sus obligaciones legales para indemnizar a los propietarios afectados”.

Ahora los afectados reclaman indemnizaciones “por verse privados del principal recurso que les permitía mantener sus fincas, el propio Parque Nacional y una buena parte de la economía de la zona” y que, sostienen, “dependía en gran medida de las actividades cinegéticas”.

Durante la tramitación de la Ley de Parques Nacionales de 2014, explican, “se valoró en sede parlamentaria el montante destinado a indemnizar a los afectados por la Ley en 300 millones de euros”.

Se abre un plazo de seis meses a estas reclamaciones y los propietarios no descartan acudir a la vía del contencioso-administrativo si no hay respuesta por parte de la Administración competente.