El Tribunal de Justicia castellanomanchego da la razón al Ayuntamiento de Herencia: no tendrá que reponer unas placas franquistas en la iglesia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia que estima un recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Herencia, en Ciudad Real, a una sentencia de un juzgado de Ciudad Real de hace dos años y que ahora queda revocada. Aquel pronunciamiento judicial obligaba a reponer placas fascistas en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced que fueron retiradas hace años.

Se desestiman así los recursos contencioso-administrativos interpuestos por las procuradoras de las partes apeladas. El Alto Tribunal, con este fallo, declara ajustadas a derecho las resoluciones del Ayuntamiento de Herencia de 7 de marzo de 2016 y la de 28 de marzo de 2016 por las cuales se ordenaba la retirada de estas placas en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica.

Según el pronunciamiento, la resolución enjuiciada es plenamente acorde a Derecho, ya que frases como 'Caídos por Dios, por España y su revolución nacional sindicalista“' así como el nombre de 'José Antonio Primo de Rivera' ”forman parte evidentemente de la fraseología del bando vencedor en la Guerra Civil y la posterior dictadura“.

Un periplo judicial desde 2016

Fue en 2016 cuando el entonces alcalde de Herencia, Sergio García-Navas, aseguró que la petición al Convento de los Mercedarios para la retirada de placas en la fachada de su iglesia se ajustaba a la Ley de Memoria Histórica y que en las mismas aparecían citas de “enaltecimiento” de Régimen Franquista y nombres de dirigentes de esta época.

El movimiento municipal llegó después de que la Asociación de la Memoria Histórica de Ciudad Real cursara petición para la retirada de estas placas que generó polémica en su momento tras solicitarse a los propietarios de las placas por escrito su retirada.

Tras la retirada, los familiares de las personas cuyos nombres aparecían en las placas del Convento de la Merced de Herencia (Ciudad Real) manifestaron su indignación ante las formas, y llegaron a calificar los hechos como “vandalismo administrativo de guante blanco”.

Para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, los familiares propusieron al Ayuntamiento retirar las frases que encabezaban estas placas, con formulismos propios de la época, ya que se instalaron en el Convento de los mercedarios en el año 1945. Al mismo tiempo pidieron que se mantuvieran los nombres de los caídos como “símbolo de respeto con los antepasados”.