La Atención Primaria levanta la voz contra la precariedad y reclama medios para afrontar la nueva fase de la epidemia

Los profesionales de la Atención Primaria en Catalunya han dicho basta. Tras compartir el foco de la crisis sanitaria con los hospitales, los ambulatorios advierten de que su carga de trabajo, que desde hace años consideran excesiva, se ha disparado durante la desescalada. A las ya adicionales tareas asistenciales en residencias de gente mayor se han sumado las de detección de casos de COVID-19. Todo ello ha incrementado la presión sobre médicos de familia y enfermeras sin que se hayan incorporado los refuerzos necesarios, según los profesionales del sector. Y de ahí su malestar.

Desde los sindicatos, entre ellos el mayoritario Metges de Catalunya, hasta colectivos de profesionales como Rebel·lió Atenció Primària o el Fòrum Català d'Atenció Primària (FOCAP) han denunciado la precariedad creciente en los sanitarios de este sector.

La chispa que prendió su indignación fue la externalización del rastreo de casos de COVID-19 a la empresa Ferrovial, con un contrato de hasta 17 millones –que el departamento de Salut se ha comprometido a revertir–, pero su lista de exigencias va más allá: desde la recuperación del 5% del salario perdido durante la anterior crisis a la incorporación de nuevos profesionales, pasando por la reducción de los contratos temporales o la descarga de la gestión de las bajas laborales por COVID-19.

“Aparte de nuestro trabajo habitual y de todos los pacientes con patologías crónicas que no hemos podido atender durante meses, ahora se le suman los test PCR y todas las citas a cualquier paciente con sintomatología de COVID-19”, apunta Marta Trencs, médica de familia en el ambulatorio Passeig Sant Joan de Barcelona. “También nos estamos encargando del estudio de contactos de estos pacientes con coronavirus, la verdad es que vamos desbordados”.

Hasta la fecha, lo único que saben los casi 20.000 sanitarios de Atención Primaria del Institut Català de la Salut (el ente público que gestiona más del 80% de los equipamientos) es que la consellera, Alba Vergés, anunció 430 incorporaciones de cara al verano. Sobre todo, para hacer frente al aumento de pacientes en el litoral catalán y en las residencias. Fuentes de la conselleria no aclaran de momento si ya se ha contratado a alguien.

Tampoco les será fácil. Uno de los problemas que ha tenido la Generalitat en los últimos años ha sido el de encontrar nuevos médicos de familia con los que aliviar la carga asistencial de los actuales. Tras la huelga de finales de 2018, el ICS se comprometió a incorporar 250 facultativos. Al final fueron solo 173 (Metges de Catalunya lo rebaja incluso más), que se compensaron con otros 720 ya contratados que aceptaron aumentar su horario semanal en dos horas y media. En total, la administración estima un aumento del equivalente a 307 profesionales.

“La sensación mayoritaria es de que nos sentimos solos y defraudados con las instituciones”, explica Javier O'Farrill, responsable de Sector Primari de Metges de Catalunya, a partir de una encuesta que están elaborando estos días sobre cómo han vivido los facultativos la gestión de la epidemia.

“Estamos cansados de que nos digan que nos van a compensar económicamente cuando tenemos recortes pendientes de revertir desde hace una década”, resume este médico. Su sindicato, así como CCOO y UGT, se han opuesto a la decisión del Govern de gratificar su sobreesfuerzo con entre 350 y 1.350 euros, una paga que consideran, además, injusta porque establece un mayor reconocimiento a los facultativos que a enfermeras o auxiliares. Según las tablas salariales de 2019, un médico de familia cobra un sueldo base de 1.179 euros que con los complementos asciende a 3.120 euros y una enfermera, una base de 1.020 que sube a un mínimo de 1.928 euros en total.

En un manifiesto, que cuenta ya con más de 1.000 adhesiones, el colectivo Rebel·lió Atenció Primària advierte de la endémica falta de inversión. “Se ha hecho evidente una década de recortes en recursos y en personal, y la persistencia en políticas de gestión sanitaria hechas desde una visión centrada en el hospital y el beneficio económico”, señalan. Tres de cada cinco euros recortados de la sanidad catalana durante la anterior crisis salieron de la Primaria, que supone en estos momentos el 18% del presupuesto total de sanidad, pese a que los expertos señalan que debería ser el 25%.

