Salud Pública reconoce que Incarlopsa se quejó de los veterinarios que denunciaron maltrato animal
El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, ha reconocido que la empresa Incarlopsa se quejó de los veterinarios que denunciaron maltrato animal, porque “se pasaban de sus funciones”, ya que en la empresa trabajan siete veterinarios, de los cuales “cinco hacían una cosa y dos la contraria”, además ha añadido que la Justicia ha dado la razón a la Junta dos veces.
Tordera se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras el nuevo debate (en una pregunta oral del diputado de Podemos, David Llorente) en torno a este tema celebrado ayer en las Cortes regionales.
Tordera ha señalado además que tras estos hechos “uno piensa desde fuera que alguien se equivoca porque no pueden hacer cosas diferentes en lo mismo”, por lo que “entra una duda razonable” y “hay que investigar”. En la investigación, según el director general, se hizo “lo que se hace en todos los casos cuando hay una duda en algo”, primero con una información reservada para “valorar si la denuncia tenía algún atisbo de verdad”.
Reconoce que se abrió expediente pero sin suprimir sueldo ni empleo
Los inspectores encargados de esta primera información reservada “vieron que había indicios de que hubiera algún problema”, por lo que se abrió un expediente y se retiró a los trabajadores de la línea de matadero, pero “se les mantiene en el trabajo con el mismo sueldo y en la misma localidad” y “se les hace que no se dediquen a eso mientras se hace la instrucción”.
Las personas que fueron apartadas “se sintieron agraviadas”, según ha destacado Tordera, por lo que fueron al Tribunal Contencioso-Administrativo de Cuenca, que “da la razón a la Administración”, ya que “está haciendo lo correcto” y le indica que “siga haciendo la instrucción”.
Sin motivos para que “continúen fuera”
En ese punto continúa la instrucción, ha señalado, y cuando termina de hacerse, el instructor dice que “no ve motivos para que continúen fuera”, que “no hay causa” y por ello pide “que vuelvan al puesto de trabajo”.
Esto ocurre en abril de 2017 cuando “se les vuelve a colocar en su puesto de trabajo” y en septiembre de 2017 el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha “vuelve a dar la razón a la administración” y dice que “hay que admitirlos”, algo que se había producido “hacía cinco meses”. A juicio del director general, las decisiones de la instrucción y de la Consejería “han sido acertadas”, ya que los tribunales ordinarios “han dado la razón dos veces” a la Administración regional.
Manuel Tordera, tras decir el juez que la Junta “actuaba al dictamen de la empresa”, ha puesto como ejemplo las opiniones del juez particular de la sentencia de 'La Manada', ya que “a veces los tribunales en sus aportaciones no son relativamente todo lo correctos que deben ser porque no han estado ahí”. “Yo respeto muchísimo y siempre doy la razón al tribunal, aunque esté o no esté de acuerdo”, ha concluido.
