La Junta de Castilla y León advierte a la Cámara de Comercio de Valladolid de que debe hacer un plan de viabilidad: “La ley está para cumplirla”
El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez,que ha asumido este jueves la portavocía por estar Francisco Igea ausente, ha sido tajante respecto a la situación de la Cámara de Comercio de Valladolid. Tal y como desveló eldiario.es, tras incurrir en varios ejercicios negativos, la Junta, en cumplimiento de la Ley de Cámaras de Castilla y León, le ha impuesto la elaboración de un plan de viabilidad que deberá cumplir en un máximo de cuatro años o se procederá a su extinción.
Sin embargo, en un email enviado a los empresarios de Valladolid y al que tuvo acceso este diario el pasado martes, el presidente, Victor Caramanzana, negaba la mayor para precisar que el plan de viabilidad era “una simple observación de la Junta”.
“La ley está para cumplirla”, ha asegurado Ibáñez en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. No obstante, el consejero de Presidencia no ha aclarado qué pasos se darán si la Cámara, tal y como es su intención, no cumple la ley. “La Junta de Castilla y León tiene competencias desde el punto de vista tutelante” ha aclarado el consejero. Ello incluye la aprobación de cuentas y realizar las fiscalizaciones oportunas, sin embargo, según Ibáñez “la competencia de gestión es de ámbito estatal” y la Junta “no tiene determinadas herramientas”, porque “sólo es tutelante”. Ibáñez ha añadido después que “no hay interpretaciones” sobre el cumplimiento de la Ley de Cámaras que entró en vigor el pasado mes de enero, que es “ineludible” y que “más allá de las declaraciones están las acciones”.
La Cámara pleitea con la Junta, su administración tutelante
Sobre el pleito que ha interpuesto la Cámara de Comercio de Valladolid contra la Junta de Castilla y León en un tribunal de lo Contencioso Administrativo, el consejero ha recordado que la Junta colaboró con la institución cameral para poner en marcha el proyecto de la Escuela de Cocina, que fue financiada por la empresa pública Ade Parques por valor de 5 millones de euros. Desde entonces, se construyó en el año 2012, Ade Parques, hoy absorbida por el Instituto de Competitividad empresarial de la Consejería de Economía, ha realizado “peticiones recurrentes para el cobro de esa deuda”. La Cámara, ha dicho Ibáñez, tenía “incapacidad para devolver el préstamo o discrepancias para hacerlo” y ha acabado recurriendo a los tribunales. “Hasta que no obtengamos resolución, no podemos avanzar más en la devolución del préstamo”, ha reconocido.
Además ha querido enviar un “mensaje general” a las cámaras de comercio, “corporaciones públicas de derecho privado que desarrollan importantes encomiendas en el ámbito de la empresa”. Ibáñez ha pedido “tranquilidad” y ha dicho que hablar de que tienen “determinadas espadas de Damocles” puede generarles “inseguridad”. “Nuestra intención es hacer lo que tenemos que hacer pero mandar ese mensaje de tranquilidad”, ha zanjado. Ibáñez no ha querido pronunciarse sobre si la deuda acumulada de la Cámara de Valladolid, por encima de los 8 millones de euros, no supone un peligro para su continuidad. “Unos buenos gestores tendrán la capacidad de determinar medidas oportunas para corregir la situación”, ha comentado.