El colectivo Rebel·lió Atenció Primària sostiene en este sentido que la carga asistencial de los médicos y enfermeras es “incompatible” con una “atención de calidad” a los pacientes. Meritxell Sánchez, presidenta de FOCAP y médico de familia en el CAP Besòs de Barcelona, considera que las plantillas están “infradotadas”, y lamenta que siempre se descarguen tareas sobre estos centros sin pensar en recursos adicionales. En su caso, por ejemplo, dedican una médico de familia a detección de COVID-19 sin que nadie la reemplace. Y tienen la fortuna, añade, de que a su CAP no le corresponde la supervisión de ningún geriátrico.

Rebel·lió Atenció Primària también hace referencia a la asistencia prestada a las residencias desde que el departamento de Salud asumió la gestión de los geriátricos ante la elevada cifra de muertes y contagios entre los ancianos. Sobre este aspecto, el colectivo comparte una carta enviada a la Generalitat y que firman también el Fòrum Català d'Atenció Primària (FOCAP) y una veintena de entidades sociales y vecinales en la que se reclama un cambio de modelo de los geriátricos.

Estos sanitarios exigen que los responsables de la atención sanitaria queden de ahora en adelante en manos de los equipos de Atención Primaria en vez de las mutuas privadas. Para los profesionales el traspaso de competencias debe ir acompañado de los recursos económicos y de personal suficientes para cubrir unas necesidades que también tienen que ver con los cuidados paliativos y la atención psicológica y social de los ancianos. Y piden abandonar el modelo basado en la concertación con entidades privadas, que consideran que ha “mostrado claramente sus insuficiencias y negligencias”.

Protestas por las malas instalaciones

Al descontento en los Centros de Atención Primaria (CAP) se ha sumado la necesidad de disponer de más salas para mantener la distancia de seguridad, un elemento que ha servido para recuperar una petición que viene de lejos: se precisa más espacio en los ambulatorios. Según el llamado pacto de ciudad firmado en 2008 entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, ocho de los CAP de la capital catalana requerían una nueva ubicación.

Tras la pandemia, de momento ya son dos los ambulatorios de la ciudad que han iniciado protestas y exigen un cambio de ubicación o la ampliación de las actuales dependencias, tal y como les han prometido durante los últimos años. El faro de estos centros que pelean para tener más espacio es el CAP Raval Nord, que recientemente logró que le asignaran un nuevo recinto tras casi dos años de lucha conjunta de los profesionales y usuarios.

Los usuarios y trabajadores del CAP Passeig Sant Joan, en el barrio del Fort Pienc, han constituido una plataforma para reclamar el nuevo espacio que les prometieron y desde el lunes cortan el tráfico cada día a las 14h. para visibilizar su protesta.

Los profesionales se quejan de que muchos facultativos no tienen ni una consulta y deben atender por teléfono a los pacientes desde algún despacho. Cuando alguno requiere una visita presencial, acuden a un compañero para que les deje la consulta para realizarla. “Cuando todos vuelvan de vacaciones, algunos no tendrán ni siquiera un sitio donde sentarse con un teléfono y un ordenador”, explica Marta Trencs, médica de familia del ambulatorio Passeig Sant Joan. “Si hay un rebrote en octubre o noviembre, sinceramente no sabemos cómo lo vamos a afrontar”.

También en el CAP Gòtic han alzado la voz para que la administración cumpla con su compromiso de dotar a estos equipamientos del espacio necesario. Según explicaba hace unos días Oriol Rebagliato, adjunto a la dirección de este CAP, se necesita el triple de espacio del que disponen actualmente para poder atender con garantías a todos los pacientes. Mientras no se encuentre una opción definitiva, sus trabajadores piden que se instalen módulos provisionales en la plaza que queda frente al ambulatorio, una solución que también plantean los empleados del CAP Passeig Sant Joan.