Igea admite que el propio testigo le mandó el vídeo sobre la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca y asegura que fue un “pago de cuotas”

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha reconocido este jueves que fue el propio militante del PP, hoy fallecido y citado por el juzgado que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Salamanca, quien le mandó el vídeo en el que relata cómo recibió una llamada para que votase en las primarias a favor de Alfonso Fernández Mañueco a cambio de satisfacer cuotas atrasadas.

Igea, que a preguntas de eldiario.es ha asegurado que no conserva esa grabación, también se ha mostrado visiblemente contrariado porque hay “algún titular que habla de financiación ilegal” . “Esa persona me dice que se le ofrece pagar las cuotas, es falso que se hable de financiación ilegal”, ha afirmado. 

Según Igea, en el vídeo se hace “una afirmación que está descartada como delito por el propio juez, que le pidieron votar y eso no está contemplado como delito”. Es cierto que el juzgado que instruye la causa ha descartado tanto el delito electoral como el de extorsión, pero sí que esta investigando  un presunto delito de financiación ilegal. Es por lo que el caso se ha reabierto recientemente, y es por lo que se ha requerido al PP de Salamanca un listado “desglosado y detallado” con los nombres y apellidos de los cargos electos, asesores o personas relacionadas con el partido que efectuaron alguna de las donaciones, el cargo electo o actividad que desempeñaba en el momento de realizar esa donación, la cantidad donada y la persona o entidad a la que entregó el dinero y la justificación documental (recibo o movimiento bancario si lo hubiere, o en su defecto, declaración jurada del donante).

Además, también requiere al PP salmantino otro listado con la identificación “anonimizada” del militante del PP cuyas cuotas hayan sido sufragadas por las donaciones, la cantidad económica a la que ascendían las cuotas adeudadas que han sido sufragadas por las donaciones y la justificación documental que refleje el pago de las mismas. Una vez que esta relación se haya aportado, el letrado de la Administración de Justicia tendrá que cotejar las justificaciones documentales de pago con el listado de afiliados, que ya se custodia en la secretaría del juzgado, para extender diligencia de constancia. En esa diligencia los afiliados no aparecerán identificados por su nombre sino por un número y se hará constar la coincidencia o no de las justificaciones.