La hija del propietario de la funeraria de la estafa de los ataúdes ya ha reunido la fianza de 200.000 euros
La hija del propietario de la funeraria de la estafa de los ataúdes, Laura Morchón, ha reunido ya la fianza de 200.000 euros para obtener la libertad condicional, según ha podido saber eldiario.es por fuentes del caso. En concreto, ofrece una fianza hipotecaria, un inmbueble cuyo valor ha sido declarado suficiente para cubrir la cantidad exigida. Una vez que se anote en el registro de la propiedad y la documentación llegue al juzgado, se prevé que salga de prisión.
La joven fue detenida el pasado 8 de febrero e ingresó en prisión por los presuntos delitos de estafa continuada y organización criminal. En un primer momento, la jueza instructora fijó una fianza de 800.000 euros, la misma que para su hermano, para obtener la libertad condicional. Tras dos recursos de su letrado, la Audiencia Provincial rebajó la cantidad a 200.000 euros.
A pesar de los embargos judiciales que pesan sobre las propiedades de la familia, la cantidad ha podido reunirse el pasado 15 de marzo a través de una hipoteca que se inscribirá en el registro de la propiedad.
La 'Operación Ignis', una investigación policial de más de un año, materializada el pasado 31 de enero y adelantada por eldiario.es, reveló que Grupo El Salvador, la empresa de pompas fúnebres más importante de Valladolid, llevaba 20 años realizando cremaciones irregulares. Según la Policía, los cadáveres se cambiaban de ataúd para revenderlos posteriormente, y las incineraciones se llevaban a cabo en un tanatorio distinto al contratado y depositando los cuerpos en cajas para restos, tapas o féretros muy dañados.
El dueño de la empresa, para el que se fijó prisión sin fianza, acumulaba en su vivienda casi un millón de euros, guardado en bolsas de supermercado. La investigación arrancó por una denuncia por extorsión contra un antiguo empleado que a lo largo de dos décadas documentó y fotografió cada cambio de féretro. El hombre pretendía obtener una cantidad económica a cambio de no revelar la estafa. Su procesamiento y posterior condena por extorsión, puso de manifiesto el ingente archivo que demostraba cómo casi 6.000 cuerpos fueron incinerados en condiciones muy distintas a las contratadas, y que el beneficio obtenido es de unos 7 millones de euros.
