PP y Vox aprueban ir a la Justicia contra Renfe y Adif para frenar la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

El Ayuntamiento de Valladolid tomará las medidas administrativas y judiciales que sean necesarias para mantener viva la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ante la liquidación de la misma por parte Adif y Adif Alta Velocidad de la resolución. Así lo ha aprobado este lunes en Pleno con los votos a favor de PP y Vox, en contra del PSOE y la abstención de VTLP. El equipo de Gobierno mantiene así el pulso con el ministro de Transportes en el conflicto entre el modelo de integración ferroviaria y soterramiento que el consistorio, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, mantiene en la ciudad del Pisuerga.

Tras una infructuosa reunión el 24 de noviembre, Adif y Renfe anunciaron el fin del convenio de la integración ferroviaria de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) al entender que los incumplimientos, rechazos y “tácticas dilatorias” del Ayuntamiento que dirige Jesús Julio Carnero (PP) hacían inviable continuar con el convenio, vigente desde 2017.

“alguien no perdona haber tenido que salir por la puerta del Ayuntamiento”,

Junta y Ayuntamiento criticaron la medida y adelantaron que tomarían medidas al respecto. El primero en mover ficha ha sido el consistorio aprobando que los servicios jurídicos interpongan las acciones necesarias ante la denuncia del convenio de la SVAV. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha indicado que cuentan con un informe jurídico que recoge que el Ayuntamiento tendría justificado ir a los tribunales porque la resolución del convenio es “claramente perjudicial” para el municipio y podría imponer costes en función de daños y perjuicios. Cabe recordar que la Justicia tendrá que decidir por el impago de 11 millones de euros, de los cuales tres procedían de anualidades previas, del ejercicio de 2024 que el Ayuntamiento no abonó al entender el silencio ministerial como una autorización para el pago de esa cuantía.

Para el concejal, como ya ha defendido con anterioridad el alcalde, “no hay ningún incumplimiento” del convenio de SVAV por parte del Ayuntamiento por lo que no tendría que estar obligado a indemnizar a la otra parte.

El PSOE, por su parte, ha presentado una enmienda, que no ha salido adelante, para que el consistorio reconozca de manera extrajudicial el pago de los 11 millones de la SVAV que le reclama el Ministerio de Transportes. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha sugerido a Carnero que esta medida podría “reconducir la situación” sobre la disolución de la SVAV, además de volver a sentarse a negociar la realización de las obras de los pasos en el entorno de Ariza y Ciudad de la Comunicación.

Herrero ha reprochado a Carnero por, a su juicio, ir “en contra de los intereses municipales” y tirar “recursos” para paliar las consecuencias de una decisión tomada a manera “personal”

Gutiérrez Alberca ha reprochado a Herrero que no actué como concejal de Valladolid, sino que vaya a favor de Renfe y Adif, algo que, como ha afeado el edil, es “perjudicial” para la ciudad. “Alguien no perdona haber tenido que salir por la puerta del Ayuntamiento”, ha señalado en referencia al excalcalde Óscar Puente.

Por su parte, Carnero ha aprovechado para cargar contra Herrero y el ministro Puente. Para el regidor la postura del PSOE de Valladolid le parece “todavía más triste” que el hecho de que “un tercero en Madrid actúa como actúa”.

“Clama al cielo cuando lo que se trae aquí es defender lo que jurídicamente es defendible y ustedes ni tan siquiera quieran permitir que se puedan llevar a cabo esas acciones legales. Está mal que se haya resuelto el convenio de manera unilateral, ya veremos quien tiene razón”, ha apostillado.

Fuera del reproche entre Ayuntamiento-Junta y Ministerio, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita ha reflexionado sobre que no entiende el motivo del equipo de Gobierno por defender el soterramiento y que quiera mantener a toda costa el convenio de la SVAV, que recoge la integración ferroviaria, proyectos incompatibles al ser “radicalmente distintos”. “No podemos apoyar entrar en litigios de esta manera, vamos a gastar mucho dinero”, ha remachado.