La consejera de Familia de Castilla y León asegura que la Junta “sólo ha intervenido una residencia de ancianos” y que actúa en otras

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha asegurado este lunes que el Gobierno autonómico sólo ha intervenido, según lo establece la Orden ministerial, una residencia de ancianos, Valle del Cuco, en Adrada de Haza (Burgos), si bien actúa en otras proporcionando material y profesionales.

En la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, Blanco ha subrayado que la Junta está “las 24 horas del día” en contacto con las residencias de personas mayores y personas con discapacidad.

La intervención de la Junta en la residencia Valle del Cuco se produjo por una situación de colapso y se ha nombrado a un funcionario para hacerse cargo de la misma, puesto que la mayoría de su personal estaba de baja por coronavirus.

Del medio centenar de residentes dos fueron trasladados a un centro hospitalario mientras que al resto se les evacuó a residencias públicas donde había plazas disponibles, como residencias de Burgos, Aranda de Duero, la Puente de Hierro en Palencia y Parquesol en Valladolid.

Blanco ha restado importancia a la situación de la residencia de Caboalles de Abajo, en León, donde hay trabajadores confinados “por decisión propia” con 12 residentes y 13 fueron ingresados en el hospital por presentar síntomas de coronavirus. “El confinamiento es una decisión personal; en este caso hay que agradecerlo”, ha declarado la consejera

La Junta atiende además las necesidades de material y personal en la residencia La Rosaleda, en Ponferrada (León), con 12 internos hospitalizados, 22 enfermos de coronavirus y cuatro con síntomas compatibles.

“Nos preocupan todas las residencias de la Comunidad, por eso hemos puesto en marcha una aplicación informática para mapear las 1.200 residencias de ancianos y de personas con discapacidad”, ha asegurado Blanco. Mediante esa aplicación, la Junta conoce al detalle la situación diaria, porque los centros remiten datos de fallecidos, contagiados y aislados, así como datos sobre el personal o material que necesitan.

La Junta, si es necesario envía personal de la Gerencia de Servicios Sociales , de asociaciones de discapacidad, de Cruz Roja, o incluso recluta trabajadores a través del Ecyl o centros privados de prestación de este tipo de servicios que actualmente están cerrados. Hasta el momento, no se ha requerido al Ejército para reforzar el personal.