Un cuarto de las sanciones a residencias de ancianos de Castilla y León en los últimos cinco años se debieron a falta de personal

Las residencias de Castilla y León acumulaban años de sanciones por falta de personal antes de que la pandemia de coronavirus segase la vida de miles de residentes. Entre 2015 y 2020, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, impuso un total de 28 sanciones contra 24 centros de mayores por falta de personal técnico, sanitario y sociosanitario, según datos facilitados por el Portal de Transparencia de la Comunidad. En total, en los pasados cinco años se impusieron 116 sanciones, con las que se recaudaron un total de 834.386 euros.

De todas las sanciones tramitadas, prácticamente un cuarto fueron a censurar la gestión de centros de mayores que carecían de trabajadores suficientes. Aunque este medio no ha podido acceder a los expedientes concretos, la normativa de la Junta de Castilla y León, establece que los centros que atienden a ancianos, deben disponer de un número mínimo de trabajadores sociales, médicos, enfermeros y gerocultores, ATS, terapeutas y psicoterapetuas según el total de residentes, que al menos 24 centros incumplieron. Así, 18 de las sanciones se produjeron porque los centros no disponían del personal de atención directa exigible y 10 por no disponer del personal técnico mínimo exigible. Tres centros fueron sancionados al menos dos veces: Cibeles (Salamanca), Bellavista Castellanos (Salamanca) y el Jardín (León).

La Ley 5/2003 de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León, establece tres tipos de sanciones según la naturaleza de la falta: leves, graves y muy graves. De las 28 amonestaciones impuestas a residencias por carecer del personal mínimo técnico (gerocultor, auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica en geriatría) o de atención directa (médicos, enfermeros, ATS, terapeutas), 25 de ellas fueron consideradas graves y tres de ellas muy graves. La sanción media grave estipulada y la más usual durante el último lustro fue la de 3.001 euros; las graves, difieren según la reincidencia o la seriedad del incumplimiento, pero llegó a amonestarse a un centro de Salamanca con 120.000 euros.

El centro que recibió una mayor sanción económica fue la residencia Cibeles de Salamanca, localizada en Villamayor de la Armuña (Salamanca), en 2019, por no disponer del personal de atención directa, por encima del 35% que exige la ley autonómica. Esta residencia, de gestión privada, acumula en los últimos cinco años cuatro sanciones por un importe total de 165.000 euros. De todos los centros de la Comunidad, la segunda sanción más elevada por tener número insuficiente de trabajadores es la de Santa Marta, un centro religioso gestionado por la Congregación Marta y María en Valladolid, que fue sancionado con 60.000 euros, también en 2019.

Entre las amonestaciones llevadas a cabo por la Consejería de Familia hay 18 por “proceder a la apertura, puesta en funcionamiento, cierre o cese definitivo o temporal de las actividades, traslado, modificación de la capacidad, tipología, características y condiciones de un centro, servicio o establecimiento para personas mayores sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa”, y 11 por “incumplir los requisitos relativos a las prestaciones básicas en función de la tipología del centro y del usuario”, según el artículo 61.G de la Ley 5/2003 Además, tres centros fueron sancionados por la gravedad de este incumplimiento al “no disponer de los medios materiales y humanos necesarios exigidos por la normativa de aplicación, con la consecuencia de someter a los usuarios a una situación de abandono”, según el artículo 62.D de la citada Ley. Los tres centros sancionados fueron, de nuevo, la residencias de Cibeles en 2016 (30.000 euros), Nuestra señora de la Esperanza de Valladolid (90.000 euros) y la residencia Bellavista de Salamanca (60.000 euros), estas dos en 2018.

Según el tipo de empresa, la mayoría de las residencias sancionadas son pequeñas sociedades. Los grandes grupos asistenciales, destaca con más sanciones el Grupo CLECE, perteneciente a la constructora ACS, la empresa del presidente del Real Madrid y empresario Florentino Pérez. CLECE acumula en Castilla y León un total de seis sanciones en seis residencias diferentes, de las 29 que gestiona en la Comunidad, por un importe superior a los 20.000 euros. Dos residencias palentinas de CLECE, la Bañosalud y la de Ciudad de Dueñas, fueron sancionadas por no disponer del personal mínimo exigible con 3.000 y 6.000 euros respectivamente.

Las sanciones al resto de grandes grupos son menos cuantiosas. La residencia Orpea Leon II, del grupo Orpea, que en España administra 53 centros, cuatro de ellos Castilla y León, fue sancionada en 2019 por “incumplir las obligaciones asumidas por la entidad titular del centro respecto de sus usuarios”, con 3.000 euros. Dos residencias del grupo DomusVi, que administra nueve geriátricos en la Comunidad, fueron amonestadas en los últimos cinco años, por la gestión de los geriátricos: el de Nuestra Señora del Camino II (León) y GeroReal en Valladolid. Si bien este centro fue sancionado en 2016 por “proceder a la apertura, puesta en funcionamiento, cierre o cese definitivo o temporal de las actividades sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa”, antes de que la empresa tomase el control. Por este motivo, se llegaron a tramitar 22 sanciones en toda la Comunidad.

El resto de los apercibimientos sancionadores contra residencias en Castilla y León corresponden a diversos motivos. Por número de expedientes destacan los incumplimientos de los requisitos relativos a las prestaciones básicas en función de la tipología del centro y del usuario (14), por incumplir con las obligaciones asumidas por la entidad titular del centro respecto de sus usuarios (5), por “mantener en estado deficiente las instalaciones, locales o mobiliario del centro” (9), por no mantener actualizados o correctamente cumplimentados los libros de registro y control de usuarios (4) y por no tener formalizado contrato con el usuario o su representante legal, que el mismo carezca de alguno de los contenidos exigidos por la normativa específica del sector (4).

Con menos expedientes sancionadores también se sancionó a residencias por por dispensar un trato desconsiderado e irrespetuoso al usuario (2), carecer de la cobertura de riesgos que afectan a los usuarios (2) e imponer a los usuarios cualquier forma de limitación al ejercicio de los derechos reconocidos (2). Por otra parte se tramitó una sanción por no suministrar a la administración los datos o documentos de comunicación obligada; otra por falsear o alterar documentos, o no facilitarlos cuando hayan sido requeridos por la actuación inspectora de la Administración; por utilizar la condición de entidad, centro o servicio acreditado sin estarlo, por realizar ofertas, promociones o publicidad de servicios y centros que no se correspondan con los prestados efectivamente; otra por no aplicar los criterios y estándares de calidad; y una sanción por limitar el derecho a mantener relaciones interpersonales u obstaculizar el derecho a recibir visitas.