El gerente de la funeraria de la estafa de los ataúdes consigue reunir la fianza de 800.000 euros avalada por cuatro inmuebles
El gerente de la funeraria de la estafa de los ataúdes, Ignacio Morchón Vaquero, pasa sus últimos días en el Centro Penitenciario de Valladolid. Tal y como pudo confirmar eldiario.es por fuentes del caso, después de casi dos meses en prisión, Morchón que pretendía permanecer allí para no dejar solo a su padre, fundador del Grupo El Salvador, ha conseguido reunir una fianza hipotecaria que cubre los 800.000 euros fijados por la jueza instructora. La cantidad ha sido avalada con cuatro inmuebles y solo queda esperar el auto que confirme la suficiencia de la misma.
La decisión de reunir esa fianza para obtener la libertad condicional viene, según fuentes del caso, de la necesidad de retomar las riendas de un negocio que fue próspero pero que pasa por sus horas más bajas desde que se llevó a cabo la Operación Ignis. La gente se resiste a llevar a sus muertos a una funeraria donde, según la investigación, los cadáveres eran incinerados en ataúdes viejos o sobre tapas para revender los féretros, o donde las flores y las coronas pasaban de un fallecido a otro hasta que se marchitaban. Un extrabajador condenado por extorsión aportó pruebas contundentes: cientos de fotos que demuestran las cremaciones irregulares y anotaciones que reflejaban los cambios de ataúd o incineraciones en hornos distintos a los contratados
Se calcula que la estafa afecta a más de 5.000 personas y se cree que la cantidad defraudada ronda los siete millones de euros. Los Morchón, empresarios respetados hasta que se conoció la investigación, tratan de sostener un imperio que se desintegra. El juzgado ha embargado multitud de bienes y la Agencia Tributaria estudia minuciosamente sus cuentas.
Una documentación ingente que requiere tiempo
El material y la información recopilados es tan ingente que la jueza ha solicitado que se declare causa compleja, lo que conlleva como mínimo, una fase de instrucción más amplia, de 18 meses como mínimo ya que se pueden solicitar prórrogas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya ha emitido un informe favorable. Señala que el proceso merece la calificación de causa compleja por corrupción, debido a los presuntos delitos que investiga: delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal pero también por la pluralidad de personas investigadas: 26 hasta el momento. También señala la existencia de organización criminal, el “elevadísimo” número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la especial complejidad de la instrucción. Todo ello puede deducirse, ha matizado la Sala, “del notable volumen alcanzado por las actuaciones a pesar de su reciente incoación” y sin olvidar además que, por la naturaleza de los hechos investigados, la causa ha provocado un notable impacto social con la consiguiente repercusión mediática.
En cuanto a las medidas interesadas, el TSJCyL ha considerado que merece un informe favorable la solicitud de auxilio a la Unidad de Apoyo a las Causas Complejas por Corrupción del CGPJ para el refuerzo del personal de la Oficina Judicial y de la letrada de la Administración de Justicia, en los términos especificados por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid.
La Sala también ha resuelto informar favorablemente a la incorporación en la actividad del órgano judicial de un equipo compuesto por un inspector y un subinspector del Ministerio de Hacienda, u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, para facilitar el análisis contable, fiscal y mercantil de la documentación intervenida, en tanto que dicha medida ha de considerarse también incluida dentro de la actuación de la citada Unidad y, a la vista de que, según la magistrada, dicho auxilio técnico de especialistas de Hacienda resulta imprescindible para la instrucción de la causa. La Sala de Gobierno ha remitido este informe a la Unidad de Apoyo a las Causas Complejas por Corrupción del CGPJ y a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid.
