La Unión Española Fotovoltaica ve “un error” contraponer biodiversidad y huertos solares pero propone avanzar en instalaciones de autoconsumo

“Hay un proceso acelerado y desordenado de expansión de las energías solar y eólica en España puede acabar produciendo daños irreversibles a la biodiversidad”. Lo dicen 23 científicos españoles en una reciente carta publicada en Science.

Una afirmación que ya ha sido rechazada de forma tajante por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).“Es una falsa dicotomía estar contraponiendo la conservación del territorio y de la biodiversidad a la energía fotovoltaica. Es un gran error porque esa problemática no existe”.

Quien lo dice es José Donoso, director general de la UNEF que representa al 85% de las empresas del sector en nuestro país. Ante las críticas de los científicos argumenta que “la mayor amenaza para la biodiversidad en este momento es el cambio climático. No hacer nuevas plantas fotovoltaicas nos lleva a que ese cambio climático siga ahí. Es decir, es no hacer nada contra esa gran amenaza”.

Castilla-La Mancha cuenta hoy con una potencia instalada de energía fotovoltaica de 1.947 megavatios (MW) y aspira a duplicarla a corto plazo. Es un proceso similar al que viven otras comunidades autónomas y estos científicos, entre ellos dos de Castilla-La Mancha, ha pedido “racionalidad”, hacer las cosas “sin prisas” y medir las consecuencias de que los lugares favoritos para su implantación son aquellos terrenos agrarios de poca productividad en los que viven las aves esteparias.

El sector se defiende. “En algún sitio hay que poner las plantas fotovoltaicas y, en cualquier caso, estamos hablando de un porcentaje de superficie muy pequeño. Ponerlo en otro tipo de terrenos de cultivo provocaría que otros dijesen que se perjudica a la alimentación”, dice Donoso.

Alude a un informe de la asociación de empresas. Si se maximizase el desarrollo fotovoltaico que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030, deberían desarrollarse 29.486 MW de fotovoltaica hasta 2030.

Haría falta un uso de terreno medio de 2 hectáreas por megavatio. “Solo se utilizaría el 0,2% del terreno de cultivo y pastos de España y ni siquiera es así porque hay instalaciones de autoconsumo que no están en suelo y también en otros terrenos sin cultivos”. En Castilla-La Mancha, añade, el porcentaje sería todavía menor: un 0,12% del total de la superficie de cultivos y pastos.

También apunta que España ha determinado en qué zonas se pueden instalar o no estas plantas fotovoltaicas. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de publicar un mapa de zonificación de áreas protegidas cuya función, reconoce, “es informativa”. Castilla-La Mancha está preparando el suyo, según explican fuentes del departamento de Desarrollo Sostenible.

Para Donoso “lo importante es que no sean zonas protegidas ambientalmente. Nuestras recomendaciones son muy exigentes y no apoyamos a alguien que quiera poner una planta en zona protegida”.

En la “filosofía” de la UNEF, asegura, debe priorizarse la ubicación “en zonas desnaturalizadas” como los antiguos polígonos industriales abandonadas y hacer “muy, muy bien el estudio de impacto ambiental” para evitar afecciones, por ejemplo, a especies de aves como los sisones o las avutardas. De hecho, asegura, “hay proyectos muy grandes, con trabajo de siete y ocho años que se han caído por esta razón”.

“Sobre todo se intenta que las plantas estén situadas cerca de los puntos de conexión, no solo por un interés económico, sino por el impacto que pueda tener la línea eléctrica. El interés es hacer las cosas bien”, asevera.

Una vez elegido el emplazamiento la UNEF apuesta por no provocar impacto cuando la planta deje de funcionar transcurrido el periodo de vida útil. “No queremos que el terreno esté mejor que antes sino mejor”, asegura, y eso atañe también “a la biodiversidad”.

“La alternativa” son las instalaciones de autoconsumo

Para salvar las críticas de los científicos, Donoso apunta también que la alternativa a las instalaciones sobre suelo son las instalaciones sobre tejado, vía autoconsumo ciudadano o empresarial. “El problema de esto es la matemática. Sería lo ideal, pero es complicado dado el sistema de libre mercado en España”.

En su opinión, en el horizonte 2030 podrían instalarse en España unos 6 gigavatios bajo este sistema, pero, explica, “si se quiere ir más lejos, al margen de la gente que lo hace porque se lo cree, por consideración ambiental o imagen de marca, la mayoría de ciudadanos cuando hacen los números, no les salen…Depende del periodo de amortización”.

