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PP y Vox se enredan en una pugna que pone en jaque los Presupuestos de Castilla y León de 2026

Carlos Fernández Carriedo,  y Alfonso Fernández Mañueco el pasado martes.

Laura Cornejo

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El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco va a tener dificultades para sacar adelante los Presupuestos de 2026. El enfrentamiento con Vox, exsocio hasta el verano de 2024, se recrucede precisamente por la sección 20 de las cuentas, donde se refleja la partida destinada a las Cortes de Castilla y León, presididas por Vox, y sus instituciones propias. La abstención de Vox y el propio PP, y el voto en contra del PSOE hizo que no se aprobasen, y todo ello un día después de que Mañueco hubiese presentado los Presupuestos ante los medios. Lo que dice el PP es que no entiende por qué las Cortes no aprueban unas cuentas elaboradas por ellos mismos y que es el presidente, Carlos Pollán quien debe dar explcaciones.

Este jueves, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes denunciaba como “inaudito” la abstención de Vox de sus propios presupuestos. “Primero huyen del Gobierno, después critican los presupuestos y ahora se abstienen de los suyos. Es el reflejo de un partido sin rumbo ni responsabilidad, completamente inhabilitado para gestionar”, apuntaba. El portavoz reprochaba a Vox su actitud “irresponsable e incoherente” por bloquear unos presupuestos que ellos mismos habían elaborado desde la Presidencia de la Cámara y ha explicado que el PP optó por la abstención en la Mesa al considerar que el presidente de las Cortes debía asumir la responsabilidad sobre la sección presupuestaria que le corresponde. “Es Vox quien tiene que explicar por qué no defiende ni su propia propuesta”, insistía.

La situación es inédita y no se había dado hasta ahora en el Parlamento autonómico pero no es exactamente como la describe el Partido Popular. La Presidencia de las Cortes sí elabora un presupuesto, pero las instituciones propias (Consejo Económico y Social, Procurador del Común y Consejo Consultivo) elaboran los suyos y los remiten a los grupos parlamentarios. Y en en esas partidas donde, para Vox, está el problema: no quieren que el CES tenga una dotación para los sindicatos, o que aumente su plantilla con dos personas más. Sobre este último aspecto, el pasado 6 de octubre Presidencia de las Cortes pidió al CES que justificase por escrito el incremento de personal.

La respuesta llegó el 10 de octubre (viernes y con lunes festivo de por medio). Aun sin estar aprobada esa sección 20, y con la Mesa de las Cortes convocada para el día 15, Mañueco citó a los medios el 14 de octubre para presentar los Presupuestos, y fue al día siguiente cuando la Mesa de las Cortes (formada por Vox, PP y PSOE) se reunió para votar su sección. No salió adelante, pero el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo registró el Anteproyecto de Ley de Presupuestos esa mañana, dando la sección 20 por buena.

Por si eso fuera poco, los Presupuestos se presentaron sin haberse aprobado en las Cortes el techo de gasto, condición imprescindible antes de votarlos. El debate y votación del techo se abordará en el Pleno de la semana que viene, pero los de Vox dudan de la legalidad de registrar los presupuestos antes de tener fijado el techo y duda que se puedan presentar con esa sección 20 sin aprobar.

La Cámara ha solicitado a la letrada mayor que elabore un informe para determinar si la Junta se puede registrar y debatir el proyecto del Presupuesto General de la Comunidad sin que el Parlamento haya aprobado el techo de gasto, una petición que también se ha solicitado al Consejo de Cuentas a petición de Vox y a la que se ha sumado el grupo socialista. ¿Por qué se resiste el Gobierno de Mañueco a rectificar? Porque podría suponer un retraso en la tramitación de los Presupuestos, y con una disolución de las Cortes a mediados de enero por fin de legislatura y convocatoria electoral, dejaría al presidente de Castilla y León no sólo sin unos presupuestos, sino con unos prorrogados que elaboró con Vox, un escollo en precampaña electoral.

Y en medio de todo ese embrollo, aflora la deuda que la Junta mantenía desde hace meses con el Parlamento, de casi 12 millones de euros y que decidió saldar poco antes de que la Mesa de las Cortes se reuniese para votar su presupuesto. La transferencia, hecha de madrugada, se conoció por la tarde, según fuentes parlamentarias, de ahí que el presidente Carlos Pollán, hiciese declaraciones reclamando los pagos, sin tener conocimiento de que se habían realizado ya.

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