El Juzgado de lo Penal número 1 de Palencia ha condenado a dos furtivos a los que pilló la Guardia Civil mientras intentaban cazar un lobo en un coto de caza en Castrejón de la Peña (Palencia) en febrero de 2021. Los cazadores furtivos no contaban con ninguna autorización de caza, aunque sí poseían un precinto de lobo, que pertenecía a un coto de caza de Vallespinoso de Cervera (Palencia), distinto al del lugar en el que se encontraban. “Posiblemente [era] para poder hacer legal el acto de furtivismo nocturno de caza, si hubiesen conseguido abatir un lobo”, señala el juez en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.
El juez los ha condenado por un delito contra la protección de la fauna a una cuota diaria de 12 euros durante seis meses (unos 2.100 euros) y la responsabilidad personal subsidiaria prevista en caso de impago, así como la inhabilitación especial para cazar durante dos años. Ecologistas en Acción, que ejerció la acusación popular, pidió penas mayores: siete meses de multa con una cuota diaria de 15 euros y la prohibición de cazar durante tres años. “A pesar de ello, la asociación ecologista valora de manera positiva la sentencia, que no es firme, ya que no se llegó a abatir pieza alguna y que la especie objeto del acto de furtivismo, el lobo, aún no contaba con la protección actual”, señala a través de un comunicado.
Los condenados llevaban ropa e indumentaria de caza y estaban en una caseta “en clara actitud de cada nocturna” y a unos cien metros de un cebadero preparado con animales muertos y atados para que sirvieran de cebo. Los cazadores llevaban un rifle municionado, una mira telescópica con visor térmico y una cámara térmica. “Ambos contaban con visores térmicos o nocturnos, lo que les permitía visualizar los animales por la noche sin necesidad de usar aparatos luminosos y no ser detectado ni por los propios animales ni por las patrullas de vigilancia”, apunta la sentencia.
Los cazadores no llegaron a abatir ningún animal porque los agentes de la Guardia Civil les sorprendieron. “De forma apresurada salieron del apostadero y se dirigieron a refugiarse en una vieja caravana que se encontraba abandonada a escasos metros. Los agentes les encontraron sentados y un poco agachados en el interior de la caravana, portando un rifle en la mano perfectamente municionado y listo para disparar que lo tenía colocado entre las piernas, si bien había sacado el grupo disparador y lo había metido en una mochila, así como la mirilla nocturna, la cual tiró entre unas bolsas de basura en el interior de la caravana, a fin de que no la descubriesen, pero sin que le diera tiempo a desmunicionar el arma. Y portaba una cámara térmica activa y en funcionamiento”, relata el juez en los hechos probados.
Cuando los agentes sorprendieron en la caravana a los furtivos, estos intentaron sobornarles —“Si dejáis de denunciar esto, podéis ganar más”— y, al no funcionar esa estrategia, uno de los acusados dijo que esa caravana abandonada desde hace años era su domicilio y que iban a dormir allí —ataviados con ropa y botas de caza húmedas— y amenazó a los agentes por haberles mandado salir de la caravana.
Luego reconocieron que les habían “pillado”, que estaban esperando para cazar por la mañana, que uno de ellos vivía allí, que tenían permiso para cazar un venado... La versión ha cambiado en varias ocasiones desde el inicio del proceso. Es algo que destaca el magistrado en varias ocasiones, la “incongruencia e inconsistencia” de las declaraciones de ambos acusados.
También dijo que él podría conseguir unos permisos que le entregaría la titular del coto cuando hablase con ella. Les dijo que se podía arreglar “con dinero o sin dinero…”, porque lo podía arreglar, ya que tenía contactos y conseguiría una autorización de la titular del coto, porque la conocía.
Indicios de falsear un documento oficial
En junio de 2021, uno de los acusados presentó en el Juzgado de Instrucción una foto del precinto y un documento que autorizaba para la caza de ejemplares de ciervo en ese coto privado perteneciente a la Junta Vecinal de Cubillo de Castrejón. La titular del coto dijo a la Guardia Civil que no había ninguna autorización para cazar en esas fechas, pero la autorización de la caza que presentó uno de los furtivos estaba fechado en noviembre de 2020.
Sin embargo, estos documentos no existían en el momento de los hechos, por lo que el juez de lo penal ha considerado que hay indicios de que el acusado y el testigo pudieron haber cometido un delito de falsedad de documento oficial, asunto que llevará el Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga. Se ha acordado deducir un testimonio de particulares para su emisión a los Juzgados.