Cree que se deberían tomar “medidas” que pasan por reducir el importe de la parte fija de la factura eléctrica. “Es la más alta de Europa, casi un 40% del total frente a la media europea (22%) o entre 0% y el 10% de Estados Unidos. Hay margen”.

La UNEF insta a las comunidades autónomas “eliminar la licencia de obra porque está retrasando entre seis y ocho meses los proyectos y mucha gente se desanima. En ningún país de nuestro entorno la están pidiendo”

Y es que Donoso recuerda que “el que hace autoconsumo de donde ahorra es de la parte variable”. Cree que una reducción en el coste fijo “haría más interesante el autoconsumo, la gente ahorraría más y sería menos lesivo para las personas en situación de pobreza energética”.

Además, reclama a las comunidades autónomas “eliminar la licencia de obra porque está retrasando entre seis y ocho meses los proyectos y mucha gente se desanima. En ningún país de nuestro entorno la están pidiendo”. Ya hay ocho comunidades autónomas que lo han hecho. No es el caso de Castilla-La Mancha.

Las comunidades autónomas que más apuestan por las energías renovables “deberían tener beneficios en el precio de la energía eléctrica"

Junto a eso aboga por “beneficios fiscales de amortización acelerada al autoconsumo, con un IVA reducido. Eso lo impulsaría más” y va todavía más allá. En su opinión, las comunidades autónomas que más apuestan por las energías renovables “deberían tener beneficios en el precio de la energía eléctrica ya que están poniendo su territorio para que el resto del país tenga electricidad limpia y barata mediante el sol. Sería una forma de atraer inversiones industriales”. 

La cuestión del paisaje

¿Y el impacto paisajístico?, preguntamos. LA UNEF asegura que las instalaciones se dotan de muros vegetales, de nidales para pájaros, de zonas acuáticas “con el compromiso de no utilizar agua para riego ni productos fitosanitarios y si hay que cortar la hierba que se destine a ganado local”, se crean hoteles de insectos y se apuesta por las plantas polinizadores y por vallas cinegéticas para que la fauna más pequeña pueda pasar.

“También desaconsejamos el uso de hormigón para hincar las instalaciones y abogamos por la limpieza en seco para no usar recursos hídricos”.

Junto a ello, explica, “apostamos por medidas sociales como potenciar el empleo local y tenemos intención de hacer cursos de formación dirigidos especialmente a mujeres y personas con discapacidad y pagar precios justos a los propietarios de los terrenos”.

Donoso recuerda que una vez instaladas, las emisiones de CO2 de las plantas solares equivalen “a cero”, pero matiza: “Queremos compensar las emisiones de la fabricación, transporte y la instalación de la infraestructura y por eso proponemos que esas empresas inviertan en repoblación forestal dentro de los planes que tenga la comunidad autónoma, si es posible en el municipio o en zonas que hayan sufrido deforestación por incendios”.

En este sentido, explica que actualmente desarrollan un proyecto con donaciones los asociados “para ir sustituyendo las instalaciones diésel en parques nacionales por plantas fotovoltaicas que no contaminen. El espíritu es hacer las cosas bien”, insiste.

Todas estas cuestiones, asevera, “las hemos consensuado con los cinco grandes grupos ecologistas”. Y sin embargo, las críticas de este colectivo hacia las empresas fotovoltaicas, en concreto en la provincia de Ciudad Real, se han repetido a lo largo de este 2020.

Ecologistas en Acción en esta provincia ha denunciado en varias ocasiones el ‘truco’ que utilizan algunas de estas empresas para fragmentar proyectos y evitar pasar por el filtro nacional, quedándose la decisión en el ámbito de la Junta castellanomanchega.

“Eso es ilegal y normalmente la Administración lo ve en el expediente”, dice Donoso, quien argumenta que “el miedo al colapso” en los servicios centrales de la Administración Pública está llevando a algunas empresas a apostar por proyectos no pasen de una potencia instalada de 50 megavatios. Es la manera de que el expediente se resuelva en la comunidad autónoma sin tener que esperar a la decisión del Gobierno central.

“Otra cosa es que se incrementara ese límite de 50 megavatios por parque para descargar la presión sobre el Ministerio para la Transición Ecológica”, deja caer. “Mientras, desaconsejamos la parcelación”.