La escolarización de los niños de 2 años arranca entre denuncias por la opacidad de la Junta de Castilla y León

Fue una promesa de campaña del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y después un mandato de la Ley Celaá: la educación gratuita de los niños de cero a tres años. Mañueco prometió que a partir del próximo curso podrían entrar en el sistema educativo los niños de dos años.

Sin embargo, solo se ha hecho público el listado provisional de centros educativos y el plazo de inscripción en los colegios públicos, que empieza este lunes 18 de abril —los centros privados pueden abrir el plazo de inscripción antes si quieren—. La escolarización de los niños de 2 años arranca entre denuncias por la opacidad de la Junta de Castilla y León.

“Todo se ha hecho a espalda de los sindicatos”, reprocha la secretaria autonómica de Educación de CCOO, Elena Calderón, que critica que la Consejería “no ha vuelto a hacer nada” desde que Mañueco convocara las elecciones que se celebraron el 14 de febrero. Este lunes Mañueco fue investido presidente autonómico con el apoyo del Partido Popular y de Vox y está prevista su toma de posesión el próximo martes. Educación quedará bajo el control 'popular', pero todavía no se sabe si Rocío Lucas repetirá como consejera o si habrá que nombrar a un equipo directivo nuevo.

El listado provisional de centros que atenderán a los niños de dos años se hizo público a mediados de febrero: 220 centros municipales de Educación Infantil, 30 escuelas infantiles de la Junta, 121 colegios públicos y 235 centros privados, que ahora recibirán una subvención por prestar un servicio que -muchos- ya daban. Los sindicatos educativos critican que no se les haya informado sobre qué criterios se han utilizado para elegir esos centros y no otros.

Algunos representantes sindicales han reclamado que se oferte educación para niños de 2 años en todos los centros educativos, sin respuesta —denuncian—. Educación prevé que la próxima semana también salga el listado definitivo de centros que ofertarán el próximo curso educación gratuita para niños de 2-3 años.

Los sindicatos denuncian opacidad por parte de la Consejería de Educación, que defiende que solo sigue con los trámites habituales. Mientras, los padres no saben si el centro de al lado de su casa está incluido en un listado nuevo o no. “Nos falta información y por más que hemos preguntado cómo se va a hacer en los centros públicos, no nos han dicho nada”, protesta la secretaria de Enseñanza de UGT Castilla y León, Beatriz García.

“Un concierto educativo encubierto”

El sindicato CSIF remitió a primeros de abril una queja al Procurador del Común —el Defensor del Pueblo de Castilla y León— para dejar constancia de la “falta de información y negociación en la Mesa Sectorial”. “La orden de la Junta permite a los centros privados y concertados que comuniquen las unidades y plazas de que disponen y soliciten autorización como centro educativo, pero en la educación pública no se ha dado la posibilidad a todos los centros públicos de adherirse a estas enseñanzas”. La organización sindical denuncia que esta orden supone “un concierto educativo encubierto” porque se pagará a los centros privados por dar un servicio público “que se convierte en gratuito”, pero que no llega a muchas localidades del medio rural porque no hay centros concertados alrededor.

CSIF también lamenta ante el Procurador del Común que se desconoce la forma jurídica y administrativa que se dará a ese pago a los centros privados, ni qué cantidad se va a pagar por alumno y/o aula. “Las empresas concurren a un proceso de contratación sin que las bases se hayan establecido previamente”, reprocha el sindicato, que reclama que se abra un proceso de solicitud voluntaria para impartir dicho ciclo en el que puedan participar todos los centros públicos que lo soliciten “en igualdad de condiciones, evitando agravios comparativos”.

Mientras, muchos padre no saben qué hacer. La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Rurales de Castilla y León (Confarcale) espera que este asunto se “clarifique”. “Se ha ido dejando y dejando y cada vez la gente está un poco más nerviosa porque no saben cómo hacerlo el curso. Hay bastante incertidumbre”, lamenta el presidente de Confarcale, Antonio González.  

La presidenta de ANPE Castilla y León, Pilar Gredilla, reprocha que Educación haya elegido sus centros “con unos criterios que se desconocen, sin pasar por la Mesa ni informar” a los sindicatos, directores o trabajadores, sobre todo cuando estos cambios van a “influir en el funcionamiento de los centros”.

Incógnitas sin resolver

Además, hay cuestiones de logística que la Educación Pública debe solucionar: ¿qué profesionales se harán cargo? ¿Maestros o técnicos en Educación Infantil? ¿Se alargarán jornadas de trabajo o se contratará a interinos? ¿Qué metodología va a llevar cada centro? La LOMLOE añadió un carácter más educativo y no tan asistencial a este ciclo. “La educación privada tiene distintas filosofías, pero con la pública no se sabe. ¿Cuándo lo vamos a decidir, el 30 de agosto?”, reprocha Beatriz García, que recuerda que ya ha salido el concurso de traslados de Educación, pero no figuran las nuevas plazas que se crearían para atender a los niños de dos años.

El secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán, destaca el fomento de la conciliación y defiende “la libertad de los padres para elegir centros”. Roldán espera que progresivamente se avance en la educación gratuita de cero a tres años y que finalmente se concierte toda la enseñanza. Beatriz García reprocha la gran presencia de centros privados en esta oferta: “la concertada debe ayudar donde no llega la pública, no suplirla”.

Los sindicatos profesionales defienden que la estrategia de la Junta de Castilla y León beneficia a los centros concertados que ya ofertaban educación a niños de dos años, porque no tendrán que pagar a esos trabajadores, sino que al final lo acabará pagando el erario público. Además, esos niños luego continuarán en el centro privado en el que han empezado, normalmente. “La continuidad para los papás es relevante, porque ya conocen el entorno y a los maestros”, apunta García, que insiste en que el gobierno autonómico “fomenta la matriculación en la concertada porque da unas garantías que la pública no puede dar ahora mismo”.

Ante las críticas de que se genere una desigualdad entre centros públicos y privados al poder reservar ya una plaza en los privados, Roldán defiende que esta reserva siempre se puede cancelar y asegura que si unos padres tienen muy claro que quieren llevar a su hijo a la escuela pública, esperarán al listado definitivo si su centro no está en el listado inicial.

Gredilla lamenta que todavía no se sepa si habrá más centros educativos que oferten enseñanza a niños de dos años o no, puesto que el listado inicial es “insuficiente” y no servirá para cubrir toda la demanda que —calcula— tendrá. Gredilla espera retomar las negociaciones con la Consejería de Educación en las próximas semanas, cuando ya haya un nuevo gobierno en Castilla y León.