Absuelto un joven al que Fiscalía pedía 8 años de cárcel porque no estaba en el altercado del que se le acusaba

No ocurre todos los días que el presidente de un partido político arrope a las puertas del juzgado a un acusado de sus juventudes; que después durante el juicio el gobierno del que forma parte su formación le pida una pena de medio año de cárcel; y que como colofón en la misma vista el otro procesado quede absuelto. Este cóctel político–judicial es el que se ha vivido este lunes en la Audiencia de Barcelona en el juicio contra dos jóvenes acusados de desórdenes públicos y de agredir a dos mossos durante una huelga general independentista de 2019.

La prensa, incluido este diario, no ha podido seguir todo el juicio porque el tribunal no ha permitido el acceso de periodistas a la sala de vistas para cumplir con las medidas contra la COVID-19. Además la retransmisión ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha sufrido varios problemas técnicos que han impedido seguir el conjunto de la sesión.

En la parte jurídica del caso, lo más relevante es lo que ha ocurrido a pocos minutos de finalizar la sesión. El tribunal de la sección 6a de la Audiencia de Barcelona ha dictado la absolución 'in voce', a viva voz, de uno de los dos acusados –algo poco frecuente– ante el error cometido por la Fiscalía. El Ministerio Público le reclamaba ocho años de prisión por bajar a las vías de la estación de plaza Catalunya e interrumpir la circulación de trenes, algo que en realidad nunca ocurrió.

“Es evidente que usted no ha tenido ninguna participación en los hechos objeto de acusación”, ha constatado el presidente del tribunal, el magistrado José Manuel del Amo. Además de ocupar las vías, el Ministerio Público acusaba al joven de lanzar a los Mossos “todo tipo de objetos”, sin mayor precisión. Sin embargo ninguno de los agentes que han testificado en el juicio lo ha podido situar en la estación de plaza Catalunya.

Tampoco ha aparecido el joven en las imágenes de las cámaras de seguridad. El motivo, tal y como ha declarado el propio acusado, es que no llegó a bajar a la estación porque se fue a casa antes, una vez finalizada la manifestación con motivo de la huelga independentista del 21 de febrero de 2019. Ante tal desierto de pruebas, la fiscal se ha visto obligado a retirar la acusación, y el tribunal ha dictado la absolución.

El origen de la acusación finalmente retirada contra el joven es un atestado de los Mossos d'Esquadra. En base a imágenes de distintas protestas la policía catalana acusaba de organización criminal a varios jóvenes por disturbios en sucesivas manifestaciones. Sin embargo el juez descartó el delito y ordenó investigar cada altercado por separado.

El otro acusado sí tendrá que esperar al dictado de la sentencia para conocer si termina en la cárcel. Se trata de Pol Serena, militante de las juventudes de ERC, al que la Fiscalía pide la pena de ocho años de prisión por desórdenes, atentado a los agentes y lesiones leves, mientras que la Generalitat la rebaja a seis meses de cárcel por un solo delito de atentado y le reclama una indemnización de 113,77 euros por cada uno de los dos agentes a los que lanzó sendas botellas de plástico vacías. Ninguno de ellos precisó de baja médica y lo máximo que le ocurrió a uno de ellos fue un tirón en el abductor al esquivar la botella, según ha testificado el agente.

Arropado por Junqueras

Serena ha acudido al Palacio de Justicia de Barcelona arropado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la portavoz del partido, Marta Vilalta, y la exconsellera de Salud y nueva vicepresidenta del Parlament, Marta Vergés. También han acudido varios diputados de Junts y de la CUP. Tres horas después, Serena escuchaba cómo la abogada del Govern del que forman parte ERC y Junts –y cuyo president, Pere Aragonès, fue investido gracias a un pacto con la CUP– le pedía seis meses de cárcel por un “atentado básico” contra los agentes de la autoridad.

El caso de Serena vuelve a demostrar la contradicción del Govern de ERC y Junts, que por ley está obligado a acusar a los presuntos causantes de las lesiones de funcionarios y de pedir pena de cárcel a los independentistas a los que ha pedido previamente movilizarse en las protestas por el procés. A ello se le suma que pacto entre CUP y ERC para la investidura de Aragonès incluía la retirada de la Generalitat de las acusaciones contra independentistas.

Pese a que fuera de los juzgados Serena ha acusado a los policías de mentir, en su declaración como acusado ha corroborado la versión policial y ha admitido que lanzó dos botellas de plástico vacías a los agentes porque, según ha alegado, se encontraron con que los antidisturbios les habían encapsulado en el vestíbulo de la estación y quería “salir de allí”. “Se tiene que entender que fue un acto de defensa, sin intención de hacer daño”, ha implorado Serena a los jueces.

Será pues el tribunal el que en su sentencia resuelva definitivamente un caso en el que acusaciones y defensas están de acuerdo en el hecho esencial –el lanzamiento de dos botellas de plástico a la policía– pero discrepan enormemente en su calificación jurídica: para la Fiscalía, en línea con sus severas peticiones de cárcel contra acusados en protestas, la acción merece ocho años de cárcel; para la Generalitat, medio año; y para la defensa la libre absolución al no ver delito alguno.